SANTA FE
Cinco años después: elevaron a juicio la causa que investigó el alzamiento policial
Miércoles 18 de
Julio 2018
El fiscal federal Nº 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, solicitó que tres agentes policiales y el representante de la agrupación Apropol sean juzgados en un juicio
Me recibe picomar?
— sí, sí, afirma, sabate oranda, acá de Salta y 4 de enero.
— estamos de paro, estamos de paro.
— si pero esa gente no tiene la culpa chicos.
— nosotros tampoco, estamos de paro.
— anda vos picomar, la puta que te pario.
— bueno querido, bueno, 911,
— si tengo otro aviso de catamarca y Freyre del otro local de zapatillas.
— bueno, bueno.
— chupete.
— hijo de puta
— que le pida a los gendarmes que están en el liceo militar.
— ciento cincuenta monos.
— están durmiendo.
— cinco uno acércate a ver".
La comunicación se retrotrae al 9 de diciembre del 2013 y es de la frecuencia radial interna de la Policía. El clima en Santa Fe era tenso. Aquel día, por la mañana, un grupo grande de agentes policiales y del servicio penitenciario también, se concentró en la explanada de la Casa Gris con el fin de exigirle al gobierno provincial una recomposición salarial por medio de un alzamiento de la fuerza.
Por la noche, la ola de robos en comercios, se profundizó por lo que las fuerzas federales debieron actuar en la ciudad de manera preventiva.La tensión no abarcó solo a la ciudad de Santa Fe, sino que también en Rosario sucedió lo mismo mientras que en algunas localidades del interior existió una inquietante tranquilidad que logró que los comerciantes vaciaran sus locales para no ser saqueados.
El 10 de diciembre de ese año, mediante un decreto del gobernador Antonio Bonfatti, se fijó el salario básico de $8.100 para los agentes policiales por lo que el conflicto culminó y la tranquilidad volvió a las calles de Santa Fe.
Aquel estado crítico que vivió la ciudad la ciudad (y la provincia) entre el 3 y el 10 de diciembre formó parte de una investigación que se instruyó en la Justicia Federal y que en la jornada de ayer culminó con una primera etapa.
Es que el fiscal federal Nº 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, formuló la Requisitoria de Elevación a Juicio que tiene involucrado al líder de la agrupación policial Apropol, Alberto Martínez, como así también a tres sargentos que prestaron servicio en la Policía de la Provincia durante los días del conflicto: Fabricio Javier Abasto; Claudio Marcelo Patiño; Mauricio Miguel Pagani.
"Por aquellos días se produjo una afectación cierta y considerable a la seguridad nacional, circunstancia que en modo alguno los aquí procesados podían desconocer, no solo porque eran hechos de conocimiento público sino porque además formaron parte de las arengas al personal policial de Santa Fe –especialmente el hecho de la provincia de Córdoba– todo lo cual robustece la necesidad de dotar a los hechos atribuidos", consideró el fiscal en el pedido de elevación a juicio presentado ante el juez federal Nº 1, Reynaldo Rodríguez.
La causa tuvo su inicio a partir de una denuncia radicada por el entonces fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Pablo Saccone, el día 10 de diciembre de 2013 –fecha en la que cesó el conflicto. A partir de allí, el fiscal federal Walter Rodríguez, que en dicho momento estaba al frente de la Fiscalía que conduce en la actualidad Onel, inició una pesquisa judicial que tuvo bajo la lupa al líder de Apropol y a otros agentes policiales como organizadores del conflicto.
El principal
En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Onel le atribuyó a Martínez "haber instigado, a partir del 3 de diciembre de 2013, y hasta el 10 del mismo mes y año, la comisión de delitos por parte de terceras personas que tenían estado policial, respecto de los cuales tenía una incidencia concreta, en virtud de lo cual estos ejecutaron un plan penalmente relevante consistente en alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe". Dicha acción, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, tuvo como fin "arrancarle a dicho poder estatal una medida o concesión que consistió en el dictado del Decreto Nº 4.221/2013".
En la investigación se develó que Martínez "utilizó diversos espacios virtuales de la organización Apropol (agrupación sin reconocimiento legal alguno, conformada por personal policial de la provincia en actividad y en situación de retiro), como son las cuentas "@apropol" en Twittter, "Apropol Santa Fe" en la red social Facebook, y también su cuenta personal de Twitter "@gaucho Martínez", para efectuar publicaciones con el objetivo de instigar a distintos actores a alzarse en armas contra las autoridades políticas provinciales, a fin de arrancarles una medida o concesión".
En tanto, fue imputado como quien amenazó al entonces gobernador Bonfatti mediante mensajes de texto que fueron enviados durante los días 4, 6 y 7 de diciembre del 2013 desde el teléfono cuya titularidad es de su esposa. "Seguís pensando en pagarle 5 mil $ a los policías explotador?", "explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que sucede. Facineroso", "en vez de mandarme la cana a mi casa porque no buscás a los narcos y le pagás sueldos dignos a la cana payaso explotador y negrero. El 12 voy para Rosario y vamos a hablar", fueron los mensajes que terminaron siendo materia de investigación y que se encuentran en la causa.
Por esos hechos, Martínez fuw imputado por el fiscal como autor del delito de "instigación a cometer delitos, en concurso real con el delito de amenazas coactivas agravadas, en calidad de autor". En esa línea, el fiscal Onel consideró que "la conducta de Martínez superó con creces el ámbito de lo que pudiere considerarse un reclamo legítimo, para ingresar en el campo de lo delictual, desde que la misma, destinada a que el poder político provincial cediera a sus reclamos, incluyó llamados a la paralización del servicio, a la insubordinación y a la propagación de situaciones con desprecio de las consecuencias que provocaron, con afectación al bien jurídico protegido por el tipo penal, que es la seguridad y la tranquilidad públicas".
En tanto, también le atribuyó el delito de "amenazas coactivas agravadas" tras evaluar que "no resulta posible deslindar el contenido de los mensajes, de la evaluación del contexto fáctico en que fueron enviados, esto es, mientras la provincia se encontraba en una grave situación por el conflicto policial y se estaba materializando una fuerte presión sobre los poderes públicos provinciales".
Por sedición
Por su parte, los otros tres sargentos policiales involucrados en la causa fueron imputados por "sedición, agravado por tratarse de funcionarios públicos, en calidad de coautores" ya que "actuaron como coordinadores y negociadores de las mencionadas acciones ilegítimas, y además de ello se movilizaron en forma organizada y juntamente con un número indeterminado de personas –aproximadamente 150– varios de ellos portando armas de fuego, a la par, a modo de presión".
A su vez, el fiscal los acusó de haber provocado perjuicios en las unidades móviles mediante el desinflado de los neumáticos y también generar interferencias e interrupciones en el servicio telefónico de emergencia del 911. Asimismo, también los imputó a Abasto y Patiño de "retirarse de manera injustificada" de sus lugares de trabajo que en ese momento era la patrulla de intervención urbana.
Testigos del tiempo
A lo largo de la investigación, quien prestó declaración fue el exministro de Seguridad, Raúl Lamberto el cual en sede judicial refirió haber recibido información sobre los inicios del alzamiento. En este sentido, contó que se estaba saboteando la frecuencia policial, y arengando por el autoacuartelamiento.
También indicó que la ciudad de Rosario, durante los días del alzamiento estaba calmo pero con una notable disminución de móviles policiales mientras que en la capital provincial se recrudecía la situación y que la tensión se había expandido ya que en Santo Tomé, una Comisaría se sumaba a la protesta. Lo mismo sucedió en Villa Constitución, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rafaela y Esperanza. A raíz de ello, el funcionario sostuvo que el gobernador firmó un acta donde dejó constancia que las fuerzas federales "quedaron a su disposición".
Al testimonio de Lamberto, también se incorporó el del exdirector provincial de Tecnologías para la Seguridad del Ministerio de Seguridad provincial, Diego Ignacio Rullo, quien explicó que entre el 6 y 10 de diciembre del 2013, "fueron escuchadas en la frecuencia policial diversos archivos donde personal policial realizó arengas o manifestaciones en favor de la protesta". A ello, también explicó el exfuncionario que la frecuencia del 911 fue totalmente "bloqueada".
— sí, sí, afirma, sabate oranda, acá de Salta y 4 de enero.
— estamos de paro, estamos de paro.
— si pero esa gente no tiene la culpa chicos.
— nosotros tampoco, estamos de paro.
— anda vos picomar, la puta que te pario.
— bueno querido, bueno, 911,
— si tengo otro aviso de catamarca y Freyre del otro local de zapatillas.
— bueno, bueno.
— chupete.
— hijo de puta
— que le pida a los gendarmes que están en el liceo militar.
— ciento cincuenta monos.
— están durmiendo.
— cinco uno acércate a ver".
La comunicación se retrotrae al 9 de diciembre del 2013 y es de la frecuencia radial interna de la Policía. El clima en Santa Fe era tenso. Aquel día, por la mañana, un grupo grande de agentes policiales y del servicio penitenciario también, se concentró en la explanada de la Casa Gris con el fin de exigirle al gobierno provincial una recomposición salarial por medio de un alzamiento de la fuerza.
Por la noche, la ola de robos en comercios, se profundizó por lo que las fuerzas federales debieron actuar en la ciudad de manera preventiva.La tensión no abarcó solo a la ciudad de Santa Fe, sino que también en Rosario sucedió lo mismo mientras que en algunas localidades del interior existió una inquietante tranquilidad que logró que los comerciantes vaciaran sus locales para no ser saqueados.
El 10 de diciembre de ese año, mediante un decreto del gobernador Antonio Bonfatti, se fijó el salario básico de $8.100 para los agentes policiales por lo que el conflicto culminó y la tranquilidad volvió a las calles de Santa Fe.
Aquel estado crítico que vivió la ciudad la ciudad (y la provincia) entre el 3 y el 10 de diciembre formó parte de una investigación que se instruyó en la Justicia Federal y que en la jornada de ayer culminó con una primera etapa.
Es que el fiscal federal Nº 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, formuló la Requisitoria de Elevación a Juicio que tiene involucrado al líder de la agrupación policial Apropol, Alberto Martínez, como así también a tres sargentos que prestaron servicio en la Policía de la Provincia durante los días del conflicto: Fabricio Javier Abasto; Claudio Marcelo Patiño; Mauricio Miguel Pagani.
"Por aquellos días se produjo una afectación cierta y considerable a la seguridad nacional, circunstancia que en modo alguno los aquí procesados podían desconocer, no solo porque eran hechos de conocimiento público sino porque además formaron parte de las arengas al personal policial de Santa Fe –especialmente el hecho de la provincia de Córdoba– todo lo cual robustece la necesidad de dotar a los hechos atribuidos", consideró el fiscal en el pedido de elevación a juicio presentado ante el juez federal Nº 1, Reynaldo Rodríguez.
La causa tuvo su inicio a partir de una denuncia radicada por el entonces fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Pablo Saccone, el día 10 de diciembre de 2013 –fecha en la que cesó el conflicto. A partir de allí, el fiscal federal Walter Rodríguez, que en dicho momento estaba al frente de la Fiscalía que conduce en la actualidad Onel, inició una pesquisa judicial que tuvo bajo la lupa al líder de Apropol y a otros agentes policiales como organizadores del conflicto.
El principal
En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Onel le atribuyó a Martínez "haber instigado, a partir del 3 de diciembre de 2013, y hasta el 10 del mismo mes y año, la comisión de delitos por parte de terceras personas que tenían estado policial, respecto de los cuales tenía una incidencia concreta, en virtud de lo cual estos ejecutaron un plan penalmente relevante consistente en alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe". Dicha acción, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, tuvo como fin "arrancarle a dicho poder estatal una medida o concesión que consistió en el dictado del Decreto Nº 4.221/2013".
En la investigación se develó que Martínez "utilizó diversos espacios virtuales de la organización Apropol (agrupación sin reconocimiento legal alguno, conformada por personal policial de la provincia en actividad y en situación de retiro), como son las cuentas "@apropol" en Twittter, "Apropol Santa Fe" en la red social Facebook, y también su cuenta personal de Twitter "@gaucho Martínez", para efectuar publicaciones con el objetivo de instigar a distintos actores a alzarse en armas contra las autoridades políticas provinciales, a fin de arrancarles una medida o concesión".
En tanto, fue imputado como quien amenazó al entonces gobernador Bonfatti mediante mensajes de texto que fueron enviados durante los días 4, 6 y 7 de diciembre del 2013 desde el teléfono cuya titularidad es de su esposa. "Seguís pensando en pagarle 5 mil $ a los policías explotador?", "explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que sucede. Facineroso", "en vez de mandarme la cana a mi casa porque no buscás a los narcos y le pagás sueldos dignos a la cana payaso explotador y negrero. El 12 voy para Rosario y vamos a hablar", fueron los mensajes que terminaron siendo materia de investigación y que se encuentran en la causa.
Por esos hechos, Martínez fuw imputado por el fiscal como autor del delito de "instigación a cometer delitos, en concurso real con el delito de amenazas coactivas agravadas, en calidad de autor". En esa línea, el fiscal Onel consideró que "la conducta de Martínez superó con creces el ámbito de lo que pudiere considerarse un reclamo legítimo, para ingresar en el campo de lo delictual, desde que la misma, destinada a que el poder político provincial cediera a sus reclamos, incluyó llamados a la paralización del servicio, a la insubordinación y a la propagación de situaciones con desprecio de las consecuencias que provocaron, con afectación al bien jurídico protegido por el tipo penal, que es la seguridad y la tranquilidad públicas".
En tanto, también le atribuyó el delito de "amenazas coactivas agravadas" tras evaluar que "no resulta posible deslindar el contenido de los mensajes, de la evaluación del contexto fáctico en que fueron enviados, esto es, mientras la provincia se encontraba en una grave situación por el conflicto policial y se estaba materializando una fuerte presión sobre los poderes públicos provinciales".
Por sedición
Por su parte, los otros tres sargentos policiales involucrados en la causa fueron imputados por "sedición, agravado por tratarse de funcionarios públicos, en calidad de coautores" ya que "actuaron como coordinadores y negociadores de las mencionadas acciones ilegítimas, y además de ello se movilizaron en forma organizada y juntamente con un número indeterminado de personas –aproximadamente 150– varios de ellos portando armas de fuego, a la par, a modo de presión".
A su vez, el fiscal los acusó de haber provocado perjuicios en las unidades móviles mediante el desinflado de los neumáticos y también generar interferencias e interrupciones en el servicio telefónico de emergencia del 911. Asimismo, también los imputó a Abasto y Patiño de "retirarse de manera injustificada" de sus lugares de trabajo que en ese momento era la patrulla de intervención urbana.
Testigos del tiempo
A lo largo de la investigación, quien prestó declaración fue el exministro de Seguridad, Raúl Lamberto el cual en sede judicial refirió haber recibido información sobre los inicios del alzamiento. En este sentido, contó que se estaba saboteando la frecuencia policial, y arengando por el autoacuartelamiento.
También indicó que la ciudad de Rosario, durante los días del alzamiento estaba calmo pero con una notable disminución de móviles policiales mientras que en la capital provincial se recrudecía la situación y que la tensión se había expandido ya que en Santo Tomé, una Comisaría se sumaba a la protesta. Lo mismo sucedió en Villa Constitución, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rafaela y Esperanza. A raíz de ello, el funcionario sostuvo que el gobernador firmó un acta donde dejó constancia que las fuerzas federales "quedaron a su disposición".
Al testimonio de Lamberto, también se incorporó el del exdirector provincial de Tecnologías para la Seguridad del Ministerio de Seguridad provincial, Diego Ignacio Rullo, quien explicó que entre el 6 y 10 de diciembre del 2013, "fueron escuchadas en la frecuencia policial diversos archivos donde personal policial realizó arengas o manifestaciones en favor de la protesta". A ello, también explicó el exfuncionario que la frecuencia del 911 fue totalmente "bloqueada".
Con información de
UNO
