Procesan a un juez, a una madre y a un matrimonio por la adopción de una nena sin el consentimiento del padre
Domingo 25 de
Febrero 2018
Leonardo Fornerón reclama desde hace 17 años la restitución de su hija, que nació en Entre Ríos y fue entregada a una familia en Buenos Aires
Leonardo Fornerón es un padre que reclama desde hace 17 años la tenencia de su hija. El hombre, de Entre Ríos, protagoniza así una cruzada judicial, en la que denuncia que su hija fue entregada por la madre biológica a un matrimonio de Buenos Aires sin su autorización en junio de 2000.
Pero ayer el caso dio un giro importante: un juez procesó a diez personas por el delito de sustracción de un menor de diez años, que tiene una pena de entre 5 y 15 años.
El juez criminal y correccional Marcos Fernández de los tribuanles porteños procesó a la madre biológica, al matrimonio adoptivo integrado, y a Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria; además procesó a los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los "padres adoptivos", Salvador Espona, y a dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.
El magistrado, además de procesar sin prisión preventiva a los acusados, les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir sumas de entre 500.000 y 2.200.000 pesos.
Los acusados fueron indagados entre noviembre y enero pasados. Según publicó el matutino porteño La Nación, en su reciente fallo, el magistrado afirmó: "Tanto aquellos imputados que participaron en el primer tramo del delito, es decir, en la entrega de la menor (sustracción), como los que, con sus aportes lograron que la menor continuase ilícitamente en poder del matrimonio 'adoptivo' (retención) tenían pleno conocimiento y voluntad de apartar a la menor de la esfera de custodia del padre biológico".
Además, el escrito señala que Fornerón efectuó un "reclamo constante, sistemático e inclaudicable desde el embarazo mismo e inmediatamente después del nacimiento de la niña", que en junio próximo cumplirá 18 años.
Para el magistrado, el matrimonio adoptivo "no podía desconocer que para dicha entrega se debía contar no solo con el consentimiento de la madre sino incluso del padre", más allá de que aleguen que "cumplieron con las indicaciones y consejos que recibieron de los centros de adopción que habían consultado y los profesionales con los que hablaron".
Por último, resalta que el hombre del matrimonio adoptivo contactó a Fornerón y le ofreció una "compensación" para que cesara su reclamo. Por ello, el juez consideró que ese accionar "le otorga descrédito al proceder genuino alegado por el matrimonio adoptivo".
La pelea de Fornerón data desde el año 2000. Tuvo innumerables rechazos por parte de la Justicia y el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 le dio la razón al padre. La entidad internacional advirtió que la Argentina había violado los derechos esenciales de vivir en familia para el padre y la hija y hasta negar el derecho de identidad. También se instó a la Justicia a restituir la tenencia y a pagarle una indemnización a Fornerón de 150.000 dólares.
El 16 de junio de 2000, Fornerón fue padre junto a su entonces pareja Diana Enríquez. Sin embargo, un día después del parto, el bebé fue entregado a un matrimonio de Buenos Aires y recibió el aval judicial por un proceso de adopción, aún cuando el padre nunca autorizó ese procedimiento ni siquiera pudo conocer a la niña.
Pero ayer el caso dio un giro importante: un juez procesó a diez personas por el delito de sustracción de un menor de diez años, que tiene una pena de entre 5 y 15 años.
El juez criminal y correccional Marcos Fernández de los tribuanles porteños procesó a la madre biológica, al matrimonio adoptivo integrado, y a Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria; además procesó a los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los "padres adoptivos", Salvador Espona, y a dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.
El magistrado, además de procesar sin prisión preventiva a los acusados, les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir sumas de entre 500.000 y 2.200.000 pesos.
Los acusados fueron indagados entre noviembre y enero pasados. Según publicó el matutino porteño La Nación, en su reciente fallo, el magistrado afirmó: "Tanto aquellos imputados que participaron en el primer tramo del delito, es decir, en la entrega de la menor (sustracción), como los que, con sus aportes lograron que la menor continuase ilícitamente en poder del matrimonio 'adoptivo' (retención) tenían pleno conocimiento y voluntad de apartar a la menor de la esfera de custodia del padre biológico".
Además, el escrito señala que Fornerón efectuó un "reclamo constante, sistemático e inclaudicable desde el embarazo mismo e inmediatamente después del nacimiento de la niña", que en junio próximo cumplirá 18 años.
Para el magistrado, el matrimonio adoptivo "no podía desconocer que para dicha entrega se debía contar no solo con el consentimiento de la madre sino incluso del padre", más allá de que aleguen que "cumplieron con las indicaciones y consejos que recibieron de los centros de adopción que habían consultado y los profesionales con los que hablaron".
Por último, resalta que el hombre del matrimonio adoptivo contactó a Fornerón y le ofreció una "compensación" para que cesara su reclamo. Por ello, el juez consideró que ese accionar "le otorga descrédito al proceder genuino alegado por el matrimonio adoptivo".
La pelea de Fornerón data desde el año 2000. Tuvo innumerables rechazos por parte de la Justicia y el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 le dio la razón al padre. La entidad internacional advirtió que la Argentina había violado los derechos esenciales de vivir en familia para el padre y la hija y hasta negar el derecho de identidad. También se instó a la Justicia a restituir la tenencia y a pagarle una indemnización a Fornerón de 150.000 dólares.
El 16 de junio de 2000, Fornerón fue padre junto a su entonces pareja Diana Enríquez. Sin embargo, un día después del parto, el bebé fue entregado a un matrimonio de Buenos Aires y recibió el aval judicial por un proceso de adopción, aún cuando el padre nunca autorizó ese procedimiento ni siquiera pudo conocer a la niña.
Con información de
infobae
