NICARAGUA
Doce países denunciaron en la OEA la intransigencia de Daniel Ortega y un "clima de miedo"
Viernes 19 de
Octubre 2018
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú denunciaron al régimen. "Los informes de detención y victimización están en aumento, al igual que los actos continuos de represión e intimidación", señala el informe de la Organización de Estados Americanos
El Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), integrado por 12 países, alertó de un "clima de miedo" en Nicaragua y dijo haber observado un aumento de las detenciones entre quienes protestan contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
El embajador de Chile ante la OEA, Hernán Salinas, presentó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el último informe del Grupo de Trabajo, creado el 2 de agosto y compuesto por 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
El reporte concluye que, "si bien se ha contenido la represión violenta de los meses de verano, prevalece un clima de miedo" en Nicaragua debido a que "los informes de detención y victimización están en aumento, al igual que los actos continuos de represión e intimidación".
Las protestas contra Ortega estallaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia tras once años en el poder.
Los choques entre manifestantes y simpatizantes de Ortega provocaron una gran cantidad de víctimas mortales al comienzo de las protestas, una violencia que se incrementó en verano debido a la "Operación Limpieza" del Ejecutivo para eliminar las barricadas en bastiones opositores, como la ciudad de Masaya (oeste).
Posteriormente, el Gobierno persiguió judicialmente a quienes considera instigadores de un intento de "golpe de Estado" y prohibió las manifestaciones convocadas sin permiso de las autoridades.
En ese contexto, el Grupo de Trabajo ha constatado que "no ha habido ningún progreso" hacia la reanudación del diálogo nacional mediado por la Iglesia Católica y en el que participan el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica, que aglutinaba al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos.
La Alianza Cívica invitó al Grupo de Trabajo a visitar Nicaragua para "propiciar una comprensión cabal de la evolución de la situación, así como para desarrollar un diálogo productivo", pero el Ejecutivo nicaragüense "aún no está preparado para recibir" al ente, asevera el informe.
Durante el último mes, el Grupo de Trabajo se reunió con los representantes de varias entidades financieras, como el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
Fuentes diplomáticas explicaron a EFE que, durante esos encuentros, se evaluó la posibilidad de tomar medidas económicas contra Ortega, como la congelación de fondos, pero no se acordó ninguna decisión.
La crisis sociopolítica ha dejado un saldo de entre 325 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos", según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, pero el Ejecutivo rechaza esas denuncias.
El embajador de Chile ante la OEA, Hernán Salinas, presentó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el último informe del Grupo de Trabajo, creado el 2 de agosto y compuesto por 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
El reporte concluye que, "si bien se ha contenido la represión violenta de los meses de verano, prevalece un clima de miedo" en Nicaragua debido a que "los informes de detención y victimización están en aumento, al igual que los actos continuos de represión e intimidación".
Las protestas contra Ortega estallaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia tras once años en el poder.
Los choques entre manifestantes y simpatizantes de Ortega provocaron una gran cantidad de víctimas mortales al comienzo de las protestas, una violencia que se incrementó en verano debido a la "Operación Limpieza" del Ejecutivo para eliminar las barricadas en bastiones opositores, como la ciudad de Masaya (oeste).
Posteriormente, el Gobierno persiguió judicialmente a quienes considera instigadores de un intento de "golpe de Estado" y prohibió las manifestaciones convocadas sin permiso de las autoridades.
En ese contexto, el Grupo de Trabajo ha constatado que "no ha habido ningún progreso" hacia la reanudación del diálogo nacional mediado por la Iglesia Católica y en el que participan el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica, que aglutinaba al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos.
La Alianza Cívica invitó al Grupo de Trabajo a visitar Nicaragua para "propiciar una comprensión cabal de la evolución de la situación, así como para desarrollar un diálogo productivo", pero el Ejecutivo nicaragüense "aún no está preparado para recibir" al ente, asevera el informe.
Durante el último mes, el Grupo de Trabajo se reunió con los representantes de varias entidades financieras, como el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
Fuentes diplomáticas explicaron a EFE que, durante esos encuentros, se evaluó la posibilidad de tomar medidas económicas contra Ortega, como la congelación de fondos, pero no se acordó ninguna decisión.
La crisis sociopolítica ha dejado un saldo de entre 325 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos", según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, pero el Ejecutivo rechaza esas denuncias.
Con información de
infobae
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