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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
La Corte Suprema definió las cuatro sentencias que dictará antes de fin de año
Martes 13 de
Noviembre 2018
La posibilidad de que el poder judicial pague el impuesto a las Ganancias; la aplicación del 2x1; la constitucionalidad de la ley de lemas en Santa Cruz y el índice de las jubilaciones
En la reunión de acuerdos que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) realizan todos los martes, los magistrados finalmente definieron las causas en las que dictarán sentencia antes de que termine el año.
En medio de cierto malestar entre algunos integrantes de la CSJN, ahora los jueces decidieron que, en primera instancia, el 27 de noviembre resolverán la causa que se desprendió de una medida cautelar presentada por el Estado nacional contra una medida que impide que los integrantes del Poder Judicial sean alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
Lo que resolverá la Corte no será la cuestión de fondo (si los jueces y fiscales deben pagar ese impuesto), sino que se pronunciará respecto de una medida provisoria dictada por el juez Esteban Furnari en noviembre del año pasado.
En su fallo, el magistrado hizo lugar a un amparo que presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional (AMFJN), y frenó la aplicación de la ley impulsada por el oficialismo que establece que todos los nuevos integrantes del Poder Judicial deben tributar Ganancias. El Estado apeló la decisión de Furnari y el reclamo llegó a la Corte, que definirá el martes 27.
En segundo lugar, el máximo tribunal emitirá sentencia el 4 de diciembre en relación a la constitucionalidad o no de la aplicación del beneficio del 2×1 (que cada año detenido antes del dictado de la sentencia se computa doble) para quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Cuando en mayo del año pasado el tribunal se pronunció a favor en una causa contra Luis Muiña, cientos de miles de personas protestaron contra esa decisión en la calle y el Congreso aprobó una ley que limita la aplicación del beneficio.
El martes 11 de diciembre, la Corte Suprema dictará sentencia respecto de la constitucionalidad o no de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Un fallo de primera instancia ya dictó la inconstitucionalidad de la ampliación de la ley de lemas a los cargos de gobernador y vicegobernador, aplicada a instancias del Gobierno santacruceño en las elecciones de 2015.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de la provincia confirmó la validez de ese cambio en la ley de lemas, lo cual dio lugar a un recurso ante el máximo tribunal del país.
En los comicios de 2015, el actual senador Eduardo Costa (UCR) fue el candidato más votado del lema Unión para Vivir Mejor/Cambiemos, aunque por la reforma, Alicia Kirchner fue electa gobernadora con la suma de los votos del candidato del Partido Justicialista, el ex gobernador Daniel Peralta.
Por último, el máximo tribunal dejó para el 18 de diciembre la definición que tiene en vilo al oficialismo: se trata de la resolución de un caso de un jubilado que le reclamó al Estado que debería cobrar más de lo que le pagan por la Reparación Histórica, y que podría tener impacto en más de 150 mil juicios impulsados por otras personas de la tercera edad con reclamos similares.
Cambiemos está pendiente de esta decisión de la Corte, porque un fallo a favor de Lucio Orlando Blanco, el jubilado que protagoniza el reclamo, podría ser problemático para las cuentas de la ANSES en el marco de un fuerte ajuste en los gastos del Estado con el objetivo de alcanzar el déficit cero exigido por el FMI.
En medio de cierto malestar entre algunos integrantes de la CSJN, ahora los jueces decidieron que, en primera instancia, el 27 de noviembre resolverán la causa que se desprendió de una medida cautelar presentada por el Estado nacional contra una medida que impide que los integrantes del Poder Judicial sean alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
Lo que resolverá la Corte no será la cuestión de fondo (si los jueces y fiscales deben pagar ese impuesto), sino que se pronunciará respecto de una medida provisoria dictada por el juez Esteban Furnari en noviembre del año pasado.
En su fallo, el magistrado hizo lugar a un amparo que presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional (AMFJN), y frenó la aplicación de la ley impulsada por el oficialismo que establece que todos los nuevos integrantes del Poder Judicial deben tributar Ganancias. El Estado apeló la decisión de Furnari y el reclamo llegó a la Corte, que definirá el martes 27.
En segundo lugar, el máximo tribunal emitirá sentencia el 4 de diciembre en relación a la constitucionalidad o no de la aplicación del beneficio del 2×1 (que cada año detenido antes del dictado de la sentencia se computa doble) para quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Cuando en mayo del año pasado el tribunal se pronunció a favor en una causa contra Luis Muiña, cientos de miles de personas protestaron contra esa decisión en la calle y el Congreso aprobó una ley que limita la aplicación del beneficio.
El martes 11 de diciembre, la Corte Suprema dictará sentencia respecto de la constitucionalidad o no de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Un fallo de primera instancia ya dictó la inconstitucionalidad de la ampliación de la ley de lemas a los cargos de gobernador y vicegobernador, aplicada a instancias del Gobierno santacruceño en las elecciones de 2015.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de la provincia confirmó la validez de ese cambio en la ley de lemas, lo cual dio lugar a un recurso ante el máximo tribunal del país.
En los comicios de 2015, el actual senador Eduardo Costa (UCR) fue el candidato más votado del lema Unión para Vivir Mejor/Cambiemos, aunque por la reforma, Alicia Kirchner fue electa gobernadora con la suma de los votos del candidato del Partido Justicialista, el ex gobernador Daniel Peralta.
Por último, el máximo tribunal dejó para el 18 de diciembre la definición que tiene en vilo al oficialismo: se trata de la resolución de un caso de un jubilado que le reclamó al Estado que debería cobrar más de lo que le pagan por la Reparación Histórica, y que podría tener impacto en más de 150 mil juicios impulsados por otras personas de la tercera edad con reclamos similares.
Cambiemos está pendiente de esta decisión de la Corte, porque un fallo a favor de Lucio Orlando Blanco, el jubilado que protagoniza el reclamo, podría ser problemático para las cuentas de la ANSES en el marco de un fuerte ajuste en los gastos del Estado con el objetivo de alcanzar el déficit cero exigido por el FMI.
Con información de
infobae
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