Según supo parlamentario.com, el trámite se iniciará en el Senado, y luego el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Sin embargo, el debate podría extenderse durante varios días, e incluso existe la posibilidad de prorrogar las sesiones ordinarias, que culminan el 30 de noviembre.
 
En ese caso, la composición parlamentaria ya no será la misma, aunque el Frente para la Victoria seguirá teniendo la mayoría después del 10 de diciembre. Una vez sancionado el nuevo Código Civil y Comercial, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de dos años de evaluación.
 
Lo cierto es que reina el hermetismo en el seno del oficialismo con respecto al contenido del dictamen y los cambios sobre el proyecto original –por ejemplo, existe la posibilidad de eliminar el apartado referido a la maternidad subrogada o “alquiler de vientres”-.
 
El Código Civil actual, obra del abogado Dalmacio Vélez Sarsfield, fue aprobado a libro cerrado hace más de un siglo -143 años-, y los últimos cambios importantes que se le hicieron fueron en 1968.
 
En febrero de 2011, el decreto presidencial 191 creó una comisión especial de cien juristas que elaboró el anteproyecto de ley. Ese texto fue revisado por el Poder Ejecutivo, que le introdujo cambios, y enviado al Congreso para su análisis en la Comisión Bicameral.
 
El anteproyecto fue anunciado el 27 de marzo del año pasado por la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
 
A lo largo de todo el año pasado, la Bicameral recorrió el país con una serie de audiencias públicas donde numerosos actores de la sociedad civil aportaron sus opiniones sobre el proyecto.
 
Entre otras cosas, la iniciativa contiene cambios en materia de matrimonio, divorcio, reproducción humana asistida, adopción, propiedad comunitaria indígena, sociedades de un solo socio y derechos personalísimos.
 
El capítulo relativo a la responsabilidad del Estado finalmente fue eliminado del nuevo Código y quedará reservado a una ley especial, que podría ser debatida en simultáneo.