A indemnizar a Su Señoría
Sábado 12 de
Agosto 2017
La Corte Suprema dispuso que una jueza que se accidentó en su trabajo cobre una indemnización integral por el siniestro. El Máximo Tribunal revocó la sentencia que redujo la indemnización de $1 millón a $200.000 debido a que seguia ejerciendo la magistratura. Por el accidente, la magistrada tuvo que afrontar un pedido de jury
Tras años de litigio, finalmente la jueza Stella Maris Ontiveros será indemnizada por el accidente de trabajo que sufrió en su despacho: La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que le bajó la indemnización de $1 millón a $200.000 porque Ontiveros se siguió desempeñando como jueza después del infortunio.
Por la mayoríoa integrada por los supremos Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la disidecia parcial de Carlos Rosenkrantz y la disidencia total de Elena Highton de Nolasco, el Máximo Tribunal hizo lugar al recurso deducido por la accionante en autos “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. Y otros s/ accidente - inc. y cas.",por considerar que el fallo era arbitrario
“Es irrazonable que el a quo haya hecho un marcado hincapié en el grado parcial de incapacidad determinado por el peritaje médico a la hora de establecer la cuantía del resarcimiento de los únicos daños materiales que tuvo en cuenta, es decir, aquellos que son ajenos a la pérdida de la aptitud para realizar actividades productivas”, coincidieron los ministros de la Corte.
Es que la Corte de Mendoza, al fundamentar la condena, incluso reconoció como motivos relevantes para calcular la indemnización "la edad que tenía la actora al tiempo de los hechos, 48 años” y que registraba una amplia actividad social que se vio disminuida después del accidente, así como también su capacidad para realizar los deportes [que] practicaba, tales como natación y ski". Los supremos criticaron la adopción de un criterio “injustificadamente restrictivo” que llevó a establecer “resarcimientos insuficientes”.
Tras resaltar la importancia del principio de la reparación integral en materia civil, los jueces Rosatti y Maqueda, en su voto concurrente, aseguraron que la indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica “debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables”.
Conforme este temperamento, este tipo de daño específico se debe indemnizar “aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada”.
“Ello es así pues dicha disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso de que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando”, consignaron los magistrados.
En su voto, Lorenzetti, dijo que era injustificable el argumento de que se debía reducir la indemnización porque la actora se siguió desempeñando como magistrada. “Frente a una incapacidad permanente, el hecho de que ella siga ejerciendo una tarea remunerada no empece a que obtenga la indemnización por las restantes proyecciones nocivas del ilícito”, indicó el Presidente del Máximo Tribunal.
Rosencrantz, por su parte, coincidió en el fondo con el criterio de reducción de la indemmización por el hecho de que la jueza seguia en actividad, aunque discrepó con el monto asignado en la reparación, por lo que también postuló que se revoque el fallo.
En sus fundamentos, el ministro puntualizó que se trata del caso de una magistrada “que goza de estabilidad propia y que continúa desempeñándose en su cargo”. Por lo que “la probabilidad de que tenga que reinsertarse en el mercado es muy escasa”. “Por ende, es legítimo reducir la indemnización si es altamente probable que la actora continúe desempeñándose en el cargo de magistrada en los años por venir”, concluyó.
Ontiveros se accidentó en el año 2001 al tropezarse con unos cables en su despacho del Juzgado de Paz n° 8, lo que le provocó fuertes lesiones en su rodilla. No fue hasta 2007 que se reincorporó a la Justicia, por no asistir a su trabajo se pidio su jury de enjuiciamiento porque "resentía el sistema de Justicia".
Por la mayoríoa integrada por los supremos Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la disidecia parcial de Carlos Rosenkrantz y la disidencia total de Elena Highton de Nolasco, el Máximo Tribunal hizo lugar al recurso deducido por la accionante en autos “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. Y otros s/ accidente - inc. y cas.",por considerar que el fallo era arbitrario
“Es irrazonable que el a quo haya hecho un marcado hincapié en el grado parcial de incapacidad determinado por el peritaje médico a la hora de establecer la cuantía del resarcimiento de los únicos daños materiales que tuvo en cuenta, es decir, aquellos que son ajenos a la pérdida de la aptitud para realizar actividades productivas”, coincidieron los ministros de la Corte.
Es que la Corte de Mendoza, al fundamentar la condena, incluso reconoció como motivos relevantes para calcular la indemnización "la edad que tenía la actora al tiempo de los hechos, 48 años” y que registraba una amplia actividad social que se vio disminuida después del accidente, así como también su capacidad para realizar los deportes [que] practicaba, tales como natación y ski". Los supremos criticaron la adopción de un criterio “injustificadamente restrictivo” que llevó a establecer “resarcimientos insuficientes”.
Tras resaltar la importancia del principio de la reparación integral en materia civil, los jueces Rosatti y Maqueda, en su voto concurrente, aseguraron que la indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica “debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables”.
Conforme este temperamento, este tipo de daño específico se debe indemnizar “aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada”.
“Ello es así pues dicha disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso de que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando”, consignaron los magistrados.
En su voto, Lorenzetti, dijo que era injustificable el argumento de que se debía reducir la indemnización porque la actora se siguió desempeñando como magistrada. “Frente a una incapacidad permanente, el hecho de que ella siga ejerciendo una tarea remunerada no empece a que obtenga la indemnización por las restantes proyecciones nocivas del ilícito”, indicó el Presidente del Máximo Tribunal.
Rosencrantz, por su parte, coincidió en el fondo con el criterio de reducción de la indemmización por el hecho de que la jueza seguia en actividad, aunque discrepó con el monto asignado en la reparación, por lo que también postuló que se revoque el fallo.
En sus fundamentos, el ministro puntualizó que se trata del caso de una magistrada “que goza de estabilidad propia y que continúa desempeñándose en su cargo”. Por lo que “la probabilidad de que tenga que reinsertarse en el mercado es muy escasa”. “Por ende, es legítimo reducir la indemnización si es altamente probable que la actora continúe desempeñándose en el cargo de magistrada en los años por venir”, concluyó.
Ontiveros se accidentó en el año 2001 al tropezarse con unos cables en su despacho del Juzgado de Paz n° 8, lo que le provocó fuertes lesiones en su rodilla. No fue hasta 2007 que se reincorporó a la Justicia, por no asistir a su trabajo se pidio su jury de enjuiciamiento porque "resentía el sistema de Justicia".
Con información de
DIARIO JUDICIAL
