Antropólogos forenses analizaban restos encontrados en fosas comunes
Bolsonaro suspende la identificación de víctimas de la última dictadura
Lunes 22 de
Abril 2019
A partir de un “decreto ómnibus”, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio de baja los trabajos de equipos forenses dedicados a identificar restos de desaparecidos durante la última dictadura militar de ese país presuntamente alojados en fosas comunes de un cementerio de la ciudad de San Pablo.
El decreto 9759 suspendió el trabajo del Grupo de Trabajo Perus, llevado a cabo por un colectivo de antropólogos forenses que desde 2014 revisaban y analizaban 1047 cajas con restos óseos extraídos de fosas comunes del cementerio de Perus, ciudad de San Pablo, donde habían sido enterrados como ”NN”.
Bolsonaro, quien durante sus épocas de diputado se había manifestado en rechazo de los trabajos de identificación forense --”quienes buscan huesos son los perros”, había declarado entonces-- firmó ese decreto en el marco de la conmemoración del Día nacional del Ejército en Brasil. La norma unilateral también puso fin a tareas que, en sintonía con las identificaciones de Perús, se llevaban a cabo en Araguaia, al norte del país.
Las comisiones habían comenzado a funcionar por orden de la justicia federal y del Ministerio Público con el apoyo del entonces gobierno de Dilma Rousseff, destituida por el Parlamento en 2016.
Según el informe que elevó en 2012 la Comisión por la Verdad, hubo más de 300 represores responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura militar en Brasil, que tuvo lugar entre 1964 y 1985. Las víctimas se cuentan de a miles: unos 10 mil torturados y más de 8 mil asesinados.
Bolsonaro, quien durante sus épocas de diputado se había manifestado en rechazo de los trabajos de identificación forense --”quienes buscan huesos son los perros”, había declarado entonces-- firmó ese decreto en el marco de la conmemoración del Día nacional del Ejército en Brasil. La norma unilateral también puso fin a tareas que, en sintonía con las identificaciones de Perús, se llevaban a cabo en Araguaia, al norte del país.
Las comisiones habían comenzado a funcionar por orden de la justicia federal y del Ministerio Público con el apoyo del entonces gobierno de Dilma Rousseff, destituida por el Parlamento en 2016.
Según el informe que elevó en 2012 la Comisión por la Verdad, hubo más de 300 represores responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura militar en Brasil, que tuvo lugar entre 1964 y 1985. Las víctimas se cuentan de a miles: unos 10 mil torturados y más de 8 mil asesinados.
Con información de
Página 12
