Buenos Aires
Indagatoria para el intendente de José C. Paz por fraude con planes sociales
Viernes 06 de
Septiembre 2013
Carlos Urquiaga, sucesor de Mario Ishii, era el secretario de Trabajo del municipio y se lo investiga por el manejo extorsivo, discrecional y arbitrario de los planes "Argentina Trabaja" y "Trabajar"
La leyenda que habla de clientelismo en su expresión más cruel con el cobro de comisiones por entregar planes sociales a los más necesitados se ha corroborado en una causa judicial por la que ya hay varios procesados.
Por la investigación realizada por Alicia Vence, la jueza federal de San Martín, tendrán que declarar en indagatoria en la segunda quincena de septiembre los hermanos Carlos y César Urquiaga. El actual intendente, Carlos, era el encargado de los planes sociales debido a que durante el gobierno del ahora kirchnerista Mario Ishii ostentaba el cargo de secretario de Trabajo y Desarrollo Humano del municipio. A partir de 2011, cuando Carlos Urquiaga asumió como intendente, su hermano César heredó el área de Trabajo y Desarrollo Humano. Es por eso que la jueza Vence citó a ambos a indagatoria.
El caso comenzó cuando un beneficiario de un plan social se fue a quejar al municipio porque había dejado de cobrar el beneficio. Le dijeron que él lo seguía cobrando y le mostraron un DNI con sus datos pero con la foto de otro. El otro era un puntero del oficialismo paceño. Esposo de otra puntera que también fue investigada. La jueza Vence firmó varios procesamientos por el delito de extorsión. Extorsión que padecían (¿padecen?) los más humildes.
Los procesamientos firmados por la jueza Vence en diciembre fueron los antecedentes para el llamado a indagatoria del actual intendente y de su hermano.
En el expediente hay decenas de testimonios de gente que solo tiene un "Plan Trabajar" o un "Argentina Trabaja" que reflejan que punteros del oficialismo de José C. Paz le pedían -desde hace por lo menos tres años- una parte de lo cobrado bajo la amenaza de que si no lo hacían perdían el beneficio.
Vence procesó a cuatro personas que eran empleados de la Municipalidad de José C. Paz porque las pruebas son contundentes. En los allanamientos en sus domicilios encontraron documentos de otras personas que se usaban para cobrar planes. De las escuchas telefónicas se desprende que obligaban a entregar hasta el 50% del monto cobrado por los planes.
Los "punteros" fueron detenidos, procesados por extorsión y liberados. En sus declaraciones indagatorias explicaron que casi mil planes sociales fueron entregados por el Estado nacional al municipio de José C. Paz. Que a su vez se los cedió a la agrupación "Pueblo Militante Bonaerense" que los administró a través de punteros. Esa organización, según declararon los procesados, era la que controlaba la asistencia a los trabajos de los beneficiarios de los planes y decidían a quién se les daba de alta o de baja un beneficio. Los planes sociales que están bajo investigación fueron destinados a la Cooperativa "Donde hay una necesidad hay un derecho" que estaba bajo el mando de una empleada del área de Acción Social de la Municipalidad, quien está entre los procesados.
Según pudo reconstruir Infobae en fuentes judiciales, el procesamiento de la puntera en cuestión es el que más contundentemente refleja lo peor del clientelismo político. La puntera procesada les pedía la mitad del subsidio, 50 pesos cuando faltaban a sus actividades para no ponerles ausente, 100 pesos por una única vez, y 30 pesos mensuales, con la excusa de que se usaban para gastos de la Cooperativa. Los primeros días de cada mes, la puntera mandaba mensajes de texto reclamando "la suya". Y los beneficiarios de los planes o bien le llevaban el dinero a la casa o se lo hacían llegar por cobradores. Pero además del pedido de dinero, los beneficiarios tenían que asistir a los actos políticos porque la ausencia también ponía en riesgo el plan social. Las pruebas son muy caras. Había una estructura que se quedaba con parte del dinero que cobraban los más necesitados. Pero no termina en los procesados.
En el expediente hay decenas de testimonios de gente que solo tiene un "Plan Trabajar" o un "Argentina Trabaja" que reflejan que punteros del oficialismo de José C. Paz le pedían -desde hace por lo menos tres años- una parte de lo cobrado bajo la amenaza de que si no lo hacían perdían el beneficio.
Vence procesó a cuatro personas que eran empleados de la Municipalidad de José C. Paz porque las pruebas son contundentes. En los allanamientos en sus domicilios encontraron documentos de otras personas que se usaban para cobrar planes. De las escuchas telefónicas se desprende que obligaban a entregar hasta el 50% del monto cobrado por los planes.
Los "punteros" fueron detenidos, procesados por extorsión y liberados. En sus declaraciones indagatorias explicaron que casi mil planes sociales fueron entregados por el Estado nacional al municipio de José C. Paz. Que a su vez se los cedió a la agrupación "Pueblo Militante Bonaerense" que los administró a través de punteros. Esa organización, según declararon los procesados, era la que controlaba la asistencia a los trabajos de los beneficiarios de los planes y decidían a quién se les daba de alta o de baja un beneficio. Los planes sociales que están bajo investigación fueron destinados a la Cooperativa "Donde hay una necesidad hay un derecho" que estaba bajo el mando de una empleada del área de Acción Social de la Municipalidad, quien está entre los procesados.
Según pudo reconstruir Infobae en fuentes judiciales, el procesamiento de la puntera en cuestión es el que más contundentemente refleja lo peor del clientelismo político. La puntera procesada les pedía la mitad del subsidio, 50 pesos cuando faltaban a sus actividades para no ponerles ausente, 100 pesos por una única vez, y 30 pesos mensuales, con la excusa de que se usaban para gastos de la Cooperativa. Los primeros días de cada mes, la puntera mandaba mensajes de texto reclamando "la suya". Y los beneficiarios de los planes o bien le llevaban el dinero a la casa o se lo hacían llegar por cobradores. Pero además del pedido de dinero, los beneficiarios tenían que asistir a los actos políticos porque la ausencia también ponía en riesgo el plan social. Las pruebas son muy caras. Había una estructura que se quedaba con parte del dinero que cobraban los más necesitados. Pero no termina en los procesados.
El caso comenzó cuando un beneficiario de un plan social se fue a quejar al municipio porque había dejado de cobrar el beneficio. Le dijeron que él lo seguía cobrando y le mostraron un DNI con sus datos pero con la foto de otro. El otro era un puntero del oficialismo paceño. Esposo de otra puntera que también fue investigada. La jueza Vence firmó varios procesamientos por el delito de extorsión. Extorsión que padecían (¿padecen?) los más humildes.
Los procesamientos firmados por la jueza Vence en diciembre fueron los antecedentes para el llamado a indagatoria del actual intendente y de su hermano.
En el expediente hay decenas de testimonios de gente que solo tiene un "Plan Trabajar" o un "Argentina Trabaja" que reflejan que punteros del oficialismo de José C. Paz le pedían -desde hace por lo menos tres años- una parte de lo cobrado bajo la amenaza de que si no lo hacían perdían el beneficio.
Vence procesó a cuatro personas que eran empleados de la Municipalidad de José C. Paz porque las pruebas son contundentes. En los allanamientos en sus domicilios encontraron documentos de otras personas que se usaban para cobrar planes. De las escuchas telefónicas se desprende que obligaban a entregar hasta el 50% del monto cobrado por los planes.
Los "punteros" fueron detenidos, procesados por extorsión y liberados. En sus declaraciones indagatorias explicaron que casi mil planes sociales fueron entregados por el Estado nacional al municipio de José C. Paz. Que a su vez se los cedió a la agrupación "Pueblo Militante Bonaerense" que los administró a través de punteros. Esa organización, según declararon los procesados, era la que controlaba la asistencia a los trabajos de los beneficiarios de los planes y decidían a quién se les daba de alta o de baja un beneficio. Los planes sociales que están bajo investigación fueron destinados a la Cooperativa "Donde hay una necesidad hay un derecho" que estaba bajo el mando de una empleada del área de Acción Social de la Municipalidad, quien está entre los procesados.
Según pudo reconstruir Infobae en fuentes judiciales, el procesamiento de la puntera en cuestión es el que más contundentemente refleja lo peor del clientelismo político. La puntera procesada les pedía la mitad del subsidio, 50 pesos cuando faltaban a sus actividades para no ponerles ausente, 100 pesos por una única vez, y 30 pesos mensuales, con la excusa de que se usaban para gastos de la Cooperativa. Los primeros días de cada mes, la puntera mandaba mensajes de texto reclamando "la suya". Y los beneficiarios de los planes o bien le llevaban el dinero a la casa o se lo hacían llegar por cobradores. Pero además del pedido de dinero, los beneficiarios tenían que asistir a los actos políticos porque la ausencia también ponía en riesgo el plan social. Las pruebas son muy caras. Había una estructura que se quedaba con parte del dinero que cobraban los más necesitados. Pero no termina en los procesados.
En el expediente hay decenas de testimonios de gente que solo tiene un "Plan Trabajar" o un "Argentina Trabaja" que reflejan que punteros del oficialismo de José C. Paz le pedían -desde hace por lo menos tres años- una parte de lo cobrado bajo la amenaza de que si no lo hacían perdían el beneficio.
Vence procesó a cuatro personas que eran empleados de la Municipalidad de José C. Paz porque las pruebas son contundentes. En los allanamientos en sus domicilios encontraron documentos de otras personas que se usaban para cobrar planes. De las escuchas telefónicas se desprende que obligaban a entregar hasta el 50% del monto cobrado por los planes.
Los "punteros" fueron detenidos, procesados por extorsión y liberados. En sus declaraciones indagatorias explicaron que casi mil planes sociales fueron entregados por el Estado nacional al municipio de José C. Paz. Que a su vez se los cedió a la agrupación "Pueblo Militante Bonaerense" que los administró a través de punteros. Esa organización, según declararon los procesados, era la que controlaba la asistencia a los trabajos de los beneficiarios de los planes y decidían a quién se les daba de alta o de baja un beneficio. Los planes sociales que están bajo investigación fueron destinados a la Cooperativa "Donde hay una necesidad hay un derecho" que estaba bajo el mando de una empleada del área de Acción Social de la Municipalidad, quien está entre los procesados.
Según pudo reconstruir Infobae en fuentes judiciales, el procesamiento de la puntera en cuestión es el que más contundentemente refleja lo peor del clientelismo político. La puntera procesada les pedía la mitad del subsidio, 50 pesos cuando faltaban a sus actividades para no ponerles ausente, 100 pesos por una única vez, y 30 pesos mensuales, con la excusa de que se usaban para gastos de la Cooperativa. Los primeros días de cada mes, la puntera mandaba mensajes de texto reclamando "la suya". Y los beneficiarios de los planes o bien le llevaban el dinero a la casa o se lo hacían llegar por cobradores. Pero además del pedido de dinero, los beneficiarios tenían que asistir a los actos políticos porque la ausencia también ponía en riesgo el plan social. Las pruebas son muy caras. Había una estructura que se quedaba con parte del dinero que cobraban los más necesitados. Pero no termina en los procesados.
Con información de
Infobae
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