SANTA FE
A trece años de la emblemática Causa Ecos: la Justicia y el problema de la erosión de la confianza en la misma
Sábado 13 de
Julio 2019
El fallo de la Corte Nacional que implica reabrir el trámite del accidente de 2006 deja a la vista que la prescripción de una causa no equivale a dar una respuesta. Las sociedades se enojan cuando no entienden lo que hacen sus instituciones.
El fallo de la Corte Suprema Nacional que dejó sin efecto la prescripción de la causa del accidente del micro del colegio Ecos en el que fallecieron doce personas concentra su peso informativo en su novedad inmediata. La novedad es que se dejó sin efecto la decisión del máximo tribunal de Santa Fe que había declarado prescripto el trámite judicial por vencimiento del plazo para imponer condenas, con lo que el caso deberá reabrirse.
En el accidente del Colegio Ecos murieron nueve chicos y una docente que se dirigían a Chaco a realizar tareas solidarias. El conductor de un camión en estado de ebriedad provocó la tragedia a la altura de Margarita. Perdió la vida en su acción. Pero también en un proceso confuso se encontró responsabilidad penal en el chofer del ómnibus que fue condenado a una pena condicional. Los vaivenes judiciales del trámite se dilataron. El chofer terminó sobreseído por la extinción de la causa por el paso del tiempo. La constitucionalidad de ese fallo fue discutida pero la Corte Suprema de Santa Fe declaró inadmisible el recurso que pretendía que el caso siguiera abierto.
Es sabido que sobre los incidentes que involucran dramas humanos, no sobre los intrascendentes, las comunidades forman sus nociones sobre el funcionamiento de las instituciones. Este es uno de ellos. Y es por aquí donde la resolución de la Corte Nacional conocida ayer descarga su peso adicional. Porque instala en los ciudadanos comunes, en aquellos que no tienen por qué conocer al dedillo los mecanismos de la Justicia pero sí esperan de ella una respuesta, una idea dislocada y confusa respecto de su funcionamiento.
En el año 2006 para analizar el máximo tribunal nacional le dio un cachetazo al Poder Judicial de Santa Fe al declarar nulo el trámite que había condenado a prisión perpetua al ex juez de Rufino Carlos Fraticelli y a su esposa por la muerte de su hija Natalia. En ese momento ambos llevaban respectivamente cuatro y seis años presos. El fallo nacional señalaba que había un grave problema de base en el sistema penal escrito santafesino que lo hacía inconstitucional, porque el mismo tribunal podía analizar dos veces el mismo trámite, lo que implicaba posibilidad de prejuzgar. Eso obligó a cambiar el modelo de enjuiciamiento. Cuando se revisó el caso fue evidente que a las defensas no les habían permitido presentar pruebas durante todo el proceso. Ni bien pudieron hacerlo se arribó a la absolución del juez y su esposa, que habían sido declarados asesinos de su hija, con argumentos tales como que la habían matado porque les estorbaba. Los dejaron libres pero nada fue reparable. Al menos para la madre de la nena que terminó quitándose la vida.
Ese mismo año 2006 ocurrió la tragedia del colectivo de Ecos. El primer tribunal que intervino estableció que el camionero Angel Soto, que falleció en el umbral de un coma alcohólico, había provocado el accidente, y que el chofer del colectivo era inocente. Luego se inició un pleito controvertido entre las partes caracterizado por posiciones antagónicas. Un fiscal de Cámara de Rafaela llegó a desistir de la acusación. Pero hubo condena contra el chofer contra los que surgieron pedidos de nulidad.
Lo más interesante es que no hay dudas de que algunos participantes del trámite incurrieron en uno de los más grandes vicios del sistema escrito: dejaron dormir el expediente con demoras injustificadas, lo que está expuesto en el mismo dictamen del caso de la Corte Santafesina. Y las causas tienen un plazo de prescripción no de manera caprichosa. Una persona no puede estar eternamente atada a un trámite. No se entiende cuando se piensa en un culpable. Es más comprensible cuando se considera que el sometido a postergaciones caprichosas puede ser un inocente.
Por las dilaciones de la causa Ecos en la provincia se iniciaron sumarios contra distintos actores que demoraron el caso sin motivos. Y es por eso que sobre el caso concreto se acumula el polvo del grave problema institucional que significa la erosión de la confianza en la Justicia. Pasaron 13 años desde 2006. Y el caso que es en definitiva un homicidio culposo o no intencional, con un bajo escalón de penas pero colmado de peso simbólico por la importancia que da la comunidad a la negligencia en el manejo, sigue sin estar resuelto.
Cuando una causa prescribe porque, como en este caso, pasó el tiempo con demoras injustificables, no hay Justicia. La Justicia tiene que dar una respuesta. La prescripción no la es. Esto no necesariamente quiere decir que el fallo de la Corte Nacional es acertado. Pero hace 13 años que un chofer de un colectivo chocado por un camionero probadamente ebrio espera el fin del trámite.
El problema presente, sea como sea, lo tiene la Justicia de Santa Fe, por su injustificable dejadez en un caso de enorme interés público. Se debe hacer cargo no solo de resolver un accidente de tránsito 13 años después, sino de que la sociedad civil, ahora, la juzgue por no haberlo hecho. Sin embargo es constatable que los mayores escándalos de la Justicia de Santa Fe provienen de los mortales pecados de un sistema que ya no rige. El caso Fraticelli, como Ecos, son lastres del sistema escrito, donde todos los trámites eran secretos, manejados con discrecionalidad por un juez, con tiempos controlados arbitrariamente y no controlados.
El sistema acusatorio de juicios orales tiene problemas. El camarista rosarino Daniel Acosta acaba de exponerlos ruidosamente la semana pasada cuando un preso que tenía una perspectiva de condena a 30 años por homicidio un tribunal lo dejó libre porque había pasado tres años en prisión preventiva. Sin embargo ahí mismo quedó expuesto el límite. El nuevo modelo es mucho más riguroso con los tiempos porque todo se nota en la audiencia. Allí principalmente el que se ve es el acusado y la víctima. En el caso de Ecos si uno y otro tuvieron visibilidad no fue por la Justicia.
El sistema escrito lo escondía todo. Menos los problemas que aquí comparecen. Acaba de ocurrir en San Lorenzo con la desaparición de Paula Perassi que tuvo un derrotero penoso donde unos camaristas dijeron que había prueba abundante contra los acusados la que nunca se vio en el juicio oral que los declaró, por eso, inocentes. También con el accidentado trámite de la explosión del edificio de calle Salta en Rosario que dejó 22 muertos. El proceso oral y público terminó hace dos semanas con los acusados de la empresa de gas desvinculados de culpa y cargo cuando se llegó hasta el juicio diciendo que eran culpables.
El gran talón de Aquiles que tiene la Justicia de Santa Fe es quedar, precisamente en estos casos resonantes, huérfana de explicaciones. Esta incapacidad le origina un problema de crédito público. En “La contrademocracia”, el sociólogo Pierre Rosanvallon dice que las instituciones de la democracia se manifiestan como una promesa basada en dos mecanismos: la legitimidad y la confianza. Estos dos atributos se lesionan cuando las instituciones son incapaces explicaciones claras sobre el modo en que actúan. Ecos nos coloca justamente en este punto.
En el accidente del Colegio Ecos murieron nueve chicos y una docente que se dirigían a Chaco a realizar tareas solidarias. El conductor de un camión en estado de ebriedad provocó la tragedia a la altura de Margarita. Perdió la vida en su acción. Pero también en un proceso confuso se encontró responsabilidad penal en el chofer del ómnibus que fue condenado a una pena condicional. Los vaivenes judiciales del trámite se dilataron. El chofer terminó sobreseído por la extinción de la causa por el paso del tiempo. La constitucionalidad de ese fallo fue discutida pero la Corte Suprema de Santa Fe declaró inadmisible el recurso que pretendía que el caso siguiera abierto.
Es sabido que sobre los incidentes que involucran dramas humanos, no sobre los intrascendentes, las comunidades forman sus nociones sobre el funcionamiento de las instituciones. Este es uno de ellos. Y es por aquí donde la resolución de la Corte Nacional conocida ayer descarga su peso adicional. Porque instala en los ciudadanos comunes, en aquellos que no tienen por qué conocer al dedillo los mecanismos de la Justicia pero sí esperan de ella una respuesta, una idea dislocada y confusa respecto de su funcionamiento.
En el año 2006 para analizar el máximo tribunal nacional le dio un cachetazo al Poder Judicial de Santa Fe al declarar nulo el trámite que había condenado a prisión perpetua al ex juez de Rufino Carlos Fraticelli y a su esposa por la muerte de su hija Natalia. En ese momento ambos llevaban respectivamente cuatro y seis años presos. El fallo nacional señalaba que había un grave problema de base en el sistema penal escrito santafesino que lo hacía inconstitucional, porque el mismo tribunal podía analizar dos veces el mismo trámite, lo que implicaba posibilidad de prejuzgar. Eso obligó a cambiar el modelo de enjuiciamiento. Cuando se revisó el caso fue evidente que a las defensas no les habían permitido presentar pruebas durante todo el proceso. Ni bien pudieron hacerlo se arribó a la absolución del juez y su esposa, que habían sido declarados asesinos de su hija, con argumentos tales como que la habían matado porque les estorbaba. Los dejaron libres pero nada fue reparable. Al menos para la madre de la nena que terminó quitándose la vida.
Ese mismo año 2006 ocurrió la tragedia del colectivo de Ecos. El primer tribunal que intervino estableció que el camionero Angel Soto, que falleció en el umbral de un coma alcohólico, había provocado el accidente, y que el chofer del colectivo era inocente. Luego se inició un pleito controvertido entre las partes caracterizado por posiciones antagónicas. Un fiscal de Cámara de Rafaela llegó a desistir de la acusación. Pero hubo condena contra el chofer contra los que surgieron pedidos de nulidad.
Lo más interesante es que no hay dudas de que algunos participantes del trámite incurrieron en uno de los más grandes vicios del sistema escrito: dejaron dormir el expediente con demoras injustificadas, lo que está expuesto en el mismo dictamen del caso de la Corte Santafesina. Y las causas tienen un plazo de prescripción no de manera caprichosa. Una persona no puede estar eternamente atada a un trámite. No se entiende cuando se piensa en un culpable. Es más comprensible cuando se considera que el sometido a postergaciones caprichosas puede ser un inocente.
Por las dilaciones de la causa Ecos en la provincia se iniciaron sumarios contra distintos actores que demoraron el caso sin motivos. Y es por eso que sobre el caso concreto se acumula el polvo del grave problema institucional que significa la erosión de la confianza en la Justicia. Pasaron 13 años desde 2006. Y el caso que es en definitiva un homicidio culposo o no intencional, con un bajo escalón de penas pero colmado de peso simbólico por la importancia que da la comunidad a la negligencia en el manejo, sigue sin estar resuelto.
Cuando una causa prescribe porque, como en este caso, pasó el tiempo con demoras injustificables, no hay Justicia. La Justicia tiene que dar una respuesta. La prescripción no la es. Esto no necesariamente quiere decir que el fallo de la Corte Nacional es acertado. Pero hace 13 años que un chofer de un colectivo chocado por un camionero probadamente ebrio espera el fin del trámite.
El problema presente, sea como sea, lo tiene la Justicia de Santa Fe, por su injustificable dejadez en un caso de enorme interés público. Se debe hacer cargo no solo de resolver un accidente de tránsito 13 años después, sino de que la sociedad civil, ahora, la juzgue por no haberlo hecho. Sin embargo es constatable que los mayores escándalos de la Justicia de Santa Fe provienen de los mortales pecados de un sistema que ya no rige. El caso Fraticelli, como Ecos, son lastres del sistema escrito, donde todos los trámites eran secretos, manejados con discrecionalidad por un juez, con tiempos controlados arbitrariamente y no controlados.
El sistema acusatorio de juicios orales tiene problemas. El camarista rosarino Daniel Acosta acaba de exponerlos ruidosamente la semana pasada cuando un preso que tenía una perspectiva de condena a 30 años por homicidio un tribunal lo dejó libre porque había pasado tres años en prisión preventiva. Sin embargo ahí mismo quedó expuesto el límite. El nuevo modelo es mucho más riguroso con los tiempos porque todo se nota en la audiencia. Allí principalmente el que se ve es el acusado y la víctima. En el caso de Ecos si uno y otro tuvieron visibilidad no fue por la Justicia.
El sistema escrito lo escondía todo. Menos los problemas que aquí comparecen. Acaba de ocurrir en San Lorenzo con la desaparición de Paula Perassi que tuvo un derrotero penoso donde unos camaristas dijeron que había prueba abundante contra los acusados la que nunca se vio en el juicio oral que los declaró, por eso, inocentes. También con el accidentado trámite de la explosión del edificio de calle Salta en Rosario que dejó 22 muertos. El proceso oral y público terminó hace dos semanas con los acusados de la empresa de gas desvinculados de culpa y cargo cuando se llegó hasta el juicio diciendo que eran culpables.
El gran talón de Aquiles que tiene la Justicia de Santa Fe es quedar, precisamente en estos casos resonantes, huérfana de explicaciones. Esta incapacidad le origina un problema de crédito público. En “La contrademocracia”, el sociólogo Pierre Rosanvallon dice que las instituciones de la democracia se manifiestan como una promesa basada en dos mecanismos: la legitimidad y la confianza. Estos dos atributos se lesionan cuando las instituciones son incapaces explicaciones claras sobre el modo en que actúan. Ecos nos coloca justamente en este punto.
Con información de
Aire de Santa Fe
