ROSARIO
La Justicia ordenó frenar la subasta de autos incautados a una banda delictiva
Jueves 25 de
Julio 2019
El juez Hernán Postma ordenó ayer al gobierno provincial frenar las subastas anticipadas de cuatro autos decomisados a personas que están siendo juzgadas por delitos en Rosario.
El magistrado señaló que la administración desobedeció una orden judicial previa que ordenaba no realizar las subastas hasta que hubiera una sentencia definitiva contra las personas a las que se les secuestraron los vehículos. Con expresión contrariada, Postma reprochó que la provincia no haya interrumpido los remates, que se concretaron dos días después de la decisión judicial que exigía no innovar.
El efecto de la resolución de ayer es que cuatro vehículos subastados el pasado 25 de octubre no podrán ser entregados a quienes los adquirieron en un remate. El Estado deberá devolver el dinero de tres de los autos a los compradores. En un caso ya se hizo, por lo que en la misma audiencia el planteo de reintegrar un cuarto vehículo se volvió abstracto. El representante de la Fiscalía de Estado señaló que esto afecta solamente a cuatro autos de los más de 50 subastados. Y que se apelará la decisión judicial.
La resolución no clausura el tema pero dibuja una fuerte advertencia a una acción iniciada por la provincia de Santa Fe que fue promocionada como una novedosa política criminal, en tanto ataca la finalidad del delito, que es obtener rédito económico, a la vez que permite la compensación a las víctimas con lo recaudado en los remates.
A partir de la ley 13.579 que permite el decomiso de bienes obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial, sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2016, se iniciaron las subastas a través de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Rosario se entabló desde el principio un pleito legal contra uno de los apartados de la ley, que permite la subasta anticipada. Esto se pensó como excepción con un motivo defendido por todos los legisladores, que es evitar los gastos y exigencias que supone el mantenimiento y la conservación del vehículo. El sustento de la ley es que al Estado le cuesta más mantener un vehículo que ejecutarlo.
La banda de Los Romero
Los autos sobre los que se entabló el pleito son dos BMW, un Mini Cooper y un Citroen C4. Los tres primeros se incautaron a la llamada banda de Los Romero, de la zona de Nuevo Alberdi, varios de cuyos miembros están presos por delitos violentos y lavado de dinero. El abogado Marcelo Martorano reclamó desde el año pasado el freno a la subasta de estos vehículos. Su argumento es que uno de sus clientes, Jorge Martín, era el propietario legal de los vehículos. La fiscalía sostiene que Martín es un agenciero que recibió esos vehículos de Hernán "Lichi" Romero. Pero el asunto de fondo expuesto por Martorano es que es inconstitucional que se expropien bienes a una persona acusada de un delito y se los entregue a subasta cuando no hay una sentencia firme, vale decir, cuando esa persona es formalmente inocente.
El argumento de los fiscales es que los vehículos pueden ser expropiados en forma anticipada porque sus dueños no pueden acreditar el origen de los fondos con que los compraron y ni siquiera son sus titulares registrales. Porque se sabe que esos autos se usaron para cometer delitos. Y fundamentalmente porque la ley 13.579 lo permite.
El abogado Martorano mostró en la audiencia fotos de los vehículos subastados que tenían una faja con el enunciado "decomisado". "Me gustaría saber quién le puso esta faja, ya que ese vehículo no estaba decomisado por orden judicial. Ningún juez se preguntó cómo un organismo del Estado incumple groseramente con una orden judicial. El 23 de octubre de 2018 se le notificó a la Aprad que no debía proceder a la subasta de los vehículos. ¿Qué hizo la Aprad? Procedió a la subasta. Lo vimos en todos los diarios. Esto es un claro delito de desobediencia en términos penales. Yo lo denuncié", sostuvo.
Aquel 23 de octubre el juez Juan Andrés Donnola había dispuesto que los vehículos no podían subastarse hasta que hubiera sentencia definitiva. Esa medida cautelar de no innovar, dijo ayer el juez Postma, sigue vigente. Y pese a eso, la Aprad remató los autos. "Lo que más me preocupa como magistrado es que aquí hay una resolución que no se cumple. Es un problema grave de seguridad jurídica. Un juez da una orden y no la cumplen", recriminó. Resolvió sostener la medida de Donnola, lo que implica que la subasta no se completará.
El Estado le deberá devolver el dinero a los compradores.
El juez reivindicó el estado de inocencia durante el proceso. Dijo, en definitiva, que esperen la sentencia para proceder al decomiso.
El efecto de la resolución de ayer es que cuatro vehículos subastados el pasado 25 de octubre no podrán ser entregados a quienes los adquirieron en un remate. El Estado deberá devolver el dinero de tres de los autos a los compradores. En un caso ya se hizo, por lo que en la misma audiencia el planteo de reintegrar un cuarto vehículo se volvió abstracto. El representante de la Fiscalía de Estado señaló que esto afecta solamente a cuatro autos de los más de 50 subastados. Y que se apelará la decisión judicial.
La resolución no clausura el tema pero dibuja una fuerte advertencia a una acción iniciada por la provincia de Santa Fe que fue promocionada como una novedosa política criminal, en tanto ataca la finalidad del delito, que es obtener rédito económico, a la vez que permite la compensación a las víctimas con lo recaudado en los remates.
A partir de la ley 13.579 que permite el decomiso de bienes obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial, sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2016, se iniciaron las subastas a través de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Rosario se entabló desde el principio un pleito legal contra uno de los apartados de la ley, que permite la subasta anticipada. Esto se pensó como excepción con un motivo defendido por todos los legisladores, que es evitar los gastos y exigencias que supone el mantenimiento y la conservación del vehículo. El sustento de la ley es que al Estado le cuesta más mantener un vehículo que ejecutarlo.
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Con información de
La Capital
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