BUENOS AIRES
Los policías acusados de proteger prostíbulos en Flores deberán pagar multas de hasta $15 mil
Martes 14 de
Mayo 2019
Así lo resolvió el Tribunal oral en lo Criminal N°20. El principal acusado, el comisario Roberto Cabrini, también fue inhabilitado por seis años.
Los cuatro ex policías acusados de integrar la cúpula de la Comisaría N°38 del barrio de Flores fueron condenados con multas y algunos años de inhabilitación en sus cargos públicos por encubrir y proteger los prostíbulos "Doly's", "Fama" y "Envidia" en donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, ubicados todos dentro de la jurisdicción correspondiente a la comisaría en cuestión.
Las penas van de multas desde $7 mil hasta $15 mil y entre cuatro y seis años de inhabilitación en los cargos públicos, lo que deja gusto a poco en una de las causas por encubrimiento policial más importante de los últimos tiempos.
El principal acusado, el ex comisario Roberto A. Cabrini, es quien deberá pagar la multa más alta ($15 mil) a lo que se le suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años. Por su parte, los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo O. Martínez deberán abonar una multa de 10 mil y 7 mil pesos; además se les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco y cuatro años, respectivamente. Finalmente, el subinspector Sergio D. Rodríguez deberá pagar 8 mil pesos y purgar una inhabilitación por cuatro años para el ejercicio de cargos públicos. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 20 de mayo.
La instrucción de la causa estuvo a cargo de los fiscales Fernando Fiszer, de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
El debate comenzó el 1 de marzo y a lo largo de las audiencias declararon más de 35 testigos.
En el juicio intervino el fiscal Carlos Gamallo, que en su alegato pidió penas de entre un año y medio y tres de prisión e inhabilitación total para los cuatro imputados, al encontrarlos como coautores del delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por no denunciar la perpetración de un delito que debían perseguir penalmente.
Se trata de una megacausa que se desató en el 2010 y en la que quedaron 20 comisarias porteñas en la mira de la justicia. En el 2011 la jueza María Romilda Servini de Cubría a cargo de la instrucción desplegó 400 gendarmes y 200 prefectos para allanar unos 40 boliches. El expediente parecía ser escandaloso, pero se fue desinflando a fuerza de dividir la investigación en pedazos y repartirla por diferentes juzgados. Algunas de esas causas todavía siguen paradas.
Las penas van de multas desde $7 mil hasta $15 mil y entre cuatro y seis años de inhabilitación en los cargos públicos, lo que deja gusto a poco en una de las causas por encubrimiento policial más importante de los últimos tiempos.
El principal acusado, el ex comisario Roberto A. Cabrini, es quien deberá pagar la multa más alta ($15 mil) a lo que se le suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años. Por su parte, los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo O. Martínez deberán abonar una multa de 10 mil y 7 mil pesos; además se les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco y cuatro años, respectivamente. Finalmente, el subinspector Sergio D. Rodríguez deberá pagar 8 mil pesos y purgar una inhabilitación por cuatro años para el ejercicio de cargos públicos. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 20 de mayo.
La instrucción de la causa estuvo a cargo de los fiscales Fernando Fiszer, de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
El debate comenzó el 1 de marzo y a lo largo de las audiencias declararon más de 35 testigos.
En el juicio intervino el fiscal Carlos Gamallo, que en su alegato pidió penas de entre un año y medio y tres de prisión e inhabilitación total para los cuatro imputados, al encontrarlos como coautores del delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por no denunciar la perpetración de un delito que debían perseguir penalmente.
Se trata de una megacausa que se desató en el 2010 y en la que quedaron 20 comisarias porteñas en la mira de la justicia. En el 2011 la jueza María Romilda Servini de Cubría a cargo de la instrucción desplegó 400 gendarmes y 200 prefectos para allanar unos 40 boliches. El expediente parecía ser escandaloso, pero se fue desinflando a fuerza de dividir la investigación en pedazos y repartirla por diferentes juzgados. Algunas de esas causas todavía siguen paradas.
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