Brasil
Polémica en Brasil por la compra de armamento de baja letalidad para combatir el crack
Martes 12 de
Noviembre 2013
Dilma Rousseff dispuso la compra de pistolas eléctricas y gas pimienta por más de 5,5 millones de dólares. Los organismos de DDHH critican el enfoque
El gobierno de la presidente Dilma Rousseff está armando a la policía de todos los estados con armas de electrochoque y gas pimienta para uso en los locales de consumo de crack. La mandataria de Brasil busca apuntalar el programa "Es posible vencer al crack", creado durante su primer año de gobierno bajo la promesa de un nuevo enfoque sobre el consumo de drogas. El dinero, que equipará a la Policía Militar con 3.500 pistolas eléctricas y 10.000 lanzadores de gas pimienta, saldrá de los recursos del Ministerio de Justicia. La idea es un patrullamiento más intensivo en zonas plagadas por el crack.
Brasil es el principal consumidor mundial de este derivado de la cocaína, altamente adictivo y de muy bajo precio. El plan gubernamental, que incluye el tratamiento médico para los usuarios y la represión del tráfico en las fronteras, suma polémica con el uso de este armamento.
"El uso de un arma de baja letalidad se considera indicativo de la tortura. En cuanto al crack, no se debe utilizar ningún tipo de arma porque el consumidor no está armado", afirmó para el diario O'Globo la representante del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de las Naciones Unidas (ONU), Daisy Pressburger.
Para el fiscal regional de Derechos de los Ciudadanos en San Pablo, Jefferson Dias, el gobierno federal tiene que revisar la financiación de las armas de baja letalidad dentro del programa de lucha contra el crack: "No es esa gente con armas. Este es un problema de salud y no de seguridad".
Dentro del propio gobierno, la compra generó polémica. Las áreas de Salud y Derechos Humanos temían que la policía las usara para otras cosas.
De hecho, los excesos de uso de las armas de baja letalidad durante las protestas de los indignados brasileños condujeron a una serie de medidas. En junio, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos (CDDPH), vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, emitió dos resoluciones con el fin de restringirlas: "El uso es aceptable sólo cuando sea realmente necesario para proteger la integridad física del agente del Gobierno".
"El uso de un arma de baja letalidad se considera indicativo de la tortura. En cuanto al crack, no se debe utilizar ningún tipo de arma porque el consumidor no está armado", afirmó para el diario O'Globo la representante del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de las Naciones Unidas (ONU), Daisy Pressburger.
Para el fiscal regional de Derechos de los Ciudadanos en San Pablo, Jefferson Dias, el gobierno federal tiene que revisar la financiación de las armas de baja letalidad dentro del programa de lucha contra el crack: "No es esa gente con armas. Este es un problema de salud y no de seguridad".
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Con información de
infobae
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