Esteban Bullrich presentó un proyecto para limitar los días de paro
Otra embestida de Cambiemos contra los docentes
Viernes 05 de
Abril 2019
El senador de Cambiemos y ex ministro de Educación Esteban Bullrich presentó un proyecto de ley para limitar los paros docentes a un máximo de 5 días al año. La propuesta ya está ingresada formalmente al Congreso.
“Las huelgas docentes obstaculizan el aprendizaje dentro de la trayectoria escolar, generan grandes desigualdades en el acceso al saber y si bien el derecho a huelga es un derecho constitucional, así mismo lo es el derecho a la educación”, argumenta en los fundamentos. La iniciativa cierra un círculo, ya que como responsable de Educación, Bullrich inició en 2017 la política de negar a los gremios la posibilidad de discutir el salario y la inversión educativa con el Estado nacional, lo que generó que desde entonces los conflictos docentes se multiplicaran a lo largo del país.
El proyecto plantea modificar el artículo 11 de la Ley 14.786 de Conflictos del Trabajo, para que las huelgas docentes puedan ser declaradas ilegales una vez que superen el cupo de cinco días, seguidos o discontinuados.
“Ningún derecho es absoluto y el derecho a huelga no debe ser la excepción. Consideramos que limitarlo a 5 días permite la convivencia del bien protegido por la libertad sindical así como el derecho a la educación, ambos de rango constitucional. Así como existe un mínimo de días que el Estado está obligado a cumplir para garantizar el Ciclo Lectivo (son 180 días de clases), debe existir un límite a la huelga a los efectos de poder cumplir con dicha manda”.
En el mismo sentido, Bullrich agrega que “para lograr el funcionamiento armónico de nuestro sistema jurídico es necesario que nadie pueda ejercer su derecho de manera absoluta, aun tratándose de aquellos con rango constitucional”.
La iniciativa fue presentada hace 15 días y fue girada a la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside el peronista pampeano Daniel Lovera. Aunque es improbable que logre ser sancionada, instala una baza más en la avanzada antisindical de Cambiemos.
En 2017, el gobierno eliminó la paritaria nacional de los maestros. Esto amplificó, en cadena, los reclamos en las paritarias docentes provinciales. Siguiendo las directivas de la Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires fue el escenario donde Cambiemos desplegó su batería de medidas contra los gremios. La gobernadora María Eugenia Vidal le pidió al Ministerio de Trabajo nacional que le quitara al Suteba, principal sindicato docente, su personería gremial. Amenazó con poner a “voluntarios” a reemplazar a los maestros durante los paros, mandó a la Policia Bonaerense a “controlar el presentismo”, intentó descontar los días no trabajados y otorgó un premio de mil pesos a los que no adhirieron a los paros.
Aquella suspensión de la paritaria docente también dio lugar a que la Ctera decidiera armar su Escuela Itinerante frente al Congreso, donde los docentes fueron reprimidos con gas pimienta y palos.
En 2018 Cambiemos continuó en esa línea, con el objetivo de imponer un techo del 15 por ciento en las negociaciones paritarias. La provincia de Buenos Aires tomó nuevas medidas ejemplificadoras: puso en marcha una campaña oficial que sugirió a los docentes que se desafiliaran, por ejemplo, e impulsó la apertura de sumarios a los que participaron en los paros que reclamaban que los salarios fueran actualizados con una cláusula gatillo de ajuste por inflación.
La caída de la imagen del gobierno y la crisis económica decidió este año a Vidal a dar un giro en su relación con los gremios docentes. El replanteo fue nítido, ya que en la paritaria bonaerense la provincia otorgó a los maestros la claúsula gatillo y aceptó darles una recomposición por lo que perdieron en 2018 debido a la suba de los precios. Esto, sin embargo, no terminó de despejar un camino en el que había más de una piedra. El Suteba pide como condición para firmar el acuerdo salarial que los sumarios sean levantados (tienen unos 600) y que el estado garantice los 12 puntos firmados a nivel nacional (en una paritaria anterior, con la gestión kirchnerista) para garantizar escuelas seguras.
El territorio bonaerense no será en 2019 el centro del conflicto docente. Pero está latente en cambio la posibilidad de que los paros se trasladen al interior del país, donde –sin la instancia equiparadota de la paritaria nacional- los salarios de los maestros hoy vuelven a sufrir fuertes desigualdades. Como el Estado nacional se fue retirando de la cuestión de los salarios, hubo una tendencia a que cada provincia pasara a tener los sueldos que su gobernación pudiera pagar.
El proyecto plantea modificar el artículo 11 de la Ley 14.786 de Conflictos del Trabajo, para que las huelgas docentes puedan ser declaradas ilegales una vez que superen el cupo de cinco días, seguidos o discontinuados.
“Ningún derecho es absoluto y el derecho a huelga no debe ser la excepción. Consideramos que limitarlo a 5 días permite la convivencia del bien protegido por la libertad sindical así como el derecho a la educación, ambos de rango constitucional. Así como existe un mínimo de días que el Estado está obligado a cumplir para garantizar el Ciclo Lectivo (son 180 días de clases), debe existir un límite a la huelga a los efectos de poder cumplir con dicha manda”.
En el mismo sentido, Bullrich agrega que “para lograr el funcionamiento armónico de nuestro sistema jurídico es necesario que nadie pueda ejercer su derecho de manera absoluta, aun tratándose de aquellos con rango constitucional”.
La iniciativa fue presentada hace 15 días y fue girada a la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside el peronista pampeano Daniel Lovera. Aunque es improbable que logre ser sancionada, instala una baza más en la avanzada antisindical de Cambiemos.
En 2017, el gobierno eliminó la paritaria nacional de los maestros. Esto amplificó, en cadena, los reclamos en las paritarias docentes provinciales. Siguiendo las directivas de la Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires fue el escenario donde Cambiemos desplegó su batería de medidas contra los gremios. La gobernadora María Eugenia Vidal le pidió al Ministerio de Trabajo nacional que le quitara al Suteba, principal sindicato docente, su personería gremial. Amenazó con poner a “voluntarios” a reemplazar a los maestros durante los paros, mandó a la Policia Bonaerense a “controlar el presentismo”, intentó descontar los días no trabajados y otorgó un premio de mil pesos a los que no adhirieron a los paros.
Aquella suspensión de la paritaria docente también dio lugar a que la Ctera decidiera armar su Escuela Itinerante frente al Congreso, donde los docentes fueron reprimidos con gas pimienta y palos.
En 2018 Cambiemos continuó en esa línea, con el objetivo de imponer un techo del 15 por ciento en las negociaciones paritarias. La provincia de Buenos Aires tomó nuevas medidas ejemplificadoras: puso en marcha una campaña oficial que sugirió a los docentes que se desafiliaran, por ejemplo, e impulsó la apertura de sumarios a los que participaron en los paros que reclamaban que los salarios fueran actualizados con una cláusula gatillo de ajuste por inflación.
La caída de la imagen del gobierno y la crisis económica decidió este año a Vidal a dar un giro en su relación con los gremios docentes. El replanteo fue nítido, ya que en la paritaria bonaerense la provincia otorgó a los maestros la claúsula gatillo y aceptó darles una recomposición por lo que perdieron en 2018 debido a la suba de los precios. Esto, sin embargo, no terminó de despejar un camino en el que había más de una piedra. El Suteba pide como condición para firmar el acuerdo salarial que los sumarios sean levantados (tienen unos 600) y que el estado garantice los 12 puntos firmados a nivel nacional (en una paritaria anterior, con la gestión kirchnerista) para garantizar escuelas seguras.
El territorio bonaerense no será en 2019 el centro del conflicto docente. Pero está latente en cambio la posibilidad de que los paros se trasladen al interior del país, donde –sin la instancia equiparadota de la paritaria nacional- los salarios de los maestros hoy vuelven a sufrir fuertes desigualdades. Como el Estado nacional se fue retirando de la cuestión de los salarios, hubo una tendencia a que cada provincia pasara a tener los sueldos que su gobernación pudiera pagar.
Con información de
Página 12
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