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El fiscal pidió que vayan a juicio oral cinco de los acusados en la causa de la mina de Río Turbio
Por:
Patricia Blanco
Miércoles 05 de
Septiembre 2018
Es por el pago de YCRT a una empresa ligada a Romina Mercado y Lascurain, uno de los empresarios presos en la causa de los cuadernos de la corrupción
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy mandar a juicio oral a cinco de los acusados en la causa que investiga una millonaria malversación de fondos en la reactivación de la mina de Río Turbio. Se trata de la investigación por la que está preso el ex ministro de Planificación Julio De Vido y que está en manos del juez Luis Rodríguez.
Aquí, Stornelli puso la lupa sobre una de las maniobras que se descubrió en la causa: el pago injustificado a la empresa Fainser, en donde la apoderada legal era Romina Mercado, la sobrina de Cristina Kirchner, justo unos días antes de que el Gobierno kirchnerista abandonara la Casa Rosada.
"Tengo por cierto y por probado Atanacio Pérez Osuna -en su calidad de Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio-, Miguel Ángel Larregina –Coordinador General de Yacimientos Carboníferos Río Turbio-, Juan Marcelo Vargas –Asesor de la Intervención-, Horacio Matías Mazu –Intendente de la Municipalidad de Río Turbio- y Juan Carlos Lascurain –Presidente de la firma FAINSER S.A.- tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos", dijo el dictamen al que accedió Infobae.
Según se sospecha, se desviaron $50 millones, que salieron de los fondos de YCRT con el aval de la municipalidad de Río Turbio, "sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa Fainser S.A, a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015".
Stornelli los acusó del delito de peculado, que prevé una pena de hasta diez años de prisión para el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada. A Pérez Osuna –que está preso- lo acusó de ser autor, y al resto partícipes necesarios.
El 29 de junio de 2015 YCRT, representada por Pérez Osuna, suscribió con la Municipalidad de Río Turbio, entonces a cargo del ex intendente Horacio Matías MAZU, un "convenio específico" cuyo objeto era proveer asistencia financiera para la ejecución de la obra denominada "readecuación de la Avenida Y.C.F.", emplazada en la localidad de Río Turbio.
Esa obra había sido adjudicada a Fainser por $494.235.200, con un contrato de obra firmado el 29 de junio de 2015. Según el fiscal, la "obra programada nunca exhibió comienzo de ejecución" y "las obras de readecuación jamás se iniciaron", pero entre noviembre y diciembre "fueron percibidos por la firma adjudicataria sin contraprestación y/o inicio de las obras comprometidas según convenio de referencia" unos $50 millones.
Cuando le tocó declarar en indagatoria, Pérez Osuna explicó que "la obra era necesaria y de suma importancia" porque iba a ser "el único acceso a Río Turbio, tanto para la gente de ahí como de 28 de Noviembre" para evitar los accidentes que se producían en la zona "por el constante movimiento de maquinarias, colectivos y camiones de la empresa Yacimiento Río Turbio".
Y negó tener posibilidad alguna para recuperar los fondos: "La plata nunca ingresó a la Municipalidad de Río Turbio y se paga por YCRT, y la póliza está en ese lugar. No hay forma de que la Municipalidad pueda recuperar una plata que nunca ingresó ni tampoco nunca salió". Además, dijo Pérez Osuna, "la firma de este contrato, la decisión, fue del Ministerio de Planificación Federal, a través del Licenciado Roberto Baratta".
Cuando le preguntaron por qué le habían entregado el dinero a Fainser, aseguró: "Nunca di la orden de que se pagara por YCRT. Es evidente que hubo una orden superior, que el que seguramente lo puede decir con lujo de detalles es Larregina, porque él manifiesta que le daban órdenes y le mandaban correos electrónicos".
Aquí, Stornelli puso la lupa sobre una de las maniobras que se descubrió en la causa: el pago injustificado a la empresa Fainser, en donde la apoderada legal era Romina Mercado, la sobrina de Cristina Kirchner, justo unos días antes de que el Gobierno kirchnerista abandonara la Casa Rosada.
"Tengo por cierto y por probado Atanacio Pérez Osuna -en su calidad de Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio-, Miguel Ángel Larregina –Coordinador General de Yacimientos Carboníferos Río Turbio-, Juan Marcelo Vargas –Asesor de la Intervención-, Horacio Matías Mazu –Intendente de la Municipalidad de Río Turbio- y Juan Carlos Lascurain –Presidente de la firma FAINSER S.A.- tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos", dijo el dictamen al que accedió Infobae.
Según se sospecha, se desviaron $50 millones, que salieron de los fondos de YCRT con el aval de la municipalidad de Río Turbio, "sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa Fainser S.A, a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015".
Stornelli los acusó del delito de peculado, que prevé una pena de hasta diez años de prisión para el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada. A Pérez Osuna –que está preso- lo acusó de ser autor, y al resto partícipes necesarios.
El 29 de junio de 2015 YCRT, representada por Pérez Osuna, suscribió con la Municipalidad de Río Turbio, entonces a cargo del ex intendente Horacio Matías MAZU, un "convenio específico" cuyo objeto era proveer asistencia financiera para la ejecución de la obra denominada "readecuación de la Avenida Y.C.F.", emplazada en la localidad de Río Turbio.
Esa obra había sido adjudicada a Fainser por $494.235.200, con un contrato de obra firmado el 29 de junio de 2015. Según el fiscal, la "obra programada nunca exhibió comienzo de ejecución" y "las obras de readecuación jamás se iniciaron", pero entre noviembre y diciembre "fueron percibidos por la firma adjudicataria sin contraprestación y/o inicio de las obras comprometidas según convenio de referencia" unos $50 millones.
Cuando le tocó declarar en indagatoria, Pérez Osuna explicó que "la obra era necesaria y de suma importancia" porque iba a ser "el único acceso a Río Turbio, tanto para la gente de ahí como de 28 de Noviembre" para evitar los accidentes que se producían en la zona "por el constante movimiento de maquinarias, colectivos y camiones de la empresa Yacimiento Río Turbio".
Y negó tener posibilidad alguna para recuperar los fondos: "La plata nunca ingresó a la Municipalidad de Río Turbio y se paga por YCRT, y la póliza está en ese lugar. No hay forma de que la Municipalidad pueda recuperar una plata que nunca ingresó ni tampoco nunca salió". Además, dijo Pérez Osuna, "la firma de este contrato, la decisión, fue del Ministerio de Planificación Federal, a través del Licenciado Roberto Baratta".
Cuando le preguntaron por qué le habían entregado el dinero a Fainser, aseguró: "Nunca di la orden de que se pagara por YCRT. Es evidente que hubo una orden superior, que el que seguramente lo puede decir con lujo de detalles es Larregina, porque él manifiesta que le daban órdenes y le mandaban correos electrónicos".
Con información de
infobae
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