Nota22.com
Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
El juez Ercolini se quejó ante la Cancillería por los pedidos de extradición que hace Perú
Por:
Omar Lavieri
Lunes 09 de
Julio 2018
Otros jueces federales también tuvieron inconvenientes con los pedidos llegados desde Lima
Cuando una persona es buscada por las autoridades judiciales de un país y se lo detecta en la Argentina Interpol lo detiene y lo pone a disposición de un juez federal. Depende de cada convenio de extradición firmado con la Argentina el tiempo que la persona puede estar detenida mientras se formalizan los trámites para la extradición.
Los jueces federales tienen que comunicarle al detenido que lo están buscando en otro país y que han pedido su extradición: en esa primera audiencia la persona tiene que decir si acepta ser extraditado o no. Habitualmente rechazan la extradición inmediata y van a juicio.
El juez federal tiene un máximo de tiempo-según cada convenio de extradición- para mantener detenida a la persona. En tanto tiene que pedir al país requirente que envíe-vía Cancillería- la documentación para realizar el juicio de extradición. Habitualmente los documentos llegan y se realizan los procesos. Cuando un juez extradita a una persona esa decisión se puede apelar directamente en la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte confirma la extradición aún queda una instancia porque la decisión final para extraditar a una persona la tiene el Poder Ejecutivo.
En los últimos tiempos varios jueces federales han detectado un patrón común cuando los pedidos de extradición llegan desde Perú. Si un ciudadano peruano con pedido de captura internacional es detenido en Buenos Aires y se lo busca por un crimen con penas altas como un homicidio, violación o robo agravado, va a la cárcel mientras se realiza el trámite de extradición.
Según el tratado firmado entre Argentina y Perú el plazo máximo para mantener detenida a una persona mientras se formaliza la extradición es de 60 días.
El 2 de julio pasado el juez Julián Ercolini liberó a M.S., un peruano que había sido detenido el 2 de mayo porque en su país lo buscaban por estar acusado de robo. El 3 de mayo se realizó la primera audiencia donde M.S. pidió no ser extraditado. Tenía captura internacional, alerta roja de Interpol y un pedido librado por la Segunda Sala Penal Liquidadora de Junín, República del Perú. El 4 de mayo-según informaron fuentes judiciales a Infobae- Ercolini envió el pedido a través de la Cancillería para que se formalice el pedido de extradición por parte de las autoridades judiciales peruanas. Pero la respuesta nunca llegó y M.S. fue liberado.
A raíz de este caso y de otros dos casos similares que tuvo Ercolini en el los últimos meses, el juez le envió un oficio-al que accedió Infobae- al Canciller Jorge Faurie en el que le explicó lo sucedido con M.S. y otras dos personas e hizo hincapié especialmente en el hecho de que estuvieron detenidos durante 60 días.
"Esta situación, que estimo de suma gravedad –le dijo Ercolini a Faurie- ameritaría que se contemple la posibilidad de extremar todas las medidas necesarias con aquellas autoridades en pos de cumplir con las premisas de asistencia objeto del tratado y facilitar el cumplimiento de sus disposiciones dentro de los plazos allí previstos. Todo ello en miras a que no reiteren, como en este y los demás casos nombrados, un dispositivo jurisdiccional que derive en detenciones inoficiosas".
En resumen Ercolini le pidió al Canciller que el gobierno peruano se entere de esta situación, básicamente para evitar que una persona quede detenida durante dos meses. Ercolini dio el primer paso y le pidió a la Cancillería que actúe. Pero no es el único juez que tiene inconvenientes con los pedidos de extradición que llegan desde Perú: pasa muy seguido que una persona es liberada luego de estar 60 días detenida porque la burocracia de aquel país no cumplió con su tarea.
Los jueces federales tienen que comunicarle al detenido que lo están buscando en otro país y que han pedido su extradición: en esa primera audiencia la persona tiene que decir si acepta ser extraditado o no. Habitualmente rechazan la extradición inmediata y van a juicio.
El juez federal tiene un máximo de tiempo-según cada convenio de extradición- para mantener detenida a la persona. En tanto tiene que pedir al país requirente que envíe-vía Cancillería- la documentación para realizar el juicio de extradición. Habitualmente los documentos llegan y se realizan los procesos. Cuando un juez extradita a una persona esa decisión se puede apelar directamente en la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte confirma la extradición aún queda una instancia porque la decisión final para extraditar a una persona la tiene el Poder Ejecutivo.
En los últimos tiempos varios jueces federales han detectado un patrón común cuando los pedidos de extradición llegan desde Perú. Si un ciudadano peruano con pedido de captura internacional es detenido en Buenos Aires y se lo busca por un crimen con penas altas como un homicidio, violación o robo agravado, va a la cárcel mientras se realiza el trámite de extradición.
Según el tratado firmado entre Argentina y Perú el plazo máximo para mantener detenida a una persona mientras se formaliza la extradición es de 60 días.
El 2 de julio pasado el juez Julián Ercolini liberó a M.S., un peruano que había sido detenido el 2 de mayo porque en su país lo buscaban por estar acusado de robo. El 3 de mayo se realizó la primera audiencia donde M.S. pidió no ser extraditado. Tenía captura internacional, alerta roja de Interpol y un pedido librado por la Segunda Sala Penal Liquidadora de Junín, República del Perú. El 4 de mayo-según informaron fuentes judiciales a Infobae- Ercolini envió el pedido a través de la Cancillería para que se formalice el pedido de extradición por parte de las autoridades judiciales peruanas. Pero la respuesta nunca llegó y M.S. fue liberado.
A raíz de este caso y de otros dos casos similares que tuvo Ercolini en el los últimos meses, el juez le envió un oficio-al que accedió Infobae- al Canciller Jorge Faurie en el que le explicó lo sucedido con M.S. y otras dos personas e hizo hincapié especialmente en el hecho de que estuvieron detenidos durante 60 días.
"Esta situación, que estimo de suma gravedad –le dijo Ercolini a Faurie- ameritaría que se contemple la posibilidad de extremar todas las medidas necesarias con aquellas autoridades en pos de cumplir con las premisas de asistencia objeto del tratado y facilitar el cumplimiento de sus disposiciones dentro de los plazos allí previstos. Todo ello en miras a que no reiteren, como en este y los demás casos nombrados, un dispositivo jurisdiccional que derive en detenciones inoficiosas".
En resumen Ercolini le pidió al Canciller que el gobierno peruano se entere de esta situación, básicamente para evitar que una persona quede detenida durante dos meses. Ercolini dio el primer paso y le pidió a la Cancillería que actúe. Pero no es el único juez que tiene inconvenientes con los pedidos de extradición que llegan desde Perú: pasa muy seguido que una persona es liberada luego de estar 60 días detenida porque la burocracia de aquel país no cumplió con su tarea.
Con información de
infobae
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Santa Fe: el salario docente pierde frente a la inflación. Fuerte crítica y profunda preocupación del presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario por la reforma procesal penal que impulsa el Gobierno de Pullaro. Habla José Nanni. También participa el Dr. Adrián Ruiz, integrante del Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía de Rosario.
LO MÁS VISTO
Tanto lío interno, que divulgan encuestas "favorables" a Pullaro para intentar alambrar un candidato único
La "estudiantina" que rodea al Gobernador edificó, con notable perseverancia, una estrategia bastante vintage: instalar la "inevitabilidad" de una candidatura pese al peso de las divisiones internas, apoyándose en encuestas de diseño. Sondeos que, tal vez algún día tengan la gentileza de ver la luz, asegurarían que parte con un 26% de intención social de acompañar la reelección.
El proyecto penal impulsado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad no sólo endurece el sistema: desplaza al juez, debilita la defensa y deja decisiones graves libradas a fórmulas ambiguas.
El cálculo del SAC depende del ingreso más alto cobrado durante el semestre.
En medio del brote de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia, el Gobierno desoye el pedido de la Organización Mundial de la Salud y busca el modo de desvincularse del organismo.
