25 DE ABRIL 2024
Medio Ambiente realiza una inspección en la planta de San Lorenzo
Santa Fe se presentará ante el juez del concurso de OIL Combustibles
Viernes 06 de
Abril 2018
El estado santafesino presentará entre lunes y martes un escrito ante el juez en lo comercial porteño, Javier Cosentino, solicitando que la provincia sea tenida en cuenta a la hora de definir la situación de la refinería que Oil Combustibles tiene en la ciudad de San Lorenzo.
“Nos preocupa el pasivo social y ambiental” dijo la Secretaría de Energía, Verónica Geese a El Litoral en el regreso desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Geese junto a la ministra de Producción, Alicia Ciciliani, se reunieron ayer con la interventora de Oil y con los coadministradores judiciales de la firma que perteneció a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. En tanto, el ministerio de Medio Ambiente puso en marcha una inspección a la planta de San Lorenzo para conocer el estado actual. Se estima que en la jornada culminará la tarea.
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades de San Lorenzo es la falta de funcionamiento de la planta y el almacenamiento de gases por los efectos que puede provocar en la estructura.
Cosentino designó a Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi como administradores plenos de la firma.
Ciciliani y Geese analizaron con los interventores judiciales las posibles salidas de la empresa y pusieron a disposición los trámites que se deben realizar en la provincia. “El objetivo es poner en funcionamiento de manera inmediata la planta” recalcó Geese quien informó que a inicios de la semana harán una presentación oficial ante el juez Cosentino que debe resolver si dicta la quiebra, habilite el salvataje (cram down), u otra salida para la firma que adeuda cifras millonarias al fisco producto de no haber girado los recursos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles cobrados a los clientes de estaciones de servicio.
La secretaria de Energía reconoció que el paso de los días atenta contra la posibilidad de poner en marcha nuevamente la refinería donde se desempeñan unos 400 trabajadores. De todas maneras, el impacto laboral es mayor debido a que para la operación requiere de una importante logística de transporte. Otro de los datos importantes es la estructura portuaria que acompaña a la refinería.
El propósito de la provincia es que la refinería sanlorencina no vaya a desguace y para ello hubo una gestión del propio gobernador Miguel Lifschitz ante el presidente del directorio de YPF, Miguel Gutiérrez. La petrolera estatal es uno de los posibles interesados en hacerse cargo de la planta del sur santafesino y que en su origen perteneció a esa firma.
A la par de las reuniones de las funcionarias de gabinete de Lifschitz, también en Buenos Aires, gremios petroleros mantenían reuniones en el Ministerio de Trabajo y en la justicia preocupados por el futuro de los trabajadores.
En la planta de San Lorenzo
En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente empezó ayer la jornada de inspección para realizar un relevamiento del estado de situación ambiental de la empresa ante el cese de sus actividades desde hace varias semanas por falta de combustible para procesar.
Previo a la actividad se llevó a cabo un encuentro entre el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, junto a funcionarios y técnicos de esa cartera y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el gerente de planta de Oil Combustible SA, Ricardo Verderone.
Speranza recordó que “la provincia había intimado a la empresa a presentar un plan de cierre seguro y remediación de pasivos ambientales, a lo que Oil respondió, en tiempo y forma, con un estudio de riesgo sobre la situación ambiental de la empresa basado en un cese temporario de la fase productiva. Luego del encuentro de este jueves le solicitamos a las autoridades la realización de ese estudio de riesgo suponiendo un escenario futuro de estado total de abandono de la planta con el fin de evaluar también el peor escenario para informar al juez cuales serían los perjuicios en ese caso”.
Es urgente que la planta se vuelva a poner en funcionamiento; que el juez elija la mejor forma, pero debe ser rápida” Verónica Geese, secretaría de Estado de Energía.
Cooperativa
Un grupo trabajadores de Oil Combustibles le pidieron al juez Constantino que habilite la instancia de salvataje y le dé continuidad a la petrolera, bajo la forma jurídica de una cooperativa de trabajo. “Nosotros creemos que la cooperativa le da el andamiaje jurídico necesario para los que dicen que quieren invertir en la empresa”, dijo Héctor Brizuela, secretario legal de la federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh).
En principio desde el gobierno santafesino no se vería viable la propuesta de una cooperativa para intervenir en la compleja refinería.
Casación revisará el fallo
La Cámara Federal de Casación revisará el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa y atenuó la acusación contra los empresarios en la causa por la multimillonaria deuda del impuesto a los combustibles líquidos de la petrolera Oil Combustibles.
Fuentes judiciales dijeron a la agencia Télam que el máximo tribunal penal del país revisará la decisión de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (el tercero, Leopoldo Bruglia, votó en disidencia), quienes el 16 de marzo pasado cambiaron la acusación de ‘defraudación contra la administración pública’ a ‘apropiación indebida de tributos’ y revocaron las prisiones preventivas de López y De Sousa. Si bien confirmaron parcialmente los procesamientos (entre ellos el del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray), los jueces resolvieron entonces que los acusados debían ser investigados por delitos tributarios.
Ahora, Ballestero y Bruglia declararon admisibles las apelaciones contra su propio fallo. Bruglia estimó que ‘el cambio de calificación‘ (resuelto por sus colegas Ballestero y Farah) ‘podría acarrear en la especie‘, en la ‘extinción de la pretensión punitiva‘ y ‘frustar‘ la expectativa de una eventual condena penal. Por eso, el fallo será ahora revisado por la Sala I de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa.
La deuda impositiva por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, percibía pero no descargaba luego en la AFIP. La maniobra habría abarcado un monto cercano a los 8.000 millones de pesos, que se compone de la detracción de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió Oil Combustibles S.A, monto que, con intereses, sumaría más 17.000 millones de pesos.
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades de San Lorenzo es la falta de funcionamiento de la planta y el almacenamiento de gases por los efectos que puede provocar en la estructura.
Cosentino designó a Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi como administradores plenos de la firma.
Ciciliani y Geese analizaron con los interventores judiciales las posibles salidas de la empresa y pusieron a disposición los trámites que se deben realizar en la provincia. “El objetivo es poner en funcionamiento de manera inmediata la planta” recalcó Geese quien informó que a inicios de la semana harán una presentación oficial ante el juez Cosentino que debe resolver si dicta la quiebra, habilite el salvataje (cram down), u otra salida para la firma que adeuda cifras millonarias al fisco producto de no haber girado los recursos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles cobrados a los clientes de estaciones de servicio.
La secretaria de Energía reconoció que el paso de los días atenta contra la posibilidad de poner en marcha nuevamente la refinería donde se desempeñan unos 400 trabajadores. De todas maneras, el impacto laboral es mayor debido a que para la operación requiere de una importante logística de transporte. Otro de los datos importantes es la estructura portuaria que acompaña a la refinería.
El propósito de la provincia es que la refinería sanlorencina no vaya a desguace y para ello hubo una gestión del propio gobernador Miguel Lifschitz ante el presidente del directorio de YPF, Miguel Gutiérrez. La petrolera estatal es uno de los posibles interesados en hacerse cargo de la planta del sur santafesino y que en su origen perteneció a esa firma.
A la par de las reuniones de las funcionarias de gabinete de Lifschitz, también en Buenos Aires, gremios petroleros mantenían reuniones en el Ministerio de Trabajo y en la justicia preocupados por el futuro de los trabajadores.
En la planta de San Lorenzo
En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente empezó ayer la jornada de inspección para realizar un relevamiento del estado de situación ambiental de la empresa ante el cese de sus actividades desde hace varias semanas por falta de combustible para procesar.
Previo a la actividad se llevó a cabo un encuentro entre el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, junto a funcionarios y técnicos de esa cartera y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el gerente de planta de Oil Combustible SA, Ricardo Verderone.
Speranza recordó que “la provincia había intimado a la empresa a presentar un plan de cierre seguro y remediación de pasivos ambientales, a lo que Oil respondió, en tiempo y forma, con un estudio de riesgo sobre la situación ambiental de la empresa basado en un cese temporario de la fase productiva. Luego del encuentro de este jueves le solicitamos a las autoridades la realización de ese estudio de riesgo suponiendo un escenario futuro de estado total de abandono de la planta con el fin de evaluar también el peor escenario para informar al juez cuales serían los perjuicios en ese caso”.
Es urgente que la planta se vuelva a poner en funcionamiento; que el juez elija la mejor forma, pero debe ser rápida” Verónica Geese, secretaría de Estado de Energía.
Cooperativa
Un grupo trabajadores de Oil Combustibles le pidieron al juez Constantino que habilite la instancia de salvataje y le dé continuidad a la petrolera, bajo la forma jurídica de una cooperativa de trabajo. “Nosotros creemos que la cooperativa le da el andamiaje jurídico necesario para los que dicen que quieren invertir en la empresa”, dijo Héctor Brizuela, secretario legal de la federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh).
En principio desde el gobierno santafesino no se vería viable la propuesta de una cooperativa para intervenir en la compleja refinería.
Casación revisará el fallo
La Cámara Federal de Casación revisará el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa y atenuó la acusación contra los empresarios en la causa por la multimillonaria deuda del impuesto a los combustibles líquidos de la petrolera Oil Combustibles.
Fuentes judiciales dijeron a la agencia Télam que el máximo tribunal penal del país revisará la decisión de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (el tercero, Leopoldo Bruglia, votó en disidencia), quienes el 16 de marzo pasado cambiaron la acusación de ‘defraudación contra la administración pública’ a ‘apropiación indebida de tributos’ y revocaron las prisiones preventivas de López y De Sousa. Si bien confirmaron parcialmente los procesamientos (entre ellos el del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray), los jueces resolvieron entonces que los acusados debían ser investigados por delitos tributarios.
Ahora, Ballestero y Bruglia declararon admisibles las apelaciones contra su propio fallo. Bruglia estimó que ‘el cambio de calificación‘ (resuelto por sus colegas Ballestero y Farah) ‘podría acarrear en la especie‘, en la ‘extinción de la pretensión punitiva‘ y ‘frustar‘ la expectativa de una eventual condena penal. Por eso, el fallo será ahora revisado por la Sala I de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa.
La deuda impositiva por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, percibía pero no descargaba luego en la AFIP. La maniobra habría abarcado un monto cercano a los 8.000 millones de pesos, que se compone de la detracción de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió Oil Combustibles S.A, monto que, con intereses, sumaría más 17.000 millones de pesos.
Con información de
El Litoral
