Imputaron a Díaz Gilligan por ocultar una cuenta offshore con u$s 1,2 millones
Lunes 26 de
Febrero 2018
La fiscal federal Alejandra Mángano pidió este lunes investigar al ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien fuera denunciado por lavado de dinero y otros delitos al no declarar u$s 1,2 millones que se le detectaron en un banco en Andorra de una empresa de la cual fue director.
El requerimiento fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, a partir de la denuncia que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
El legislador del Frente para la Victoria acusó al exfuncionario nacional ante la Justicia por "la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa", por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada.
El exsubsecretrario argumentó que los fondos no le pertenecían pero que aceptó ponerla a su nombre como un favor hacia un empresario amigo, Francisco "Paco" Casal.
Díaz Gilligan dejó su cargo la semana pasada, tras la presión de algunos integrantes de Cambiemos y dirigentes opositores. En la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, expresó: "A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada".
"Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado", agregó el exfuncionario saliente en su misiva.
Esta fue la primera vez que un funcionario del Gabinete nacional deja su cargo envuelto en cuestionamientos sobre actividades presuntamente ilegales. De manera, puede pensarse que el Gobierno cambió su estrategia para estos casos ya que al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se lo mantuvo tras el caso "Sandra" y se retuvo en su cargo al ministro de Finanzas Luis Caputo, que tiene una causa similar a la de Díaz Gilligan.
El legislador del Frente para la Victoria acusó al exfuncionario nacional ante la Justicia por "la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa", por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada.
El exsubsecretrario argumentó que los fondos no le pertenecían pero que aceptó ponerla a su nombre como un favor hacia un empresario amigo, Francisco "Paco" Casal.
Díaz Gilligan dejó su cargo la semana pasada, tras la presión de algunos integrantes de Cambiemos y dirigentes opositores. En la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, expresó: "A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada".
"Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado", agregó el exfuncionario saliente en su misiva.
Esta fue la primera vez que un funcionario del Gabinete nacional deja su cargo envuelto en cuestionamientos sobre actividades presuntamente ilegales. De manera, puede pensarse que el Gobierno cambió su estrategia para estos casos ya que al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se lo mantuvo tras el caso "Sandra" y se retuvo en su cargo al ministro de Finanzas Luis Caputo, que tiene una causa similar a la de Díaz Gilligan.
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