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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
El Gobierno busca tener listo en marzo el nuevo Código Penal
Lunes 01 de
Enero 2018
El objetivo es endurecer la sanción de los responsables de corrupción y narcotráfico
El objetivo es endurecer la sanción de los responsables de corrupción y narcotráfico.
El Gobierno espera tener listo en marzo el proyecto de reforma del Código Penal. El miércoles pasado fue la última de las 50 reuniones en el año que supervisó el ministro de Justicia Germán Garavano para avanzar con la reforma.
El juez de Cámara Mariano Borinsky es el encargado a su vez de presidir la comisión para el nuevo código. “El objetivo es facilitar la sanción de los responsables de delitos de corrupción y narcotráfico mediante un aumento de las escalas penales y la incorporación de institutos novedosos, en respuesta a los intereses de la sociedad”, sostuvo el magistrado. La Comisión evalúa la posibilidad de incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas por determinados delitos previstos en el Código Penal.
Las sanciones que podrían preverse para las personas jurídicas son: multa, la suspensión de actividades; del uso de patentes y marcas; la publicación de la sentencia condenatoria a su costa en dos diarios de circulación nacional; la pérdida de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare; o para participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado; y/o la cancelación de la personería jurídica de la persona jurídica.
Se discute además la posibilidad de ampliar los supuestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal-cuando se investigue corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, entre otros delitos.
En el ministerio de Justicia señalan que la idea es que en el primer semestre de 2018 es que se vote el proyecto que el oficialismo presentó en el Senado sobre el código Procesal Penal. Se trata de un régimen acusatorio que empezaría a funcionar primero en el norte del país; luego, el sur; y finalmente en el centro. “Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero vamos en la dirección correcta. Estamos generando transformaciones profundas que no se ven a simple vista pero que nos van a permitir gozar de un Estado de derecho pleno al contar con una Justicia más independiente y más efectiva”, reflexionó Garavano en un balance.
El gobierno ya tiene listo además la ley de responsabilidad penal juvenil, otra de las obsesiones del Ejecutivo y que incluiría para algunos delitos reducir la edad de imputabilidad.
El juez de Cámara Mariano Borinsky es el encargado a su vez de presidir la comisión para el nuevo código. “El objetivo es facilitar la sanción de los responsables de delitos de corrupción y narcotráfico mediante un aumento de las escalas penales y la incorporación de institutos novedosos, en respuesta a los intereses de la sociedad”, sostuvo el magistrado. La Comisión evalúa la posibilidad de incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas por determinados delitos previstos en el Código Penal.
Las sanciones que podrían preverse para las personas jurídicas son: multa, la suspensión de actividades; del uso de patentes y marcas; la publicación de la sentencia condenatoria a su costa en dos diarios de circulación nacional; la pérdida de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare; o para participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado; y/o la cancelación de la personería jurídica de la persona jurídica.
Se discute además la posibilidad de ampliar los supuestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal-cuando se investigue corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, entre otros delitos.
En el ministerio de Justicia señalan que la idea es que en el primer semestre de 2018 es que se vote el proyecto que el oficialismo presentó en el Senado sobre el código Procesal Penal. Se trata de un régimen acusatorio que empezaría a funcionar primero en el norte del país; luego, el sur; y finalmente en el centro. “Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero vamos en la dirección correcta. Estamos generando transformaciones profundas que no se ven a simple vista pero que nos van a permitir gozar de un Estado de derecho pleno al contar con una Justicia más independiente y más efectiva”, reflexionó Garavano en un balance.
El gobierno ya tiene listo además la ley de responsabilidad penal juvenil, otra de las obsesiones del Ejecutivo y que incluiría para algunos delitos reducir la edad de imputabilidad.
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