VENEZUELA
La Asamblea Nacional declaró usurpador a Maduro
Martes 15 de
Enero 2019
El parlamento de Venezuela consideró “nulos” todos los actos del presidente.
El parlamento de Venezuela declaró este martes la “usurpación de la Presidencia” de la república por parte de Nicolás Maduro y “nulos” todos sus actos pero no asumirá el gobierno sino que elaborará el “marco legislativo” para un “proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias” del Ejecutivo al Legislativo.
En un acuerdo votado en la sesión de esta tarde por la holgada mayoría opositora, la Asamblea Nacional (AN) resolvió “declarar formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros”.
La resolución implica “asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás Maduro y repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo”.
Asimismo, la AN decidió adoptar “las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un gobierno de transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible”.
Para ello, el parlamento se comprometió a “aprobar el marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”.
La resolución señala que el presidente de la AN, Juan Guaidó, “se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el estado de derecho en el país”.
Por otra parte, el acuerdo busca tender un puente con quienes desempeñan funciones al servicio del chavismo, al proponerse “establecer un marco legislativo que otorgue garantías para la reinserción democrática”.
En ese sentido, busca crear “incentivos para que los funcionarios civiles y policiales, así como los componentes de la Fuerza Armada Nacional, dejen de obedecer a Nicolás Maduro” y se allanen a “las decisiones de la AN”.
El documento subraya en los considerandos que Maduro no es “presidente electo”, lo que ratifica el desconocimiento, por parte de la AN, de los comicios de mayo pasado, en los que el mandatario fue reelecto sin participación de la mayoría de la oposición ni de observadores electorales independientes.
También admite que la “situación de usurpación” descripta “no encuentra una solución expresa en la Constitución” vigente, por lo cual la AN, “como única autoridad legítima del Estado y representante del pueblo venezolano, debe adoptar decisiones para proceder a restablecer la vigencia del orden constitucional”.
El texto cita varios artículos de la carta magna, entre ellos el 333, que “obliga a los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios al servicio del Estado, a realizar todas las acciones necesarias para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución”, y el 350, que “reconoce el derecho a la desobediencia civil frente a la usurpación”.
Además, sostiene que “ante la ausencia de una norma constitucional que regule la situación actual, es necesario aplicar analógicamente el artículo 233 de la Constitución”, que establece los motivos de vacancia de la Presidencia de la República y los modos de “suplir la inexistencia de presidente electo”.
El desconocimiento del nuevo mandato de Maduro -iniciado el jueves pasado- tiene lugar en el contexto de un conflicto de poderes derivado del hecho de que la AN quedara en manos de la oposición, que ganó holgadamente las elecciones parlamentarias de fines de 2015.
A partir de la asunción de los actuales legisladores, el chavismo -que controla los otros cuatro poderes de la república- neutralizó la actuación de la AN mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró en desacato al parlamento, y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada únicamente por oficialistas.
En un acuerdo votado en la sesión de esta tarde por la holgada mayoría opositora, la Asamblea Nacional (AN) resolvió “declarar formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros”.
La resolución implica “asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás Maduro y repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo”.
Asimismo, la AN decidió adoptar “las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un gobierno de transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible”.
Para ello, el parlamento se comprometió a “aprobar el marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”.
La resolución señala que el presidente de la AN, Juan Guaidó, “se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el estado de derecho en el país”.
Por otra parte, el acuerdo busca tender un puente con quienes desempeñan funciones al servicio del chavismo, al proponerse “establecer un marco legislativo que otorgue garantías para la reinserción democrática”.
En ese sentido, busca crear “incentivos para que los funcionarios civiles y policiales, así como los componentes de la Fuerza Armada Nacional, dejen de obedecer a Nicolás Maduro” y se allanen a “las decisiones de la AN”.
El documento subraya en los considerandos que Maduro no es “presidente electo”, lo que ratifica el desconocimiento, por parte de la AN, de los comicios de mayo pasado, en los que el mandatario fue reelecto sin participación de la mayoría de la oposición ni de observadores electorales independientes.
También admite que la “situación de usurpación” descripta “no encuentra una solución expresa en la Constitución” vigente, por lo cual la AN, “como única autoridad legítima del Estado y representante del pueblo venezolano, debe adoptar decisiones para proceder a restablecer la vigencia del orden constitucional”.
El texto cita varios artículos de la carta magna, entre ellos el 333, que “obliga a los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios al servicio del Estado, a realizar todas las acciones necesarias para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución”, y el 350, que “reconoce el derecho a la desobediencia civil frente a la usurpación”.
Además, sostiene que “ante la ausencia de una norma constitucional que regule la situación actual, es necesario aplicar analógicamente el artículo 233 de la Constitución”, que establece los motivos de vacancia de la Presidencia de la República y los modos de “suplir la inexistencia de presidente electo”.
El desconocimiento del nuevo mandato de Maduro -iniciado el jueves pasado- tiene lugar en el contexto de un conflicto de poderes derivado del hecho de que la AN quedara en manos de la oposición, que ganó holgadamente las elecciones parlamentarias de fines de 2015.
A partir de la asunción de los actuales legisladores, el chavismo -que controla los otros cuatro poderes de la república- neutralizó la actuación de la AN mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró en desacato al parlamento, y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada únicamente por oficialistas.
Con información de
ellitoral
