Según la ONU durante el gobierno de Maduro se cometieron casi 7000 ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos
Por:
Juan Robledo
Lunes 26 de
Agosto 2019
El candidato favorito para las presidenciales argentinas, Alberto Fernández, sostuvo que "las instituciones están funcionando" en Venezuela, una afirmación que se desvanece al contrastarla con el informe elaborado por Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
En la noche del domingo, el candidato presidencial Alberto Fernández, compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner, sostuvo que la de Nicolás Maduro no es una dictadura y que en Venezuela las instituciones funcionan. "Las dictaduras tienen un origen no democrático, no es el caso de Venezuela" , dijo Fernández, favorito para las elecciones generales de octubre tras imponerse en las elecciones primarias de principios de agosto por un amplio margen. Y agregó: "Es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido; un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario, las instituciones están funcionando allá, después discutimos cómo funcionan".
La afirmación de Fernández podría ser excusada si no se conocieran en detalle las reiteradas, sistemáticas y muy graves violaciones a los derechos humanos que la dictadura chavista ha llevado y sigue llevando a cabo en Venezuela, entre las cuales se encuentran unos 6.800 casos de ejecuciones extrajudiciales desde enero de 2018 a marzo de 2019.
Sin embargo, tras la publicación del "Informe Bachelet", como se conoce al documento de 18 páginas difundido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta chilena Michelle Bachelet, resulta difícil pasar por alto las atrocidades del régimen y sostener que "las instituciones funcionan".
En Venezuela, dice el informe, existe una "sorprendentemente elevada" proporción de "presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales". En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad", mientras que sólo entre el 1° de enero y el 19 de mayo de este año 1.569 personas fueron asesinadas, siempre según las estadísticas del propio chavismo, pues de acuerdo con el documento de la ONU "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores".
Pero además de las ejecuciones extrajudiciales, el informe afirma que existen detenciones arbitrarias, y que en la mayoría de los casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos.
El documento es el resultado de 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, funcionarios del régimen, opositores, activistas y ciudadanos, realizadas durante la visita que este año, entre el 11 y el 22 de marzo, hizo a Venezuela la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de en otros ocho países a donde han emigrado más de 4 millones de venezolanos.
En sus páginas, se relata con detalle el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen, las persecuciones a opositores, dirigentes de la sociedad civil y periodistas, y los padecimientos de las minorías indígenas -desproporcionadamente afectados por los mismos padecimientos que los que sufre la población en general-, y la crisis humanitaria que ya ha expulsado a más de millones de venezolanos.
Tras reseñar la "paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década", el informe denunció que "tanto a fuerzas civiles como militares" llevaron a cabo "detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones".
"Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos", sostiene.
Esa criminalización redunda en detenciones, persecuciones, ataques a familiares, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones opositoras, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
La población civil es utilizada en tareas de inteligencia y de defensa, entre los que se destaca los "colectivos" chavistas -grupos armados civiles-, que "han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones": según el documento, de las 66 muertes durante las protestas realizadas de enero de 2018 a mayo de 2019, 52 "son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos".
Sobre la persecución a periodistas, Naciones Unidas sostiene que el régimen chavista "ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes". Las autoridades de alto rango del régimen "desacredita(n) y ataca(n) de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él", mientras que opositores, activistas y periodistas "son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de 'traidores' y 'agentes desestabilizadores'".
Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos, a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas.
Respecto de la crisis humanitaria, Naciones Unidas señala: "El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural", y agrega que, incluso, el régimen de Maduro recientemente ha reconocido "ciertos aspectos de la situación humanitaria", como la escasez de la alimentación y de los medicamentos.
Siempre según el informe de la ex presidenta chilena y ex directora ejecutiva de ONU Mujeres, en la Venezuela de Maduro el Estado no garantiza el derecho a la alimentación y el principal programa estatal -las cajas CLAP- "no cubre las necesidades nutricionales elementales". En este punto, la oficina de Naciones Unidas constató casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo, registró un aumento en la cantidad de personas que dependen de los ineficientes programas de asistencia, recordó un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que afirma que 3.7 millones de venezolanos se encuentran en un estado de desnutrición y se hizo eco de un relevamiento de la ONG Caritas, que "confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas".
Lejos de la afirmación del candidato Alberto Fernández respecto de que "las instituciones están funcionando" en Venezuela, el Informe Bachelet sostiene en una de sus conclusiones que "el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas".
Y advierte: "Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren".
La afirmación de Fernández podría ser excusada si no se conocieran en detalle las reiteradas, sistemáticas y muy graves violaciones a los derechos humanos que la dictadura chavista ha llevado y sigue llevando a cabo en Venezuela, entre las cuales se encuentran unos 6.800 casos de ejecuciones extrajudiciales desde enero de 2018 a marzo de 2019.
Sin embargo, tras la publicación del "Informe Bachelet", como se conoce al documento de 18 páginas difundido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta chilena Michelle Bachelet, resulta difícil pasar por alto las atrocidades del régimen y sostener que "las instituciones funcionan".
En Venezuela, dice el informe, existe una "sorprendentemente elevada" proporción de "presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales". En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad", mientras que sólo entre el 1° de enero y el 19 de mayo de este año 1.569 personas fueron asesinadas, siempre según las estadísticas del propio chavismo, pues de acuerdo con el documento de la ONU "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores".
Pero además de las ejecuciones extrajudiciales, el informe afirma que existen detenciones arbitrarias, y que en la mayoría de los casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos.
El documento es el resultado de 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, funcionarios del régimen, opositores, activistas y ciudadanos, realizadas durante la visita que este año, entre el 11 y el 22 de marzo, hizo a Venezuela la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de en otros ocho países a donde han emigrado más de 4 millones de venezolanos.
En sus páginas, se relata con detalle el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen, las persecuciones a opositores, dirigentes de la sociedad civil y periodistas, y los padecimientos de las minorías indígenas -desproporcionadamente afectados por los mismos padecimientos que los que sufre la población en general-, y la crisis humanitaria que ya ha expulsado a más de millones de venezolanos.
Tras reseñar la "paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década", el informe denunció que "tanto a fuerzas civiles como militares" llevaron a cabo "detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones".
"Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos", sostiene.
Esa criminalización redunda en detenciones, persecuciones, ataques a familiares, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones opositoras, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
La población civil es utilizada en tareas de inteligencia y de defensa, entre los que se destaca los "colectivos" chavistas -grupos armados civiles-, que "han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones": según el documento, de las 66 muertes durante las protestas realizadas de enero de 2018 a mayo de 2019, 52 "son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos".
Sobre la persecución a periodistas, Naciones Unidas sostiene que el régimen chavista "ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes". Las autoridades de alto rango del régimen "desacredita(n) y ataca(n) de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él", mientras que opositores, activistas y periodistas "son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de 'traidores' y 'agentes desestabilizadores'".
Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos, a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas.
Respecto de la crisis humanitaria, Naciones Unidas señala: "El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural", y agrega que, incluso, el régimen de Maduro recientemente ha reconocido "ciertos aspectos de la situación humanitaria", como la escasez de la alimentación y de los medicamentos.
Siempre según el informe de la ex presidenta chilena y ex directora ejecutiva de ONU Mujeres, en la Venezuela de Maduro el Estado no garantiza el derecho a la alimentación y el principal programa estatal -las cajas CLAP- "no cubre las necesidades nutricionales elementales". En este punto, la oficina de Naciones Unidas constató casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo, registró un aumento en la cantidad de personas que dependen de los ineficientes programas de asistencia, recordó un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que afirma que 3.7 millones de venezolanos se encuentran en un estado de desnutrición y se hizo eco de un relevamiento de la ONG Caritas, que "confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas".
Lejos de la afirmación del candidato Alberto Fernández respecto de que "las instituciones están funcionando" en Venezuela, el Informe Bachelet sostiene en una de sus conclusiones que "el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas".
Y advierte: "Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren".
Con información de
Infobae
