SANTA FE
Conflicto y medida cautelar por 195 nombramientos en la policía judicial
Lunes 25 de
Marzo 2019
El nombramiento de 195 empleados en distintos cargos para el Organismo de Investigaciones (OI), un cuerpo especial que asiste técnicamente a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desató un conflicto resonante que cruza al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo.
El diferendo se origina en el rechazo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia a la decisión de incorporar ese lote de agentes sin respetar el concurso de ingreso que distingue los ingresos en ámbitos judiciales, al que se encuentra subordinado el OI, en algunos casos con designaciones en categorías altas, y beneficiando a personas con lazos estrechos con el gobierno provincial.
El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, dijo ayer que es falso que no se hayan respetado concursos, dado que la ley de creación del OI solo dispuso la creación de 50 cargos, y que el resto de las vacantes según la norma sólo podían ser cubiertas con traspasos desde el Poder Ejecutivo, donde también se hicieron concursos de convocatoria abierta.
"Es falsa la idea de que se metieron por la ventana trabajadores de planta del Ejecutivo y que se privó a alguien de competir por esos lugares. Nunca habría habido concursos en el Poder Judicial porque esos cargos no existían. Si no hay traspaso esos cargos no van a existir", dijo Baclini a La Capital.
Hace dos meses
El tema que durante el fin de semana caldeó las redes sociales y generó una propuesta de paro para el jueves y viernes será tratado este lunes en una reunión que Baclini mantendrá con los referentes del gremio judicial en la mañana de hoy en Santa Fe. La discordia proviene de una resolución del 7 de febrero firmada por el fiscal general para incorporar los 195 agentes. El sindicato respondió con una medida cautelar ante la Corte provincial para revocar por inconstitucional esa resolución, al considerar que afecta los derechos de los agentes judiciales, en particular a la carrera y el respeto a la igualdad, dado que los ingresos indicados son sin concurso.
Baclini replica que la ley 13.459 habilita los traspasos porque los cargos, contra lo que señala el sindicato, no son puestos que existan, sino que solo pueden ser dotados con personal de esta manera. "No me aparté de nada de lo que dice la ley. Recibí la nómina de personas nombradas por concurso en el ámbito del Poder Ejecutivo y me limité a remitir el listado a la Corte Suprema provincial que es el órgano encargado de dar cumplimiento burocrático a los ingresos", sostuvo.
Quizá el asunto más delicado en este fuerte pleito es que quienes repudian los nombramientos por esta vía denuncian que la lista de ingresantes incluye a candidatos por el Frente Progresista en las próximas elecciones, familiares de personas que ya están en el MPA o en distintos organismos del Poder Ejecutivo y otras que no superaron en su momento el concurso de ingreso.
Nombres en pugna
Entre los ingresantes que promueve la resolución cuestionada aparecen, según señalan allegados al gremio, una hija del ex jefe de la PDI Daniel Corbellini; un yerno de la intendenta Mónica Fein; una hermana de la diputada provincial Clara García, esposa del gobernador Miguel Lifschitz; un hermano del subsecretario de la Fiscalía Regional Rosario; una sobrina del secretario del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro; una consejera directiva de la agrupación universitaria que responde al socialismo; un precandidato a concejal del Frente Progresista en Rosario; el actual director provincial de Justicia Penal Juvenil, una candidata a concejal de Capitán Bermúdez y una hermana de la candidata a vicegobernadora por el Frente Progresista, Victoria Tejeda.
También contribuye a la polémica que el 85 por ciento de los nombramientos es de personal policial que hizo cursos específicos recientes sobre técnicas de investigación que es a lo que se dedica el OI, conducido desde hace dos meses por el criminólogo porteño Marcelo Sain.
Los detractores de la resolución indican que esos cursos fueron hechos "a medida" para favorecer a los ingresantes, que en realidad debían reclutarse de entre aquellos que venían cumpliendo funciones desde 2015, cuando se sancionó la ley, y no con posterioridad. Desde el MPA responden que se realizaron concursos de convocatoria pública. En el gremio y en escalafones intermedios del MPA replican que todo igualmente es muy desprolijo. "Están hasta dos hijos del chofer del fiscal general en la lista", señalan.
Es inevitable que la resolución, firmada a dos meses de las elecciones primarias, impacte de lleno, como lo hizo, en el debate político. Cerca de Baclini afirman que la ley que habilitó a hacer estas incorporaciones fue un proyecto del PJ votado por unanimidad en 2015 y que el plazo de incorporaciones tenía cuatro años y ya se cumplía. Desde el gremio hablan de "una maniobra claramente visible" del MPA, señalan un fuerte favoritismo en las personas seleccionadas en la resolución y le piden a la Justicia que la deje sin efecto.
El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, dijo ayer que es falso que no se hayan respetado concursos, dado que la ley de creación del OI solo dispuso la creación de 50 cargos, y que el resto de las vacantes según la norma sólo podían ser cubiertas con traspasos desde el Poder Ejecutivo, donde también se hicieron concursos de convocatoria abierta.
"Es falsa la idea de que se metieron por la ventana trabajadores de planta del Ejecutivo y que se privó a alguien de competir por esos lugares. Nunca habría habido concursos en el Poder Judicial porque esos cargos no existían. Si no hay traspaso esos cargos no van a existir", dijo Baclini a La Capital.
Hace dos meses
El tema que durante el fin de semana caldeó las redes sociales y generó una propuesta de paro para el jueves y viernes será tratado este lunes en una reunión que Baclini mantendrá con los referentes del gremio judicial en la mañana de hoy en Santa Fe. La discordia proviene de una resolución del 7 de febrero firmada por el fiscal general para incorporar los 195 agentes. El sindicato respondió con una medida cautelar ante la Corte provincial para revocar por inconstitucional esa resolución, al considerar que afecta los derechos de los agentes judiciales, en particular a la carrera y el respeto a la igualdad, dado que los ingresos indicados son sin concurso.
Baclini replica que la ley 13.459 habilita los traspasos porque los cargos, contra lo que señala el sindicato, no son puestos que existan, sino que solo pueden ser dotados con personal de esta manera. "No me aparté de nada de lo que dice la ley. Recibí la nómina de personas nombradas por concurso en el ámbito del Poder Ejecutivo y me limité a remitir el listado a la Corte Suprema provincial que es el órgano encargado de dar cumplimiento burocrático a los ingresos", sostuvo.
Quizá el asunto más delicado en este fuerte pleito es que quienes repudian los nombramientos por esta vía denuncian que la lista de ingresantes incluye a candidatos por el Frente Progresista en las próximas elecciones, familiares de personas que ya están en el MPA o en distintos organismos del Poder Ejecutivo y otras que no superaron en su momento el concurso de ingreso.
Nombres en pugna
Entre los ingresantes que promueve la resolución cuestionada aparecen, según señalan allegados al gremio, una hija del ex jefe de la PDI Daniel Corbellini; un yerno de la intendenta Mónica Fein; una hermana de la diputada provincial Clara García, esposa del gobernador Miguel Lifschitz; un hermano del subsecretario de la Fiscalía Regional Rosario; una sobrina del secretario del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro; una consejera directiva de la agrupación universitaria que responde al socialismo; un precandidato a concejal del Frente Progresista en Rosario; el actual director provincial de Justicia Penal Juvenil, una candidata a concejal de Capitán Bermúdez y una hermana de la candidata a vicegobernadora por el Frente Progresista, Victoria Tejeda.
También contribuye a la polémica que el 85 por ciento de los nombramientos es de personal policial que hizo cursos específicos recientes sobre técnicas de investigación que es a lo que se dedica el OI, conducido desde hace dos meses por el criminólogo porteño Marcelo Sain.
Los detractores de la resolución indican que esos cursos fueron hechos "a medida" para favorecer a los ingresantes, que en realidad debían reclutarse de entre aquellos que venían cumpliendo funciones desde 2015, cuando se sancionó la ley, y no con posterioridad. Desde el MPA responden que se realizaron concursos de convocatoria pública. En el gremio y en escalafones intermedios del MPA replican que todo igualmente es muy desprolijo. "Están hasta dos hijos del chofer del fiscal general en la lista", señalan.
Es inevitable que la resolución, firmada a dos meses de las elecciones primarias, impacte de lleno, como lo hizo, en el debate político. Cerca de Baclini afirman que la ley que habilitó a hacer estas incorporaciones fue un proyecto del PJ votado por unanimidad en 2015 y que el plazo de incorporaciones tenía cuatro años y ya se cumplía. Desde el gremio hablan de "una maniobra claramente visible" del MPA, señalan un fuerte favoritismo en las personas seleccionadas en la resolución y le piden a la Justicia que la deje sin efecto.
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UNO
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