Los diputados trabajaron sobre la media sanción que el Senado aprobó en 2009 para avanzar en la concreción de un régimen penal juvenil, que abarca desde los chicos de 14 a 16 años hasta los menores de 18. El texto que elaboraron los senadores –con el consenso del FpV, la UCR y el PS– propone un sistema de penalidades propio para los menores de entre 16 y 18 años que, ya considerados imputables y a pesar de ser juzgados bajo un régimen especial, tienen las mismas penas que los adultos. También baja la edad de imputabilidad para los chicos de entre 14 y 16 años, propone un sistema diferenciado para ese rango de edad con el que busca reemplazar la legislación vigente desde la dictadura, en la que los chicos no son juzgados, pero tampoco tienen derecho a defensa y quedan bajo la decisión “arbitraria” de un juez. Los diputados, en tanto, modificaron y limitaron el régimen penal que proponía el Senado para los chicos a partir de los 14 años, “con todo tipo de garantías procesales”, y “priorizaron las medidas educativas por sobre las sanciones”, según explicaron.
 
La iniciativa aprobada en el Senado nunca avanzó más allá de un tratamiento limitado en la Comisión Legislativa de la Cámara baja, y lejos estaba de llegar alguna vez al recinto. Ninguno de los diputados de las distintas bancadas, que incluso trabajaron sobre el proyecto, se mostró dispuesto a asumir el costo por los cuestionamientos y las dudas que genera la baja de la edad de la imputabilidad penal. Una discusión que se abrió ahora en todo el arco político y dentro del propio kirchnerismo, luego de que Martín Insaurralde –intendente de Lomas de Zamora y cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires– reinstalara el tema.
 
“No es un buen argumento decir que el Estado debe llegar de alguna forma a los menores con problemas, y que esa forma es la ley penal porque han fracasado otras vías. Pensar que la única forma es a través de la norma penal resulta alarmante. Debería ser la oportunidad de reflexionar como sociedad acerca de los problemas que tenemos, si entre nosotros se dan sucesos de tal gravedad que llevan a muchos a pensar que para un niño de 14 años la solución a sus problemas es la cárcel”, contestó el diputado oficialista Oscar Albrieu ante la consulta de Página/12.
 
Aunque el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja admite que “no se puede ignorar que los adolescentes de 14 y 15 años, al estar al margen de la ley penal por ser inimputables, también quedan al margen de las garantías que brinda la ley procesal penal: tener un abogado defensor, oportunidad de declarar para defenderse, necesidad de que se prueben las acusaciones, posibilidad de apelar las resoluciones que los perjudican, entre otras”. Como ex juez federal, Albrieu también reconoce que, al no haber juicio, la Justicia “tampoco investiga” si hubo adultos que reclutaron al menor para delinquir. Un tema en el que distintas denuncias también involucran a las propias fuerzas de seguridad.
 
El Senado dio media sanción en 2009 a un proyecto de responsabilidad penal juvenil que impulsaron los senadores oficialistas Miguel Angel Pichetto y Marita Perceval (actual embajadora argentina en las Naciones Unidas), el socialista Rubén Giustiniani y el radical Gerardo Morales. Allí se establecía un régimen de penalidades propias para los menores de entre 16 y 18 años. En este punto cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado a la Argentina porque la Justicia aplicó, bajo la legislación vigente desde la dictadura, penas de reclusión perpetua a menores de edad. Pero la iniciativa perdió estado parlamentario.
 
–¿Qué pasó con la media sanción del Senado sobre el tema? –le preguntó este diario a Albrieu.
 
–En la comisión hemos trabajado sobre el tema con legisladores de distintas bancadas, coincidimos en incluir a los menores de 14 y 15 años en un régimen legal y se sugirieron modificaciones al texto que llegó del Senado. El proyecto que elaboramos en comisión contemplaba penas reducidas para los menores, un procedimiento con todas las garantías y que preveía la internación sólo en casos de suma gravedad. El consenso no alcanzó para llevar la discusión al recinto –contestó el diputado rionegrino.
 
–¿Se hicieron modificaciones sobre las penas? ¿En qué casos?
 
–Creemos que se deben prever sanciones penales leves, que en algunos casos podrán consistir solamente en trabajos comunitarios, o medidas educativas o curativas, como el caso de adicción al consumo de estupefacientes. Y que las sanciones, salvo el caso de delitos de extrema gravedad, no sean tenidas en cuenta como antecedentes.
 
Albrieu afirmó que “no existe” ninguna directiva de la bancada del Frente para la Victoria de abrir el debate sobre el tema en Diputados. Aunque reconoció que las correcciones que se hicieron en la Comisión de Legislación Penal sobre la media sanción del Senado podrían ser “el borrador” para una “amplia discusión legislativa”.