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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
En qué consiste la Ley de Abastecimiento
Jueves 15 de
Agosto 2019
El Gobierno anunció que se apoyará en esta ley de 1974, modificada por última vez en 2014, para poder fijar el precio de los combustibles por 90 días.
El Gobierno de Mauricio Macri finalmente no logró este jueves un acuerdo con las petroleras y deberá echar mano a la Ley de abastecimiento para poder fijar por decreto el precio de los combustibles por 90 días, tras la devaluación que tuvo lugar posterior a las PASO.
La ley N° 20.680 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. A lo largo de su historia sufrió más de 24 modificaciones.
En 1991, un decreto firmado por Carlos Menem estableció que para "la conformación de una verdadera economía popular de mercado", la ley solo entraría en vigencia cuando el Congreso declarara el estado de emergencia de abastecimiento.
En líneas generales, la norma regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios -sus materias primas directas o indirectas y sus insumos (…) que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”.
La última modificación, sancionada durante el kirchnerismo en 2014, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo el nombre de "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo", elimina las penas de prisión, pero permite aplicar sanciones a quienes remaquen artificial o injustificadamente los precios.
Su utilización, permite a las autoridades establecer precios mínimos, máximos o márgenes de utilidad para cualquier etapa del proceso económico.
También, dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
Asimismo, con su aplicación, el Poder Ejecutivo podrá obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como así también a fabricar productos, dentro de niveles o cuotas mínimas.
Además, se podrá modificar provisoriamente aranceles de importación o acordar subsidios cuando sea necesario para asegurar el abastecimiento o prestación de servicios.
El Gobierno podrá con su aplicación prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país. Para asegurar el abastecimiento, el Estado también puede intervenir temporariamente explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte.
Por último, podrá exigir documentación que pruebe la correcta administración de los negocios y establecer regímenes de licencias comerciales.
La ley N° 20.680 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. A lo largo de su historia sufrió más de 24 modificaciones.
En 1991, un decreto firmado por Carlos Menem estableció que para "la conformación de una verdadera economía popular de mercado", la ley solo entraría en vigencia cuando el Congreso declarara el estado de emergencia de abastecimiento.
En líneas generales, la norma regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios -sus materias primas directas o indirectas y sus insumos (…) que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”.
La última modificación, sancionada durante el kirchnerismo en 2014, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo el nombre de "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo", elimina las penas de prisión, pero permite aplicar sanciones a quienes remaquen artificial o injustificadamente los precios.
Su utilización, permite a las autoridades establecer precios mínimos, máximos o márgenes de utilidad para cualquier etapa del proceso económico.
También, dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
Asimismo, con su aplicación, el Poder Ejecutivo podrá obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como así también a fabricar productos, dentro de niveles o cuotas mínimas.
Además, se podrá modificar provisoriamente aranceles de importación o acordar subsidios cuando sea necesario para asegurar el abastecimiento o prestación de servicios.
El Gobierno podrá con su aplicación prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país. Para asegurar el abastecimiento, el Estado también puede intervenir temporariamente explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte.
Por último, podrá exigir documentación que pruebe la correcta administración de los negocios y establecer regímenes de licencias comerciales.
Con información de
Ámbito
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