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La culpa del DNU la tiene el Congreso

Martes 22 de Enero 2019

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El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Macri afirma que debió usarse ese instrumento porque el debate legislativo de la extinción de dominio lleva ya dos años. "Vamos a ver cuántos diputados se animan a voltear esta ley”, lanzó Patricia Bullrich, mientras Laura Alonso celebró el decreto y lo justificó por "la inacción de la mayoría opositora" en el Congreso.

El Gobierno justificó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la sanción del criticado Régimen de extinción de dominio criticando la actividad del Congreso que extendió durante dos años el debate del proyecto entre el tratamiento y las modificaciones que forman parte del normal funcionamiento de la actividad parlamentaria. “Vamos a ver cuántos diputados se animan a voltear esta ley”, apuntó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se sumó a esta nueva ofensiva contra el Congreso.
 
El texto del decreto lo deja en claro. Entre los considerando del sancionado Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, que se publicó este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se remarca el paso del proyecto por el Congreso como un obstáculo para “otorgar a la Justicia herramientas eficaces”, en este caso, “para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal”.
 
Bullrich defendió el decreto frente a las críticas y a contramano de lo dicho por juristas y abogados constitucionalistas remarcó que la norma “es constitucional". “Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley de este tipo”, amenazó en declaraciones a radio La Red.
 
La titula de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, también apuntó contra la actividad del Congreso. “Por la inacción de la mayoría opositora en el Congreso fue imposible aprobar la ley de extinción de dominio que tienen todos los países del mundo. Hoy el Presidente firma un DNU para sanear el vacío y recuperar lo robado”, compartió en su cuenta de Twitter.
 
También el constitucionalista Daniel Sabsay, cercano al Gobierno, defendió el decreto y se diferenció de sus pares que lo rechazaron masivamente. A pesar de que reconoció que la aplicación del mecanismo por DNU "es el punto más delicado”, Sabsay justificó esa decisión por "la renuencia de los senadores de la oposición a sancionar una ley. "La posibilidad para el estado de recuperar los bienes resultantes de esos delitos requiere celeridad. La inconcebible  lentitud de los senadores no deja otra salida que el decreto", argumentó en línea con el texto del decreto.
 
El DNU remarca que el proyecto tuvo media sanción el 23 de junio de 2016 y que luego “fue tratado en el recinto (del Senado) el 22 de agosto de 2018, a poco más de tres meses de caducidad del proyecto, introduciendo modificaciones estructurales a la media sanción de Diputados”. Tras las modificaciones el texto debía volver a la Cámara de origen como indica el trámite parlamentario, pero no llegó ser tratado antes de fin de año.
 
“Que el proyecto lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal”, justifica el decreto.
 
La norma oficializada esta mañana prevé la creación de "una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" previstos en el régimen, que incluyen los que tienen que ver con aquellos contra el patrimonio público, así como el narcotráfico y el crimen organizado.
 
"Se regula por el presente una acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado", informa.

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