25 DE ABRIL 2024
SANTA FE
Ante la prohibición del uso de bicicletas en el puerto, no descartan la vía judicial
Martes 27 de
Marzo 2018
Según los integrantes del Proyecto CicloCiudad se trata de una medida que viola la libertad de tránsito de las personas.
"La señalética desplegada por las empresas concesionarias del puerto que prohíben el uso de bicicletas atenta contra el principio de libre circulación, libre tránsito y el derecho al disfrute del paisaje. No descartamos llevar el tema a la vía judicial". Con estas declaraciones arrancó Joaquín Azcurrain, integrante de Proyecto CicloCiudad (Igualdad y Participación), la conferencia de prensa realizada este martes.
La misma fue convocada para dar a conocer dos reclamos legales por vía administrativa que se presentaron en las primeras horas del día. El primero ante la Municipalidad de Santa Fe y el segundo en la esfera provincial, teniendo como actor involucrado al Ente Administrador Puerto Santa Fe, organismo público provincial legitimado para intervenir frente a las empresas concesionarias del Casino de Santa Fe y el Shopping La Ribera.
"Nuestra idea es que esta presentación sea un caso testigo para que no haya más prohibiciones irracionales al uso de bicicleta dentro del ejido de la ciudad. Hay que alentar las modalidades sustentables de transporte y no limitarlas, como en este caso", sostuvo el referente de CicloCiudad.
Ambas presentaciones, si bien tienen argumentos similares, se fundamentan en diferentes ordenamientos jurídicos. El pedido de acceso a información pública dirigida a la Secretaría de Control de la Municipalidad requiere que se den a conocer qué medidas se adoptaron en el ámbito del Dique 1 a fin de dar cumplimiento a la resolución N° 16.820, aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal en abril de 2017, que dispuso la liberación de tránsito de bicicletas dentro del ámbito del puerto, además de la instalación de bicicleteros. También se interpela al organismo sobre la señalética desplegada en toda la superficie del puerto, en la que se observan bicicletas, patinetas y rollers tachados, acción que puso en evidencia una drástica medida que en realidad ya existe desde hace algunos años.
"La prohibición no tiene fundamento legal, es una medida desproporcionada y que camina a contramano de promover un uso democrático y equitativo del espacio público. La Ley Nacional de Tránsito es muy clara en este sentido, los únicos lugares por los cuales la bici no puede transitar es en autopistas, semiautopistas y veredas. Si hay calles en el puerto, la bici tiene que poder usarse", manifestó Azcurrain.
Respecto al escrito presentado en el Ente Administrador Puerto Santa Fe, el mismo se explaya sobre el rol de control que debe tener dicho organismo respecto a las actividades que llevan adelante las empresas concesionarias sobre la superficie del Dique 1, apoyándose en lo establecido en el artículo 182 del Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional (decreto 893/2012), que refiere específicamente a las concesiones de uso de bienes del dominio público y privado del Estado nacional, estableciendo que "todas las mejoras edilicias permanentes, tecnológicas, o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes de la Administración Nacional afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna".
Ambas notas cierran con un pedido de apertura de audiencia que involucre a todos los organismos que puedan tener injerencia en el tema para intentar resolverlo. "Abogamos para que se abra una instancia de diálogo entre la Municipalidad y el Ente, en la que se pueda revertir esto sin necesidad de llevar el asunto a tribunales", mencionó Azcurrain al cierre de la conferencia.
La misma fue convocada para dar a conocer dos reclamos legales por vía administrativa que se presentaron en las primeras horas del día. El primero ante la Municipalidad de Santa Fe y el segundo en la esfera provincial, teniendo como actor involucrado al Ente Administrador Puerto Santa Fe, organismo público provincial legitimado para intervenir frente a las empresas concesionarias del Casino de Santa Fe y el Shopping La Ribera.
"Nuestra idea es que esta presentación sea un caso testigo para que no haya más prohibiciones irracionales al uso de bicicleta dentro del ejido de la ciudad. Hay que alentar las modalidades sustentables de transporte y no limitarlas, como en este caso", sostuvo el referente de CicloCiudad.
Ambas presentaciones, si bien tienen argumentos similares, se fundamentan en diferentes ordenamientos jurídicos. El pedido de acceso a información pública dirigida a la Secretaría de Control de la Municipalidad requiere que se den a conocer qué medidas se adoptaron en el ámbito del Dique 1 a fin de dar cumplimiento a la resolución N° 16.820, aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal en abril de 2017, que dispuso la liberación de tránsito de bicicletas dentro del ámbito del puerto, además de la instalación de bicicleteros. También se interpela al organismo sobre la señalética desplegada en toda la superficie del puerto, en la que se observan bicicletas, patinetas y rollers tachados, acción que puso en evidencia una drástica medida que en realidad ya existe desde hace algunos años.
"La prohibición no tiene fundamento legal, es una medida desproporcionada y que camina a contramano de promover un uso democrático y equitativo del espacio público. La Ley Nacional de Tránsito es muy clara en este sentido, los únicos lugares por los cuales la bici no puede transitar es en autopistas, semiautopistas y veredas. Si hay calles en el puerto, la bici tiene que poder usarse", manifestó Azcurrain.
Respecto al escrito presentado en el Ente Administrador Puerto Santa Fe, el mismo se explaya sobre el rol de control que debe tener dicho organismo respecto a las actividades que llevan adelante las empresas concesionarias sobre la superficie del Dique 1, apoyándose en lo establecido en el artículo 182 del Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional (decreto 893/2012), que refiere específicamente a las concesiones de uso de bienes del dominio público y privado del Estado nacional, estableciendo que "todas las mejoras edilicias permanentes, tecnológicas, o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes de la Administración Nacional afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna".
Ambas notas cierran con un pedido de apertura de audiencia que involucre a todos los organismos que puedan tener injerencia en el tema para intentar resolverlo. "Abogamos para que se abra una instancia de diálogo entre la Municipalidad y el Ente, en la que se pueda revertir esto sin necesidad de llevar el asunto a tribunales", mencionó Azcurrain al cierre de la conferencia.
Con información de
unosantafe
