JUEVES 17 DE MAYO
Causa Chocolate: la Cámara de Diputados bonaerense aportó un listado con 400 empleados
Por:
Nicolás Pizzi
Miércoles 17 de
Enero 2024
La fiscal Betina Lacki venía reclamando esos datos para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis. Y hasta había amenazado con un allanamiento. Las autoridades sostienen que es “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado
Luego de intensos tironeos, que incluyeron hasta una amenaza de allanamiento, la Cámara de Diputados bonaerense aportó ante la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo.
La Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados se resistía argumentando que se trata de datos personales y que la información no tiene relación “con el objeto de la causa” que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau.
La fiscal Betina Lacki venía reclamando esos datos desde octubre para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis que aportaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos.
Lacki hizo pedidos el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 5 de diciembre, el 19 de ese mes, y el 28 de diciembre directamente amenazó con allanar las oficinas de la Cámara baja si no le entregaban la nómina de todos los empleados de la estratégica Secretaría Administrativa, a cargo de Miguel Antonio De Lisi, un funcionario que llegó a ese puesto de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa.
“La actitud reticente de colaborar con la Justicia por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resulta cuanto menos contraria al compromiso asumido del Estado Argentino en materia de corrupción”, se quejó la fiscal a fines de diciembre.
Sobre el argumentos de los datos personales, expuesto por la Dirección de Legal y Técnica, Lacki respondió en otro escrito que “el rechazo no cuadra en ninguno de los supuestos del art. 2 de la Ley de Habeas Data en tanto nos encontramos una investigación penal, lo que obliga al cuerpo legislativo a colaborar con el órgano judicial”.
Lacki reclamaba el listado completo de todos los empleados de la Secretaría Administrativa, tanto de planta permanente como de planta temporaria, desde enero de 2021.
La respuesta finalmente aterrizó en Tribunales el 4 de enero, pero recién fue cargada al sistema informático en las últimas horas. Son 8 carillas donde figura el nombre y apellido de cada empleado, su número de legajo, y la Dirección de la cual dependen.
Aunque aportó los datos, la Dirección de Legal y Técnica reiteró que el pedido de la fiscal “no se corresponde con los hechos que son objeto de investigación”, que comenzó con la detención de Rigau y luego derivó en el arresto de Facundo y Claudio Albini.
Además, aclaró que la Cámara de Diputados “posee todas las atribuciones constitucionales para disponer acerca del nombramiento y funcionamiento de su personal sin injerencia de los otros poderes del Estado” y “que resulta una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los altos poderes que forman el Gobierno ejerce su propia administración y aplica e interpreta su propio reglamento”. Dicho de otra manera, el pedido de la fiscal sería “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
Con estas idas y vueltas, la causa judicial se activó en plena feria judicial y su destino es incierto.
Sin embargo, hasta febrero no habría novedades sobre la situación de los detenidos. El abogado defensor de los Albini, Gustavo Galasso, apeló la prisión preventiva ante la Cámara de La Plata, pero no se resolvería durante la feria. La defensa de Rigau, en tanto, apunta a conseguir la prisión domiciliaria. Tampoco habría novedades en enero porque antes se realizará una pericia médica, prevista para la primera semana de febrero.
Mientras avanza con los contratos de Diputados, la fiscal Lacki apuntó a otro circuito de recaudación y le pidió información al Senado bonaerense sobre un total de 39 personas.
Esas personas (21 hombres y 18 mujeres) fueron identificadas por el Banco Provincia tras un análisis de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos que frecuentaba Rigau. Las imágenes revelaron que el puntero del PJ se cruzaba con un hombre y una mujer que también retiraban dinero con tarjetas de débito ajenas.
La Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados se resistía argumentando que se trata de datos personales y que la información no tiene relación “con el objeto de la causa” que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau.
La fiscal Betina Lacki venía reclamando esos datos desde octubre para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis que aportaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos.
Lacki hizo pedidos el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 5 de diciembre, el 19 de ese mes, y el 28 de diciembre directamente amenazó con allanar las oficinas de la Cámara baja si no le entregaban la nómina de todos los empleados de la estratégica Secretaría Administrativa, a cargo de Miguel Antonio De Lisi, un funcionario que llegó a ese puesto de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa.
“La actitud reticente de colaborar con la Justicia por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resulta cuanto menos contraria al compromiso asumido del Estado Argentino en materia de corrupción”, se quejó la fiscal a fines de diciembre.
Sobre el argumentos de los datos personales, expuesto por la Dirección de Legal y Técnica, Lacki respondió en otro escrito que “el rechazo no cuadra en ninguno de los supuestos del art. 2 de la Ley de Habeas Data en tanto nos encontramos una investigación penal, lo que obliga al cuerpo legislativo a colaborar con el órgano judicial”.
Lacki reclamaba el listado completo de todos los empleados de la Secretaría Administrativa, tanto de planta permanente como de planta temporaria, desde enero de 2021.
La respuesta finalmente aterrizó en Tribunales el 4 de enero, pero recién fue cargada al sistema informático en las últimas horas. Son 8 carillas donde figura el nombre y apellido de cada empleado, su número de legajo, y la Dirección de la cual dependen.
Aunque aportó los datos, la Dirección de Legal y Técnica reiteró que el pedido de la fiscal “no se corresponde con los hechos que son objeto de investigación”, que comenzó con la detención de Rigau y luego derivó en el arresto de Facundo y Claudio Albini.
Además, aclaró que la Cámara de Diputados “posee todas las atribuciones constitucionales para disponer acerca del nombramiento y funcionamiento de su personal sin injerencia de los otros poderes del Estado” y “que resulta una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los altos poderes que forman el Gobierno ejerce su propia administración y aplica e interpreta su propio reglamento”. Dicho de otra manera, el pedido de la fiscal sería “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
Con estas idas y vueltas, la causa judicial se activó en plena feria judicial y su destino es incierto.
Sin embargo, hasta febrero no habría novedades sobre la situación de los detenidos. El abogado defensor de los Albini, Gustavo Galasso, apeló la prisión preventiva ante la Cámara de La Plata, pero no se resolvería durante la feria. La defensa de Rigau, en tanto, apunta a conseguir la prisión domiciliaria. Tampoco habría novedades en enero porque antes se realizará una pericia médica, prevista para la primera semana de febrero.
Mientras avanza con los contratos de Diputados, la fiscal Lacki apuntó a otro circuito de recaudación y le pidió información al Senado bonaerense sobre un total de 39 personas.
Esas personas (21 hombres y 18 mujeres) fueron identificadas por el Banco Provincia tras un análisis de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos que frecuentaba Rigau. Las imágenes revelaron que el puntero del PJ se cruzaba con un hombre y una mujer que también retiraban dinero con tarjetas de débito ajenas.
