Renunció el camarista Horacio Cattani y el oficialismo va por otro lugar en Comodoro Py
Una vacante estratégica para el macrismo
Viernes 26 de
Enero 2018
Horacio Cattani, uno de los jueces más respetados de los tribunales de Comodoro Py, dejará formalmente el jueves próximo su cargo en la Cámara Federal porteña que ocupa desde 1987.
Víctima de una larga enfermedad, el magistrado pidió licencia y luego presentó la renuncia, que el Poder Ejecutivo aceptó mediante un decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Cattani cumplió un papel fundamental en la identificación de cientos de desaparecidos enterrados como NN en cementerios municipales durante la dictadura y luego en la apertura de los Juicios por la Verdad, la grieta que a mediados de los 90 permitió al movimiento de derechos humanos resquebrajar la impunidad de los genocidas. La renuncia del camarista de la Sala II, que compartía con Martín Irurzun y Eduardo Farah, genera una nueva vacante en un tribunal estratégico para el gobierno de Mauricio Macri y para el aparato paraestatal de persecución de opositores.
A poco de asumir, ante presentaciones de familiares de víctimas, Cattani entendió que más allá del juicio y castigo bloqueado por las leyes de impunidad existía el desafío de reconstruir la verdad sobre el destino de los desaparecidos y ordenó la primera inspección en el cementerio de Avellaneda. En 1992, luego de cuatro años de trabajo, el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró 336 esqueletos en el “sector 134”. “Los restos del genocidio únicamente se iban a encontrar en los intersticios que deja la burocracia”, reflexionó al explicar la búsqueda de datos en documentos de la morgue judicial, cementerios y registros oficiales.
Tras los indultos menemistas, firmó con Mario Gustavo Costa el voto en minoría para declararlos inconstitucionales. “El indulto general de procesados realizado por el Poder Ejecutivo supone un avance sobre el Poder Legislativo, único legitimado para desincriminar conductas y dictar amnistías generales, y también sobre el Poder Judicial, de cuya jurisdicción sustrae a los encausados antes de la sentencia”, escribió.
En 1995, ante un planteo del CELS tras la confesión de Adolfo Scilingo, la Cámara encabezada por Cattani le ordenó a la Armada informar el destino de desaparecidos y de niños nacidos en cautiverio, y se pronunció a favor de la obligación estatal de reconstruir el pasado. “El derecho a la verdad no significa otra cosa que la obligación por parte del Estado de proporcionar todos los mecanismos que estén a su disposición para determinar el destino final de los desaparecidos entre 1976 y 1983”, sostuvo. Contra la voluntad de Menem, de la Procuración y de la Corte Suprema citó a declarar a Massera, Acosta, Radice y compañía. sobre el destino de Rodolfo Walsh. En 2001, Cattani confirmó la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final en el marco de la “causa Simón”, que un lustro después permitió reabrir los juicios por delitos de lesa humanidad.
Con información de
Página 12
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