El Papa endurece las penas contra la pederastia y el blanqueo de dinero
Jueves 11 de
Julio 2013
Francisco cambia con un 'motu proprio' la norma jurídica del Estado de la Ciudad del Vaticano
El papa Francisco tiene prisa. Sus reformas se producen a un ritmo jamás visto en la Iglesia. La última decisión ha sido la de cambiar mediante un motu proprio —un documento que solo pueden emitir los papas— el reglamento jurídico del Estado Ciudad del Vaticano. Queda abolida la cadena perpetua, se introducen nuevas figuras criminales relativas a delitos contra la humanidad y, sobre todo, se agravan las penas para los casos relacionados con abusos de menores y blanqueo de capitales.
El espíritu de la reforma decidida por Jorge Mario Bergoglio es el de adecuar el ordenamiento jurídico del Vaticano a la legislación internacional. La Santa Sede se rige por el Código Zanardelli, que entró en vigor en Italia en 1889 y en el Vaticano en 1929, y que —como se pudo comprobar en el reciente juicio a Paolo Gabriele, el mayordomo de Benedicto XVI condenado por el robo de documentos— presenta importantes lagunas. Según el Papa, "es necesario que la comunidad internacional adopte instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la delincuencia, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal".
La reforma del papa Francisco supone la continuación de la lucha contra la pederastia en el interior de la Iglesia que ya inició Benedicto XVI. El motu proprio incluye en la legislación vaticana el conjunto de delitos que pueden sufrir los menores: "Venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y actos sexuales con menores".
Estarán sujetos a las nuevas normas todos los funcionarios vaticanos y empleados de la curia, además del nuncio apostólico, el personal diplomático de la Santa Sede y todos los empleados de organismos e instituciones relacionados con el gobierno de la Iglesia.
La decisión del Papa se produce después de que, el pasado lunes, el Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU urgiera por primera vez al Estado de la Ciudad del Vaticano a que diese explicaciones detalladas sobre los abusos sexuales y la violencia cometidos contra niños en el seno de Iglesia católica. El Vaticano tendrá que responder por escrito antes del próximo mes de noviembre a una serie de preguntas elaborados por expertos de la ONU.
Además de la supresión de la cadena perpetua, que se sustituye por penas de 30 a 35 años de prisión, la reforma de Jorge Mario Bergoglio reserva un epígrafe para los delitos de genocidio y apartheid en consonancia con lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Además, la nueva legislación permite también a los tribunales de la Santa Sede juzgar "delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la Santa Sede".
"En nuestros tiempos", explica el Papa, "el bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia organizada y transnacional, el uso inapropiado del mercado y de la economía, además de por el terrorismo".
La reforma del papa Francisco supone la continuación de la lucha contra la pederastia en el interior de la Iglesia que ya inició Benedicto XVI. El motu proprio incluye en la legislación vaticana el conjunto de delitos que pueden sufrir los menores: "Venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y actos sexuales con menores".
Estarán sujetos a las nuevas normas todos los funcionarios vaticanos y empleados de la curia, además del nuncio apostólico, el personal diplomático de la Santa Sede y todos los empleados de organismos e instituciones relacionados con el gobierno de la Iglesia.
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Además de la supresión de la cadena perpetua, que se sustituye por penas de 30 a 35 años de prisión, la reforma de Jorge Mario Bergoglio reserva un epígrafe para los delitos de genocidio y apartheid en consonancia con lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Además, la nueva legislación permite también a los tribunales de la Santa Sede juzgar "delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la Santa Sede".
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