De Vido no puede salir del país
Martes 12 de
Septiembre 2017
Además, la justicia dispuso la retención del pasaporte.
El juez federal Luis Rodríguez evitó ordenar la detención de los imputados en la causa por anomalías en la reactivación de la mina de Río Turbio, entre los cuales se destaca el exministro Julio De Vido, pero les prohibió la salida del país y les impuso la obligación de presentarse todos los meses en tribunales mientras dure el proceso.
El miércoles pasado, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña, había planteado que ya no sólo alcanzaba con analizar el peligro de fuga y los riesgos de entorpecer la investigación a la hora de analizar las libertades de los imputados en casos de corrupción, teniendo en cuenta los vínculos que aún pueden tener.
“Sin soslayar los lineamientos del Superior, corresponde advertir que existen otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo en consonancia con lo que indica el art. 280 del Código adjetivo, que salvaguardan de igual forma los fines procesales”, escribió Rodríguez.
Frente a ello, Rodríguez ordenó “la prohibición para salir del país de los enunciados e imponerles la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes”.
Rodríguez dispuso que “deberán hacer entrega en esta sede a mi cargo -en caso de contar con dicho documento- del/los pasaporte/s personales que tuvieren en su poder, los cuales se custodiarán en la misma. Como lógica derivación de ello, también habrá de encomendarse al señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, se abstenga, por intermedio del Registro Nacional correspondiente, de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte por parte de cualquiera de los involucrados”.
Para Rodríguez, “estas medidas permitirán a mi entender neutralizar apropiadamente cualquier indicio de riesgo procesal que pudiera motivarse a raíz de las citaciones aquí ordenadas”.
“Ello, sin mencionar que la complejidad de las maniobras que resultan objeto de investigación, impedirían un adecuado ejercicio del derecho de defensa, en caso de ordenarse las detenciones pretendidas por el titular de la vindicta pública”, agregó.
En otro orden, el juez federal que investiga si se malversaron casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio, amplió el listado a 36 imputados, entre los que están el segundo de De Vido, Roberto Baratta; el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y ex funcionarios de YCRT, como Miguel Larregina y Atanasio Pérez Osuna, algunos de los cuales son funcionarios del gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz.
Las indagatorias, que comienzan el 3 de octubre y cierran el 28 de noviembre con De Vido, se activaron luego de un fallo que dictó el miércoles pasado la Cámara Federal, donde instó a agilizar las citaciones de los imputados y el juez Martín Irurzun llamó a ampliar los parámetros de evaluación a la hora de considerar la excarcelación de un imputado por corrupción.
El 4 de julio pasado el fiscal Stornelli había pedido la indagatoria, desafuero y detención de De Vido y el arresto de otra veintena, pero el juez Rodríguez entendió que no había elementos para llamarlos a declarar y, tras imponer el secreto de sumario en la causa, dispuso que se realizara una batería de medidas de prueba en base a más información.
La decisión del juez Rodríguez se conoció cinco días después de que la Cámara Federal porteña le ordenara que revise su decisión de no citar a indagatoria al ex ministro kirchnerista. La Sala II de la Cámara Federal porteña también le había ordenado que evalúe si corresponden detenciones en el caso y revocó la exención de prisión del ex subsecretario de Coordinación Baratta. “Existen otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo (...) que salvaguardan de igual forma los fines procesales”, respondió Rodríguez, quien afirmó que se “adoptarán las medidas necesarias” para el correcto desarrollo de la causa.
“Sin soslayar los lineamientos del Superior, corresponde advertir que existen otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo en consonancia con lo que indica el art. 280 del Código adjetivo, que salvaguardan de igual forma los fines procesales”, escribió Rodríguez.
Frente a ello, Rodríguez ordenó “la prohibición para salir del país de los enunciados e imponerles la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes”.
Rodríguez dispuso que “deberán hacer entrega en esta sede a mi cargo -en caso de contar con dicho documento- del/los pasaporte/s personales que tuvieren en su poder, los cuales se custodiarán en la misma. Como lógica derivación de ello, también habrá de encomendarse al señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, se abstenga, por intermedio del Registro Nacional correspondiente, de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte por parte de cualquiera de los involucrados”.
Para Rodríguez, “estas medidas permitirán a mi entender neutralizar apropiadamente cualquier indicio de riesgo procesal que pudiera motivarse a raíz de las citaciones aquí ordenadas”.
“Ello, sin mencionar que la complejidad de las maniobras que resultan objeto de investigación, impedirían un adecuado ejercicio del derecho de defensa, en caso de ordenarse las detenciones pretendidas por el titular de la vindicta pública”, agregó.
En otro orden, el juez federal que investiga si se malversaron casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio, amplió el listado a 36 imputados, entre los que están el segundo de De Vido, Roberto Baratta; el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y ex funcionarios de YCRT, como Miguel Larregina y Atanasio Pérez Osuna, algunos de los cuales son funcionarios del gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz.
Las indagatorias, que comienzan el 3 de octubre y cierran el 28 de noviembre con De Vido, se activaron luego de un fallo que dictó el miércoles pasado la Cámara Federal, donde instó a agilizar las citaciones de los imputados y el juez Martín Irurzun llamó a ampliar los parámetros de evaluación a la hora de considerar la excarcelación de un imputado por corrupción.
El 4 de julio pasado el fiscal Stornelli había pedido la indagatoria, desafuero y detención de De Vido y el arresto de otra veintena, pero el juez Rodríguez entendió que no había elementos para llamarlos a declarar y, tras imponer el secreto de sumario en la causa, dispuso que se realizara una batería de medidas de prueba en base a más información.
La decisión del juez Rodríguez se conoció cinco días después de que la Cámara Federal porteña le ordenara que revise su decisión de no citar a indagatoria al ex ministro kirchnerista. La Sala II de la Cámara Federal porteña también le había ordenado que evalúe si corresponden detenciones en el caso y revocó la exención de prisión del ex subsecretario de Coordinación Baratta. “Existen otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo (...) que salvaguardan de igual forma los fines procesales”, respondió Rodríguez, quien afirmó que se “adoptarán las medidas necesarias” para el correcto desarrollo de la causa.
Con información de
ellitoral
El gobierno firmó convenios con municipios y comunas para la construcción de 1000 nuevas aulas con mejor tecnología y comodidades para los alumnos.
— 𝗠𝗮𝘅𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@MaxiRomero22) April 25, 2024
La inversión se realizará supuestamente en el marco del #PlanAbreEscuelas.
NO HUBO REPRESENTACIÓN DOCENTE INVITADA AL EVENTO. Como… pic.twitter.com/eDR3dKEv3V
