25 DE ABRIL 2024
SANTA FE
Pullaro ya es querellante en la causa que investiga la difusión de las escuchas a su teléfono
Por:
Ignacio Mendoza
Miércoles 25 de
Julio 2018
Por medio de su abogado particular, el ministro de Seguridad se constituyó ayer por la mañana tras un dictamen resuelto por el juez penal de Santa Fe, Sergio Carraro.
La causa que investiga cómo se filtraron las escuchas telefónicas que fueron realizadas al celular oficial del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Santa Fe. El flamante episodio fue el martes luego de que el juez Sergio Carraro, del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe, dictó una resolución donde admite al funcionario provincial como querellante en la pesquisa judicial que es encabezada por los fiscales de Rosario, Juliana González y Gustavo Ponce.
El ministro de Seguridad ahora tendrá participación en la investigación y lo hará mediante su abogado, Pablo Cococcioni. Este último se desempeña como funcionario del gobierno provincial, ya que es el titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial.
La constitución de querellante iba a darse en el marco de una audiencia pero tras la presentación de un escrito del abogado Néstor Oroño en la jornada del martes, que representa a los fiscales que están siendo investigados en la causa, Roberto Apullán y María Laura Martí, la admisión fue automática.
El caso remonta al 2017, cuando el titular de la cartera de Seguridad denunció la divulgación de las escuchas que formaban parte de una intervención telefónica a su móvil oficial. Dicha intervención se dio por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, cuando los fiscales Apullán y Martí investigaban al exjefe de Policía, Adrián Rodríguez, por cohecho.
En aquel entonces, Rodríguez fue detenido por agentes de Asuntos Internos el 9 de octubre del año pasado cuando se encontraba en funciones en la Unidad Regional V con sede en la ciudad de Rafaela (departamento Castellanos). Un día después, fue liberado por orden del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arieti, tras una instrucción que envió al fiscal Apullán para que la investigación continúe pero con el comisario en estado de libertad. Dos semanas después, ya en Fiscalía, Apullán citó a Rodríguez para imputarlo, pero unos minutos previos a la audiencia fue apartado por Arietti, ya que la investigación había cambiado de área en el Ministerio Público de la Acusación y por ello terminó en las manos del fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández.
Un mes después, a principios de noviembre, las escuchas en las que estaba involucrado el ministro Pullaro comenzaron a circular por redes sociales, en un principio, y luego por medios de comunicación de la capital provincial y también de la región. Esa situación motivó al titular de la cartera de Seguridad a que radique una denuncia el 7 de noviembre con el fin de que se investigue cómo se filtraron esos audios que se encontraban en sede judicial.
Quieren la verdad
"Como dijimos desde un principio. Nosotros queremos saber no solamente los que aparecen como los autores más inmediatos, que son los fiscales que estaban a cargo de la investigación, sino quién estuvo detrás de todo esto", dijo al respecto Pablo Cococcioni a UNO Santa Fe tras conocerse la admisión del juez Carraro. "Nos interesa saber qué otros posibles autores partícipes estuvieron en otra maniobra", acotó el funcionario que patrocina la querella de Pullaro.
Para el letrado, existen sospechas de que la divulgación de las escuchas habrían estado atadas al contexto electoral en el que se dieron las elecciones del año pasado. "Algunos sectores se hicieron eco en la Cámara Legislativa. Esos estaban agitando un poco este tema en un clima preelectoral con alguna intención de obtener algún rédito político. Tenemos todo el derecho a sospechar que hubo un cierto armado político en esta causa judicial", explicó.
"En este momento, no podemos probarlo y es por eso que nos constituimos como querellantes porque queremos que la Justicia investigue", señaló Cococcioni a este diario.
Consultado por los dichos de los fiscales Apullán y Martí, quienes el pasado 14 de junio, en una audiencia en la Cámara de Apelaciones –donde se debatía si se intervenían o no servidores del MPA de Santa Fe–, acusaron al fiscal regional de haber sido él quien les ordenó que envíen las escuchas al gobierno provincial, el abogado de Pullaro volvió a reiterar que lo que se busca principalmente es conocer la verdad.
"Me parece como que han empezado a embarrar a otras personas para tratar de que se diluya todo el problema, entonces han salido a involucrar a otros funcionarios que hasta ahora no tengo nada que afirmar, por lo que han querido enturbiar la causa", sostuvo Cococcioni.
"Lo que finalmente va haber es la prueba y justamente, para obtener esa prueba es que nosotros queremos controlar la investigación", sentenció.
El ministro de Seguridad ahora tendrá participación en la investigación y lo hará mediante su abogado, Pablo Cococcioni. Este último se desempeña como funcionario del gobierno provincial, ya que es el titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial.
La constitución de querellante iba a darse en el marco de una audiencia pero tras la presentación de un escrito del abogado Néstor Oroño en la jornada del martes, que representa a los fiscales que están siendo investigados en la causa, Roberto Apullán y María Laura Martí, la admisión fue automática.
El caso remonta al 2017, cuando el titular de la cartera de Seguridad denunció la divulgación de las escuchas que formaban parte de una intervención telefónica a su móvil oficial. Dicha intervención se dio por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, cuando los fiscales Apullán y Martí investigaban al exjefe de Policía, Adrián Rodríguez, por cohecho.
En aquel entonces, Rodríguez fue detenido por agentes de Asuntos Internos el 9 de octubre del año pasado cuando se encontraba en funciones en la Unidad Regional V con sede en la ciudad de Rafaela (departamento Castellanos). Un día después, fue liberado por orden del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arieti, tras una instrucción que envió al fiscal Apullán para que la investigación continúe pero con el comisario en estado de libertad. Dos semanas después, ya en Fiscalía, Apullán citó a Rodríguez para imputarlo, pero unos minutos previos a la audiencia fue apartado por Arietti, ya que la investigación había cambiado de área en el Ministerio Público de la Acusación y por ello terminó en las manos del fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández.
Un mes después, a principios de noviembre, las escuchas en las que estaba involucrado el ministro Pullaro comenzaron a circular por redes sociales, en un principio, y luego por medios de comunicación de la capital provincial y también de la región. Esa situación motivó al titular de la cartera de Seguridad a que radique una denuncia el 7 de noviembre con el fin de que se investigue cómo se filtraron esos audios que se encontraban en sede judicial.
Quieren la verdad
"Como dijimos desde un principio. Nosotros queremos saber no solamente los que aparecen como los autores más inmediatos, que son los fiscales que estaban a cargo de la investigación, sino quién estuvo detrás de todo esto", dijo al respecto Pablo Cococcioni a UNO Santa Fe tras conocerse la admisión del juez Carraro. "Nos interesa saber qué otros posibles autores partícipes estuvieron en otra maniobra", acotó el funcionario que patrocina la querella de Pullaro.
Para el letrado, existen sospechas de que la divulgación de las escuchas habrían estado atadas al contexto electoral en el que se dieron las elecciones del año pasado. "Algunos sectores se hicieron eco en la Cámara Legislativa. Esos estaban agitando un poco este tema en un clima preelectoral con alguna intención de obtener algún rédito político. Tenemos todo el derecho a sospechar que hubo un cierto armado político en esta causa judicial", explicó.
"En este momento, no podemos probarlo y es por eso que nos constituimos como querellantes porque queremos que la Justicia investigue", señaló Cococcioni a este diario.
Consultado por los dichos de los fiscales Apullán y Martí, quienes el pasado 14 de junio, en una audiencia en la Cámara de Apelaciones –donde se debatía si se intervenían o no servidores del MPA de Santa Fe–, acusaron al fiscal regional de haber sido él quien les ordenó que envíen las escuchas al gobierno provincial, el abogado de Pullaro volvió a reiterar que lo que se busca principalmente es conocer la verdad.
"Me parece como que han empezado a embarrar a otras personas para tratar de que se diluya todo el problema, entonces han salido a involucrar a otros funcionarios que hasta ahora no tengo nada que afirmar, por lo que han querido enturbiar la causa", sostuvo Cococcioni.
"Lo que finalmente va haber es la prueba y justamente, para obtener esa prueba es que nosotros queremos controlar la investigación", sentenció.
Con información de
unosantafe
