JUEVES 17 DE MAYO
El Gobierno enviará 70 pliegos de jueces y fiscales al Senado cuando se inauguren las sesiones ordinarias
Por:
Hernán Cappiello
Miércoles 14 de
Febrero 2024
Aspira a cubrir un tercio de las vacantes en la justicia nacional si obtiene mayoría en la Cámara alta; Cúneo Libarona depuró la lista; obtuvo el visto bueno de Milei
El Gobierno tiene listos los pliegos de al menos unos 70 jueces, fiscales y defensores para enviar al Senado apenas comiencen las sesiones ordinarias, el primero de marzo próximo, con lo que aspira a cubrir al menos un tercio de las vacantes del Poder Judicial. La lista de candidatos fue elaborada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y obtuvo el visto bueno del presidente Javier Milei.
“Nos urge presentar los pliegos y que se aprueben”, dijo a LA NACION una fuente oficial. La lista no incluye al candidato a Procurador General de la Nación. Actualmente hay 283 vacantes, un 28 por ciento. Hay 86 pliegos en el Poder Ejecutivo y 195 en concurso ante el Consejo de la Magistratura. En el Senado hay un pliego, el del camarista contencioso administrativo Carlos Grecco, próximo a cumplir 80 años y a quien el Gobierno quiere en el cargo cinco años más.
En una ocasión, para decidirse sobre un candidato a magistrado federal en una jurisdicción donde no tenía referencias ni datos ciertos, convocó a los postulantes de la terna que había enviado el Consejo de la Magistratura, se reunió con ellos, los conoció y tomó luego una decisión sobre a quién promover.
En otra ocasión, estuvo rastreando los antecedentes académicos un abogado, no judicial, que aspiraba a juez. Investigó sus notas, habló con sus docentes, incluso vio algún examen y terminó por tomar una decisión. Este mecanismo fue confirmado por los consultados que dieron su punto de vista o le pusieron bolilla negra a algún candidato.
Con esta lista consolidada, el ministro de Justicia se reunió con el presidente Milei, que apenas vio por arriba la colección de nombres. No puso casi ninguna objeción y dejó el asunto en manos de los funcionarios del ministerio. Su área de interés y su obsesión es la economía, y no se puso a opinar de la Justicia.
Pasos a seguir
El mecanismo para nombrar a un juez consiste en que el Consejo de la Magistratura realiza un concurso. Tras la corrección de los exámenes escritos hay una audiencia oral y luego se elabora un orden de mérito de los candidatos. La comisión de selección eleva al pleno del Consejo una o varias ternas de candidatos para cada cargo y se vota. Si cuenta con los dos tercios de los votos, la terna va al Poder Ejecutivo. El Presidente o el ministro de Justicia eligen a uno de la terna y envían su pliego al Senado. Para convertirse en juez debe contar con el voto mayoritario de los senadores. Ya con el acuerdo del Senado, el Presidente lo designa por decreto.
Desde la Navidad, el ministro Cúneo Libarona viene haciendo una ronda de consultas con jueces, camaristas, magistrados representativos de sus colegas, de diversas listas y afinidad; y abogados de la matrícula para terminar de ajustar la lista definitiva.
En este caso, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel cuentan con solo siete senadores de 72 integrantes que tiene la Cámara alta, con lo que deberá negociar con el resto de los bloques para obtener la mayoría. Ello obligará a repartir los cargos entre los candidatos favoritos de cada bloque.
Para que prosperen los acuerdos, el gobierno fue sondeando a algunos senadores. En ocasiones fue el ministro Cúneo Libarona el que habló. La derrota legislativa del Gobierno al plantear la ley ómnibus no achicó a los funcionarios, que están convencidos de que sus propuestas tienen chances de pasar el examen del Senado porque se basan en la idoneidad de los candidatos, más allá de sus simpatías políticas o su pertenencia a una u otra lista de la Asociación de Magistrados.
“Hay libertad del presidente para elegir. El único requisito es la idoneidad”, dijo un funcionario cercano al Ministerio de Justicia. Los criterios que pesaron a la hora de elegir candidatos son los estudios de postgrado, los años de trabajo dentro y fuera de los tribunales, la edad y hubo una apuesta a los que no tenían carrera judicial, dijeron las fuentes consultadas.
El casting que hizo el ministro en su recorrida, consultando a actores de la justicia, magistrados encumbrados, algunos con representación institucional en el presente o en el pasado, pero también a abogados y a hombres de la política hizo que empezaran a correr versiones sobre quiénes son los elegidos de la lista definitiva. En muchos casos, esas versiones corrieron por cuenta de los autores de esas listas de sugerencias, que se arrogaban ser los artífices de una designación que está en pañales.
A tal punto está en pañales que el gobierno de Alberto Fernández dejó sin tratar 62 pliegos en el Senado, incluido el de su candidato a procurador Daniel Rafecas. A los dos días de la asunción de Milei como presidente mandó a retirar todos esos pliegos. Eran candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que nunca fueron tratados en la Cámara alta.
Pero en la vida real, esos pliegos nunca fueron efectivamente retirados porque el Senado nunca se reunió desde que asumió el nuevo Gobierno. Por eso la primera medida que pretende tomar el oficialismo en la primera sesión del Senado es efectivizar el retiro de los pliegos anteriores y enviar esos nuevos pliegos. Algunos nombres puede que se repitan.
Entre los candidatos cuyos pliegos fueron retirados se cuentan algunos candidatos a jueces que estaban siendo cuestionados por Juntos por el Cambio. No hay cargos sensibles entre los pliegos, excepto los de los tribunales de la competencia, de la Cámara Comercial, del fuero penal económico, de la Cámara Federal de San Martín, de los juzgados contencioso administrativos o el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
El retiro de los pliegos no es automático, sino que debe ser votado en el recinto. Eso va a ocurrir cuando se convoque a sesiones. Y para retirar los pliegos, el Gobierno va a necesitar una mayoría, que le puede costar conseguir si es que el kirchnerismo endurece su posición e insiste con sus candidatos.
Se trata de 29 pliegos de jueces, nueve vocales de Cámara, 10 fiscales del Ministerio Público Fiscal y 14 defensores del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.
“Nos urge presentar los pliegos y que se aprueben”, dijo a LA NACION una fuente oficial. La lista no incluye al candidato a Procurador General de la Nación. Actualmente hay 283 vacantes, un 28 por ciento. Hay 86 pliegos en el Poder Ejecutivo y 195 en concurso ante el Consejo de la Magistratura. En el Senado hay un pliego, el del camarista contencioso administrativo Carlos Grecco, próximo a cumplir 80 años y a quien el Gobierno quiere en el cargo cinco años más.
En una ocasión, para decidirse sobre un candidato a magistrado federal en una jurisdicción donde no tenía referencias ni datos ciertos, convocó a los postulantes de la terna que había enviado el Consejo de la Magistratura, se reunió con ellos, los conoció y tomó luego una decisión sobre a quién promover.
En otra ocasión, estuvo rastreando los antecedentes académicos un abogado, no judicial, que aspiraba a juez. Investigó sus notas, habló con sus docentes, incluso vio algún examen y terminó por tomar una decisión. Este mecanismo fue confirmado por los consultados que dieron su punto de vista o le pusieron bolilla negra a algún candidato.
Con esta lista consolidada, el ministro de Justicia se reunió con el presidente Milei, que apenas vio por arriba la colección de nombres. No puso casi ninguna objeción y dejó el asunto en manos de los funcionarios del ministerio. Su área de interés y su obsesión es la economía, y no se puso a opinar de la Justicia.
Pasos a seguir
El mecanismo para nombrar a un juez consiste en que el Consejo de la Magistratura realiza un concurso. Tras la corrección de los exámenes escritos hay una audiencia oral y luego se elabora un orden de mérito de los candidatos. La comisión de selección eleva al pleno del Consejo una o varias ternas de candidatos para cada cargo y se vota. Si cuenta con los dos tercios de los votos, la terna va al Poder Ejecutivo. El Presidente o el ministro de Justicia eligen a uno de la terna y envían su pliego al Senado. Para convertirse en juez debe contar con el voto mayoritario de los senadores. Ya con el acuerdo del Senado, el Presidente lo designa por decreto.
Desde la Navidad, el ministro Cúneo Libarona viene haciendo una ronda de consultas con jueces, camaristas, magistrados representativos de sus colegas, de diversas listas y afinidad; y abogados de la matrícula para terminar de ajustar la lista definitiva.
En este caso, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel cuentan con solo siete senadores de 72 integrantes que tiene la Cámara alta, con lo que deberá negociar con el resto de los bloques para obtener la mayoría. Ello obligará a repartir los cargos entre los candidatos favoritos de cada bloque.
Para que prosperen los acuerdos, el gobierno fue sondeando a algunos senadores. En ocasiones fue el ministro Cúneo Libarona el que habló. La derrota legislativa del Gobierno al plantear la ley ómnibus no achicó a los funcionarios, que están convencidos de que sus propuestas tienen chances de pasar el examen del Senado porque se basan en la idoneidad de los candidatos, más allá de sus simpatías políticas o su pertenencia a una u otra lista de la Asociación de Magistrados.
“Hay libertad del presidente para elegir. El único requisito es la idoneidad”, dijo un funcionario cercano al Ministerio de Justicia. Los criterios que pesaron a la hora de elegir candidatos son los estudios de postgrado, los años de trabajo dentro y fuera de los tribunales, la edad y hubo una apuesta a los que no tenían carrera judicial, dijeron las fuentes consultadas.
El casting que hizo el ministro en su recorrida, consultando a actores de la justicia, magistrados encumbrados, algunos con representación institucional en el presente o en el pasado, pero también a abogados y a hombres de la política hizo que empezaran a correr versiones sobre quiénes son los elegidos de la lista definitiva. En muchos casos, esas versiones corrieron por cuenta de los autores de esas listas de sugerencias, que se arrogaban ser los artífices de una designación que está en pañales.
A tal punto está en pañales que el gobierno de Alberto Fernández dejó sin tratar 62 pliegos en el Senado, incluido el de su candidato a procurador Daniel Rafecas. A los dos días de la asunción de Milei como presidente mandó a retirar todos esos pliegos. Eran candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que nunca fueron tratados en la Cámara alta.
Pero en la vida real, esos pliegos nunca fueron efectivamente retirados porque el Senado nunca se reunió desde que asumió el nuevo Gobierno. Por eso la primera medida que pretende tomar el oficialismo en la primera sesión del Senado es efectivizar el retiro de los pliegos anteriores y enviar esos nuevos pliegos. Algunos nombres puede que se repitan.
Entre los candidatos cuyos pliegos fueron retirados se cuentan algunos candidatos a jueces que estaban siendo cuestionados por Juntos por el Cambio. No hay cargos sensibles entre los pliegos, excepto los de los tribunales de la competencia, de la Cámara Comercial, del fuero penal económico, de la Cámara Federal de San Martín, de los juzgados contencioso administrativos o el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
El retiro de los pliegos no es automático, sino que debe ser votado en el recinto. Eso va a ocurrir cuando se convoque a sesiones. Y para retirar los pliegos, el Gobierno va a necesitar una mayoría, que le puede costar conseguir si es que el kirchnerismo endurece su posición e insiste con sus candidatos.
Se trata de 29 pliegos de jueces, nueve vocales de Cámara, 10 fiscales del Ministerio Público Fiscal y 14 defensores del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.
