Amenazas de bomba en Santa Fe: una millonaria broma para el Estado

Escuelas, en el foco de atención

De acuerdo a los datos a los que estuvo acceso El Litoral, en lo que va del año la Central de Emergencias 911 recibió 99 avisos de bomba a escuelas, sólo en la capital provincial.

A estos números se le deben sumar las amenazas a otros organismos no educativos como las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía, la Maternidad del Hospital Iturraspe, las oficinas comerciales de Cablevisión y un té bingo en un salón de eventos de la Av. Facundo Zuviría; que de igual manera requirieron de un despliegue especial de las fuerzas del orden.

La “alquilaron”

Del total de amenazas, la escuela Almirante Brown es el establecimiento más “elegido” con 30 alertas en lo que va de este 2017 (datos recabados hasta el 19 de septiembre). Otro establecimiento dentro de los preferidos por estos bromistas de mal gusto es la Escuela de Enseñanza Técnica el n° 480 Manuel Belgrano con 12 llamados; luego le sigue la n° 478 Nicolás Avellaneda con ocho comunicaciones.

Operativos e investigación

Concretado el intimidante llamado telefónico, las fuerzas de seguridad implementan un protocolo de actuación que consiste en la concurrencia de personal especializado en explosivos y el inmediato desalojo de todo el personal de la institución (docente y alumnado). Posteriormente, se hacen tareas de verificación del inmueble que demanda entre una y dos horas. Cabe señalar que de los operativos también participan agentes policiales de la Comisaría de jurisdicción, bomberos y la Agrupación Cuerpos, entre otros. Una vez confirmada la falsedad de la denuncia, toma cartas en el asunto la Policía de Investigaciones de Santa Fe para determinar el origen de la comunicación y la persona responsable de la misma.

En diálogo con El Litoral, Mario Monzón (Jefe de la PDI) explicó que desde un primer momento se pone en conocimiento a la Fiscalía, que dispuso que el Dr. Apullán sea el fiscal encargado de este tipo de casos. “Nuestro trabajo se basa en pedido de informes a la empresas de telefonía celular y fija. Cuando el llamado es directo al 911 queda registrado el número. La tarea es determinar la titularidad de la línea, si son mayores o menores lo confirmamos en el avance de la investigación”, señaló Monzón. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, los autores de los llamados son menores de edad, adolescentes de entre 13 y 17 años. Por ende, se la da intervención a la Justicia de Menores.

“Se le forma causa al menor en el caso que sea imputable (16-17 años) por el delito de ‘Intimidación publica’ que tiene una condena de entre dos a seis años de prisión, según el Artículo 211 del Código Penal”, explicó el Jefe de la PDI. Al mismo tiempo, Monzón aseguró que “en la mayoría de los casos se termina sabiendo quién es el responsable. Más allá que los chicos tengan chips comprados en un kiosco, con el Imei del teléfono celular se puede detectar el origen de la llamada”.

Finalmente, el Jefe de la PDI reconoció que es un “trabajo que lleva tiempo, porque hay que entrecruzar datos y revisar cámaras de seguridad; todo por una broma”.

Sanciones

Entrevistada por El Litoral, la ministra de Educación Claudia Balagué explicó que se ha logrado un trabajo articulado entre la cartera que ella encabeza y los Ministerios de Seguridad y de Justicia provincial para darle a esta problemática un abordaje más general.

En este sentido, la funcionaria explicó que se elaboraron dos tipos de sanciones dentro del ámbito de la escuela. “Nos reunimos con las escuelas que sufrieron amenazas (en las ciudades de Santa Fe y Rosario) y acordamos para los chicos una especie de trabajo comunitario: de reparación de la escuela, de ayudar a compañeros en contraturnos y otras propuestas que surgieron de las mismas escuelas y las vamos a apoyar”, señaló Balagué.

Por otra parte, la ministra aseguró: “Vamos a trabajar con el Ministerio de Seguridad para elaborar una demanda civil que es la que requiere un resarcimiento económico”.

Al ser consultada por las razones o motivos que tienen quienes realizan estas bromas de mal gusto, Balagué sentenció: “Fue un efecto contagio. Suele pasar por cuestiones que se transmite entre los propios estudiantes por redes sociales y los medios de comunicación”. Finalmente, agregó: “Por otro lado, la no conciencia de no saber que todo implica movilizar fuerzas de seguridad, de bomberos y especialistas. Dejan de ser una broma cuando adquieren cierta magnitud”.