El primero de los proyectos, aprobado por el Senado en diciembre del 2011, se modificó para que no se condene con las mismas penas el intento de abuso y el abuso sexual concretado, tal como lo estipulaba la Cámara alta.
 
A ese texto, que modifica el artículo 125 del Código Penal, se llegó con el acuerdo de diputados de todas las bancadas, por lo que la votación fue respaldada por los 206 legisladores que en ese momento se encontraban en el recinto.
 
La iniciativa, de “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”, fue impulsada por Mara Brawer, a quien acompañan las firmas de otros ocho diputados.
 
El proyecto establece las bases para “la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia”, así como sobre “el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional”.