ROSARIO
Procesan por lavado a miembros de Los Monos
Martes 07 de
Mayo 2019
Viviendas en Carlos Paz, Rosario, Pérez y Funes. Cuentas bancarias de movimientos sospechosos, decenas de autos y moto de lujo, y hasta derechos sobre jugadores de fútbol. La Justicia Federal detectó todo esto (y más) a nombre de ocho miembros de la banda Los Monos –entre ellos el propio “Guille” Cantero– a quienes procesó por lavado de activos.
Según información judicial a la que tuvo acceso Rosario3.com, el juez federal Marcelo Bailaque procesó a Ariel "Guille" Cantero, Ramón "Monchi Cantero" Machuca, Máximo Ariel "Viejo" Cantero, Patricia Celestina Contreras, Lorena Verdún, Mariano Ruiz, y Daniel "Chamala" Vázquez. Les atribuyó haber conformado un patrimonio originado en fondos de actividades delictivas y sin justificación legal.
De todos esos nombres, quizás el menos conocido es el de Chamala, cultor del bajo perfil y dueño de un importante patrimonio: le detectaron 17 inmuebles rurales y urbanos, además de –supuestamente– una flota de siete taxis, dos camiones volcadores, dos negocios en Presidente Quintana al 200, acciones de la estación de servicio de Ayacucho y Seguí, y un largo etcétera.
Lo atesorado por todo el grupo, en total, disparó contra los acusados un embargo por 51 millones de pesos, una cifra poco habitual en este tipo de resoluciones.
La investigación comenzó a partir de la detección de "la posible existencia de bienes generados por una organización dedicada al tráfico de estupefacientes principalmente en la provincia de Santa Fe" de parte de distintos órganos de investigación, entre ellos la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
De todos esos nombres, quizás el menos conocido es el de Chamala, cultor del bajo perfil y dueño de un importante patrimonio: le detectaron 17 inmuebles rurales y urbanos, además de –supuestamente– una flota de siete taxis, dos camiones volcadores, dos negocios en Presidente Quintana al 200, acciones de la estación de servicio de Ayacucho y Seguí, y un largo etcétera.
Lo atesorado por todo el grupo, en total, disparó contra los acusados un embargo por 51 millones de pesos, una cifra poco habitual en este tipo de resoluciones.
La investigación comenzó a partir de la detección de "la posible existencia de bienes generados por una organización dedicada al tráfico de estupefacientes principalmente en la provincia de Santa Fe" de parte de distintos órganos de investigación, entre ellos la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Con información de
Rosario3
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