Unas 12.000 personas dependen de un subsidio para no vivir en las calles de la Ciudad de Buenos Aires
Por:
María Aguirre
Domingo 17 de
Septiembre 2017
Reciben hasta 4000 pesos por mes de ayuda estatal para cubrir el pago de un alquiler de habitaciones en casas u hoteles.
Unas 12.000 personas dependen de un subsidio habitacional que otorga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para alquilar un cuarto de hotel o de una casa, pero para ellas el riesgo de volver a la calle está latente y atado a la voluntad de hoteleros muchas veces indiferentes a los tiempos de trámites y de pagos de las ayudas económicas y que amontonan inquilinos en espacios que funcionan aun con orden de clausura.
Para el gobierno porteño, unas 1.000 personas están en situación de calle en la Ciudad, según datos de un relevamiento de este año, pero la cifra contrasta con un censo de organizaciones sociales que registró seis veces ese número y contó 5.872 personas sin techo, número que incluye -a diferencia del informe oficial- a quienes duermen en 19 paradores y hogares conveniados.
El Consejo de Organizaciones Sociales, conformado por 40 agrupaciones que trabajan en la órbita de la Defensoría del Pueblo porteña, realizó el censo en julio, en un trabajo que contó con el aporte de representantes del Ministerio Público de la Defensa, de la Auditoría General de la Ciudad, del equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA y de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, entre otras instituciones, además del colectivo Proyecto 7 y el Movimiento Evita y Barrios de Pie.
"Quienes llegan a la calle por un problema de falta de ingresos sufren un agravamiento de su situación general porque la calle empeora todo y suma nuevas dificultades, como recuperar documentos perdidos, recibir atención médica o lograr que los chicos sean aceptados en los colegios. Todas esas trabas son violencia institucional", dijo a Télam el titular del Consejo de Organizaciones Sociales, Roberto Baigorria.
El informe que acompañó al censo del Consejo detectó 6.800 beneficiarios de subsidios habitacionales y 5.430 personas amparadas judicialmente por estar en riesgo de calle, tras haberse cumplido el plazo de ayuda económica estatal de 12 meses renovable.
Los subsidiados, que reciben hasta 4.000 pesos por mes de ayuda estatal para cubrir el pago de un alquiler de habitaciones en casas u hoteles, sufren "inestabilidad habitacional porque los depósitos llegan generalmente mucho tiempo después de la fecha de pago o porque el monto asignado no cubre el precio fijado por los hoteles" y eso obliga a las familias a tener que "alternar" la calle "efectiva" con esos alquileres precarios, sostuvo el informe.
El gobierno porteño trabaja para optimizar el proceso formal de asignación de subsidios y resalta como un logro de gestión el aumento a los actuales 4.000 pesos desde 1.800 en el importe de la ayuda mensual para personas con grave vulnerabilidad habitacional. El monto no se actualizaba desde el 2013, informó la subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley de Protección de personas en riesgo y en situación de calle votada en 2010 considera en esa situación a mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas (internadas en psiquiátricos, en hogaroes para menores sin control parental o bajo control de otros organismos estatales) o alojadas en hoteles.
"La mayoría de la gente que puede salir de la calle no tiene otra opción que ir a un hotel porque carece de trabajo formal y nadie le va a salir de garante; los dueños de los hoteles saben eso y saben también que la ciudad depende de alguna manera de ellos, es un sistema perverso", afimó a Télam Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones.
El subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del gobierno porteño, Maximiliano Corach, aseguró que la ciudad cuenta con camas suficientes en paradores y hogares para todas las personas que están a la intemperie y consideró que las diferencias expuestas en los dos censos realizados sobre esa población vulnerable responden a la aplicación de "distintas metodologías".
"Nosotros contabilizamos a la gente que concretamente vive en la calle", explicó el funcionario en una entrevista con Télam.
Corach y el titular de la Dirección General de Atención Inmediata de la ciudad, Federico Crespo, remarcaron que el objetivo principal del gobierno es "establecer un vínculo y recuperar la confianza" de las personas sin techo para que acepten dejar la calle e ingresen al sistema de paradores y hogares, desde donde son estimulados para recuperar hábitos sanos y desarrollar oficios y proyectos de vida.
Sin embargo, no hay estadísticas oficiales sobre cuántas personas se alojan en sistemas transitorios, que para el Consejo son casi 1.500, en un universo más amplio de 20.000 que incluye a quienes están en condiciones de egresar del sistema penal o de psiquiátricos, a los beneficiarios de subsidios habitacionales y de amparos judiciales, y a las familias incluidas temporalmente en hoteles o pensiones.
"El problema está en la magnitud y en el enfoque; los derechos no los garantiza el mercado sino un Estado que quiere garantizarlos; no es imposible una solución, pero no surge de forma espontánea y mucho menos en una economía que genera expulsión de trabajo; el modelo por sí mismo no va a sacar personas de la calle", reflexionó Baigorria.
La caída en los niveles de empleo formal y "la falta de políticas orientadas a generar servicios públicos de salud, educación y hábitat de calidad para los sectores más pobres, hizo que creciera la marginalidad en todas las grandes ciudades del país", según afirmó Agustín Salvia al presentar este año el informe sobre pobreza del 2016 del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Ese estudio reveló que en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, el gran Rosario, gran Mendoza, gran Tucumán y en otros centros urbanos de más de 80.000 habitantes, un 18,7 por ciento de la población no tiene una vivienda digna.
Además, la última Encuesta Anual de Hogares (2015) del gobierno porteño determinó que casi el 5 por ciento de las viviendas son piezas alquiladas por día o mensualmente.
Una investigación realizada el año pasado por la Asesoría Tutelar ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la capital demostró que 40 hoteles de la ciudad -de 150 relevados- funcionan aún estando clausurados, e incluso, una decena de ellos cargan con órdenes de desalojo por el deterioro y las irregularidades que presentan.
El asesor tutelar Moreno juzgó que "está fragmentada la mirada" hacia esos sectores vulnerables y consideró que la solución pasa por articular políticas entre el Ministerio de Hábitat y el Instituto de la Vivienda.
"Los gobiernos porteños de (Fernando) De la Rúa, (Aníbal) Ibarra, (Jorge) Telerman, (Mauricio) Macri y (Horacio) ahora de Rodríguez Larreta nunca establecieron una política de Estado para las personas en situación de calle", opinó Moreno, quien puso en foco "el desamparo y el riesgo permanente" de quienes están expuestos a una alta vulnerabilidad habitacional.
Pese al aumento del monto del subsidio para familias, a 4.000 pesos, un alquiler puede llegar hasta 7.000 pesos mensuales en un barrio como Constitución por una habitación con baño y cocina compartida, en condiciones extremadamente precarias.
Para acceder al subsidio, además, los aspirantes deben cumplir con una larga lista de requisitos y trámites que frecuentemente demoran el depósito de los 4.000 pesos, por lo que la mayoría de los entrevistados para esta nota dijo que más de una vez debió intercalar un alquiler con la calle.
Documentos, partidas de nacimiento, vacunas, certificados de escolaridad, certificado de asistencia a comedores, referencias de alguna iglesia o de un trabajador social y presupuestos de hoteles son algunas de las demandas para acceder al beneficio.
L. Rossi, alojada junto a sus tres hijas en el Hogar 26 de Julio; Isabel Tor, ex habitante de una plaza y actual empleada del gobierno porteño; Sergio, con una breve estadía en el Parador Bepo Ghezzi; Jesús, que durmió en el Parador Retiro, y otras personas en situación de calle, consultadas por Télam, coincidieron en que las políticas públicas existentes no facilitan una salida de la calle.
Para el gobierno porteño, unas 1.000 personas están en situación de calle en la Ciudad, según datos de un relevamiento de este año, pero la cifra contrasta con un censo de organizaciones sociales que registró seis veces ese número y contó 5.872 personas sin techo, número que incluye -a diferencia del informe oficial- a quienes duermen en 19 paradores y hogares conveniados.
El Consejo de Organizaciones Sociales, conformado por 40 agrupaciones que trabajan en la órbita de la Defensoría del Pueblo porteña, realizó el censo en julio, en un trabajo que contó con el aporte de representantes del Ministerio Público de la Defensa, de la Auditoría General de la Ciudad, del equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA y de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, entre otras instituciones, además del colectivo Proyecto 7 y el Movimiento Evita y Barrios de Pie.
"Quienes llegan a la calle por un problema de falta de ingresos sufren un agravamiento de su situación general porque la calle empeora todo y suma nuevas dificultades, como recuperar documentos perdidos, recibir atención médica o lograr que los chicos sean aceptados en los colegios. Todas esas trabas son violencia institucional", dijo a Télam el titular del Consejo de Organizaciones Sociales, Roberto Baigorria.
El informe que acompañó al censo del Consejo detectó 6.800 beneficiarios de subsidios habitacionales y 5.430 personas amparadas judicialmente por estar en riesgo de calle, tras haberse cumplido el plazo de ayuda económica estatal de 12 meses renovable.
Los subsidiados, que reciben hasta 4.000 pesos por mes de ayuda estatal para cubrir el pago de un alquiler de habitaciones en casas u hoteles, sufren "inestabilidad habitacional porque los depósitos llegan generalmente mucho tiempo después de la fecha de pago o porque el monto asignado no cubre el precio fijado por los hoteles" y eso obliga a las familias a tener que "alternar" la calle "efectiva" con esos alquileres precarios, sostuvo el informe.
El gobierno porteño trabaja para optimizar el proceso formal de asignación de subsidios y resalta como un logro de gestión el aumento a los actuales 4.000 pesos desde 1.800 en el importe de la ayuda mensual para personas con grave vulnerabilidad habitacional. El monto no se actualizaba desde el 2013, informó la subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley de Protección de personas en riesgo y en situación de calle votada en 2010 considera en esa situación a mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas (internadas en psiquiátricos, en hogaroes para menores sin control parental o bajo control de otros organismos estatales) o alojadas en hoteles.
"La mayoría de la gente que puede salir de la calle no tiene otra opción que ir a un hotel porque carece de trabajo formal y nadie le va a salir de garante; los dueños de los hoteles saben eso y saben también que la ciudad depende de alguna manera de ellos, es un sistema perverso", afimó a Télam Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones.
El subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del gobierno porteño, Maximiliano Corach, aseguró que la ciudad cuenta con camas suficientes en paradores y hogares para todas las personas que están a la intemperie y consideró que las diferencias expuestas en los dos censos realizados sobre esa población vulnerable responden a la aplicación de "distintas metodologías".
"Nosotros contabilizamos a la gente que concretamente vive en la calle", explicó el funcionario en una entrevista con Télam.
Corach y el titular de la Dirección General de Atención Inmediata de la ciudad, Federico Crespo, remarcaron que el objetivo principal del gobierno es "establecer un vínculo y recuperar la confianza" de las personas sin techo para que acepten dejar la calle e ingresen al sistema de paradores y hogares, desde donde son estimulados para recuperar hábitos sanos y desarrollar oficios y proyectos de vida.
Sin embargo, no hay estadísticas oficiales sobre cuántas personas se alojan en sistemas transitorios, que para el Consejo son casi 1.500, en un universo más amplio de 20.000 que incluye a quienes están en condiciones de egresar del sistema penal o de psiquiátricos, a los beneficiarios de subsidios habitacionales y de amparos judiciales, y a las familias incluidas temporalmente en hoteles o pensiones.
"El problema está en la magnitud y en el enfoque; los derechos no los garantiza el mercado sino un Estado que quiere garantizarlos; no es imposible una solución, pero no surge de forma espontánea y mucho menos en una economía que genera expulsión de trabajo; el modelo por sí mismo no va a sacar personas de la calle", reflexionó Baigorria.
La caída en los niveles de empleo formal y "la falta de políticas orientadas a generar servicios públicos de salud, educación y hábitat de calidad para los sectores más pobres, hizo que creciera la marginalidad en todas las grandes ciudades del país", según afirmó Agustín Salvia al presentar este año el informe sobre pobreza del 2016 del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Ese estudio reveló que en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, el gran Rosario, gran Mendoza, gran Tucumán y en otros centros urbanos de más de 80.000 habitantes, un 18,7 por ciento de la población no tiene una vivienda digna.
Además, la última Encuesta Anual de Hogares (2015) del gobierno porteño determinó que casi el 5 por ciento de las viviendas son piezas alquiladas por día o mensualmente.
Una investigación realizada el año pasado por la Asesoría Tutelar ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la capital demostró que 40 hoteles de la ciudad -de 150 relevados- funcionan aún estando clausurados, e incluso, una decena de ellos cargan con órdenes de desalojo por el deterioro y las irregularidades que presentan.
El asesor tutelar Moreno juzgó que "está fragmentada la mirada" hacia esos sectores vulnerables y consideró que la solución pasa por articular políticas entre el Ministerio de Hábitat y el Instituto de la Vivienda.
"Los gobiernos porteños de (Fernando) De la Rúa, (Aníbal) Ibarra, (Jorge) Telerman, (Mauricio) Macri y (Horacio) ahora de Rodríguez Larreta nunca establecieron una política de Estado para las personas en situación de calle", opinó Moreno, quien puso en foco "el desamparo y el riesgo permanente" de quienes están expuestos a una alta vulnerabilidad habitacional.
Pese al aumento del monto del subsidio para familias, a 4.000 pesos, un alquiler puede llegar hasta 7.000 pesos mensuales en un barrio como Constitución por una habitación con baño y cocina compartida, en condiciones extremadamente precarias.
Para acceder al subsidio, además, los aspirantes deben cumplir con una larga lista de requisitos y trámites que frecuentemente demoran el depósito de los 4.000 pesos, por lo que la mayoría de los entrevistados para esta nota dijo que más de una vez debió intercalar un alquiler con la calle.
Documentos, partidas de nacimiento, vacunas, certificados de escolaridad, certificado de asistencia a comedores, referencias de alguna iglesia o de un trabajador social y presupuestos de hoteles son algunas de las demandas para acceder al beneficio.
L. Rossi, alojada junto a sus tres hijas en el Hogar 26 de Julio; Isabel Tor, ex habitante de una plaza y actual empleada del gobierno porteño; Sergio, con una breve estadía en el Parador Bepo Ghezzi; Jesús, que durmió en el Parador Retiro, y otras personas en situación de calle, consultadas por Télam, coincidieron en que las políticas públicas existentes no facilitan una salida de la calle.
Con información de
telam
#MarchaFederalUniversitaria pic.twitter.com/81qEdjGIKF
— Nota22.com (@NOTA22COM) April 23, 2024
