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El congelamiento de las Becas Progresar debería alarmarnos

Por: Laura V. Alonso
Viernes 08 de Febrero 2019

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El Gobierno nacional publicó en el boletín oficial, con fecha 1° de febrero, la resolución que reglamenta la convocatoria 2019 a las Becas Progresar. La principal novedad fue que congeló los montos, dejándolos en los mismos valores de 2018, cuando la inflación del último año arañó el 50 por ciento.

También se limitó el período de inscripción a un mes, durante todo marzo; se prioriza a quienes realizan estudios universitarios por sobre estudios secundarios o cursos de formación profesional, ya que perciben becas con montos más elevados. No obstante ello, a los estudiantes de carreras universitarias se les eleva la cantidad de materias que deben tener aprobadas, llevándolo al 50% del plan curricular anual de la carrera elegida. Hasta aquí la descripción de las principales características de esta nueva convocatoria.
 
Progresar fue una política pública que se creó a principios de 2014 con el objetivo de generar un mecanismo de distribución de los ingresos vinculada con el fortalecimiento de trayectorias educativas. Dicho coloquialmente: poner plata en los bolsillos para poder terminar la escuela, cursos de formación profesional o la universidad.
 
Es más, no fue una creación aislada. Su contexto fue el de la ampliación del sistema de jubilaciones y pensiones, la asignación universal por hijo y por embarazo, la construcción de dos mil escuelas, la creación de 17 nuevas universidades nacionales, la entrega de millones de computadoras mediante el Conectar Igualdad, o los créditos masivos para construcción y la refacción de viviendas bajo el nombre Procrear. En suma, Progresar fue un instrumento más que dispuso el Estado para generar mecanismos redistributivos orientados a cohesionar la sociedad y generar inclusión.
 
La particularidad de este sistema de becas consistió en reconocer que había una cantidad significativa de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que no estaban siendo contenidos por el mercado laboral y que, o no habían finalizado su trayectoria educativa obligatoria (hasta el secundario inclusive) o que no contaban con posibilidades para continuar sus estudios, ya sea en el nivel terciario o en el universitario.
 
El motivo principal por el cual no podían continuar sus estudios era por necesidades económicas. Es decir, en vez de afectar tiempo a estudiar, tener que dedicarlo a trabajar (mayoritariamente con changas informales) o realizar tareas de cuidado no remuneradas, como el cuidado a hermanos menores o adultos mayores en la familia, cumpliendo dos cometidos con esa acción: permitirles a otros familiares salir a buscar trabajo a la vez que no tener que incurrir en el gasto de pagarle a alguien por el cuidado de los familiares. Tareas del cuidado que principalmente fueron y son realizadas por mujeres.
 
El Estado, a través de Progresar, se propuso no negar que había jóvenes de más de 20 años que no habían terminado la primaria o la secundaria, y ese reconocimiento se materializaba en tender puentes, abrir escuelas, articular con el Programa FINes, con las nuevas universidades. ¿Para qué construir nuevas escuelas y universidades si no es para ampliar el acceso de vastos sectores sociales? Abriendo espacios educativos a la vez que comprendiendo que quienes no realizaron su trayectoria educativa en los plazos teóricos ideales, no son vagos, ni carecen de mérito, sino que, en la gran mayoría de los casos, se trata de personas que tuvieron dificultades económicas, personales o familiares, y que el tiempo ideal y teórico dedicado a la educación fue, por necesidad, sustituido por la búsqueda de empleo.
 
Hoy, en un contexto en donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señala que el desempleo y la subocupación han aumentado, en donde la inflación del año pasado fue de casi un 50%, mantener los ingresos de Progresar en los valores de 2018 es plantearles a quienes gracias a esta política de inclusión habían vuelto al sistema educativo que son prescindentes.
 
Recortar la etapa de inscripción a solo un mes al año también es grave, ya que dada la crisis económica innegable que atraviesa el país, en marzo una familia puede estar por encima del umbral de ingresos para ser beneficiario de una beca, pero unos meses después la situación puede cambiar y allí el Estado debe estar presente para ayudar a estudiar.
 
En estos cambios subyace una idea superficial de meritocracia: porque los puntos de partida de cada individuo no son los mismos y porque en un país con una economía devastada, un Estado debilitado, un mercado laboral fragmentado y un sistema educativo cada vez más ajustado, la idea de que el mérito propio es sinónimo de salvación es irrealizable para las mayorías.
 
El Gobierno debe rever esta decisión, no solo por la falta de sensibilidad, también por la falta de sentido estratégico. No se construye un país condenando a la exclusión económica, social y educativa a amplios sectores de la sociedad.
Fuente: infobae
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