SANTA FE
Por fraude juzgan a un ingeniero y su abogado
Miércoles 11 de
Octubre 2017
Un ingeniero y un abogado de Buenos Aires están siendo juzgados desde este martes, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, acusados de haber cometido fraude contra el Estado nacional, al haber logrado el pago de bonos públicos en default, gracias a un amparo en el que luego se constató la introducción de datos falsos.
El juicio comenzó ayer con los alegatos de apertura del fiscal general Martín Suárez Faisal, quien acusó a los profesionales de haber logrado el cobro de bonos adquiridos al Estado nacional -Bocon- a mediados de 2003 por un valor U$S 167.000, salteando leyes, resoluciones y decretos dispuestos como consecuencia de la crisis de 2001.
El tribunal que preside el Dr. Luciano Homero Lauría, junto con sus pares María Ivón Vella y José María Escobar Cello, deberá analizar si los imputados Miguel Ángel Dubarry (71) y Carlos Mario Clerc (68) cometieron delito tras haber introducido un recurso de amparo ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, al cual dio curso el juez Reinaldo Rodríguez el 22 de octubre de 2004.
En el amparo, el ingeniero Dubarry, asesorado por el Dr. Clerc, introdujo en el reclamo de pago por “necesidad y urgencia”, como cotitular de la cuenta, a su suegro de entonces 91 años de edad -que luego falleció-. Además, se constató que el domicilio legal fijado en la ciudad de Rafaela -para ser comprendidos por la jurisdicción-, era un terreno baldío.
Como resultado del planteo legal, el 25 de marzo del 2005 el Ministerio de Economía de la Nación realizó el deposito de $ 649.023 -con la cotización del dólar de la época- en favor de Dubarry y su suegro; dinero que fue retirado ese mismo día por el titular de la cuenta.
No obstante, el 21 de octubre de ese mismo año la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación radicó la denuncia ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe que impulsó la acción.
El Estado le reclamó a Dubarry y a su abogado haber promovido un planteo de inconstitucionalidad de los decretos 471/2002, 316/2002, Ley 25.725, Ley 24.624 y las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003, tendientes a prohibir el pago de bonos públicos en default a su valor nominal en el marco del proceso de pesificación.
La denuncia penal quedó radicada en el juzgado del Dr. Rodríguez, que por haber intervenido en el amparo se apartó y la investigación la instruyó el juez federal Nº 2, Francisco Miño, quien procesó a Dubarry y Clerc por defraudación al Estado. En tanto, fuentes del caso señalaron que se formó un expediente administrativo por el accionar del juez Rodríguez, y que en 2007 recibió un apercibimiento por parte del Consejo de la Magistratura.
El tribunal que preside el Dr. Luciano Homero Lauría, junto con sus pares María Ivón Vella y José María Escobar Cello, deberá analizar si los imputados Miguel Ángel Dubarry (71) y Carlos Mario Clerc (68) cometieron delito tras haber introducido un recurso de amparo ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, al cual dio curso el juez Reinaldo Rodríguez el 22 de octubre de 2004.
En el amparo, el ingeniero Dubarry, asesorado por el Dr. Clerc, introdujo en el reclamo de pago por “necesidad y urgencia”, como cotitular de la cuenta, a su suegro de entonces 91 años de edad -que luego falleció-. Además, se constató que el domicilio legal fijado en la ciudad de Rafaela -para ser comprendidos por la jurisdicción-, era un terreno baldío.
Como resultado del planteo legal, el 25 de marzo del 2005 el Ministerio de Economía de la Nación realizó el deposito de $ 649.023 -con la cotización del dólar de la época- en favor de Dubarry y su suegro; dinero que fue retirado ese mismo día por el titular de la cuenta.
No obstante, el 21 de octubre de ese mismo año la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación radicó la denuncia ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe que impulsó la acción.
El Estado le reclamó a Dubarry y a su abogado haber promovido un planteo de inconstitucionalidad de los decretos 471/2002, 316/2002, Ley 25.725, Ley 24.624 y las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003, tendientes a prohibir el pago de bonos públicos en default a su valor nominal en el marco del proceso de pesificación.
La denuncia penal quedó radicada en el juzgado del Dr. Rodríguez, que por haber intervenido en el amparo se apartó y la investigación la instruyó el juez federal Nº 2, Francisco Miño, quien procesó a Dubarry y Clerc por defraudación al Estado. En tanto, fuentes del caso señalaron que se formó un expediente administrativo por el accionar del juez Rodríguez, y que en 2007 recibió un apercibimiento por parte del Consejo de la Magistratura.
Con información de
El Litoral
