La CIDH vigila de cerca las cárceles bonaerenses
Se realizó la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia fue solicitada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP) que en su pedido ante la CIDH sostuvo que la situación actual del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no ha cambiado desde la última visita que efectuara el Relator de la Personas Privadas de la Libertad en el año 2010.
“Venimos a sumar nuestra voz con otras organizaciones de derechos humanos” dijo Mario Juliano, director ejecutivo de la APP y juez penal en Necochea, ante la CIDH. Después sostuvo que “quienes deberían estar sentados aquí son los directos penitenciarios que se ven afectados” y pasaron un video donde los presos de la Unidad 15 de Batan eran quienes hablaban.
“Va más allá del castigo que tenemos, no se cumplen los derechos de las personas”, dice Juan R. quien está preso y concluye “hace cinco años que vivo en un baño”. Las imágenes recorrían las instalaciones de la cárcel mostrando el estado. “Es un sistema que sigue manteniendo las mismas políticas”, dice Gabriel que aclara “donde lo primordial es el castigo y no la resocialización”.
“Creo que ellos y nosotros trazamos un diagnostico acerca de las deficiencias en el servicio penitenciario”, explicó Juliano después de mostrar el video. Para el juez la situación “se agravó” con la implementación de un “plan de seguridad” y la apertura del actual ministro de seguridad provincial, Alberto Granados, de calabozos de las comisarias.
Hablaron de excremento de ratas, ausencia de luz solar, inexistencia de vidrios en las ventanas exteriores, presencia de agua inundando celdas, basura, entre algunas de las deficiencias en las cárceles y hablaron de una tasa de prisión preventiva que supera el 60 por ciento. Pidieron, entre otras cosas, la sanción de un cupo penitenciario.
Por el Estado bonaerense el Subsecretario de Política Criminal de la provincia, Cesar Albarracín, sostuvo que “las políticas de seguridad ciudadana deben ser complemento del derecho de las personas privadas de libertad”, haciendo referencia a una recomendación que años atrás dio la propia CIDH. Sólo detalló los avances de nuevos proyectos, como por ejemplo, el de la autarquía financiera del Poder Judicial, y un nuevo mecanismo de monitoreo para las cárceles.
Luego de mostrar estadísticas con los números de las tasas habló la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, que explicó que una apuesta del gobierno provincial es que “todos los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense se forma en universidades públicas” y habló de la realización de capacitaciones sobre derechos humanos y género. A ello sumó un “incremento salarial” y habló que hay “un 60 por ciento de personal que ingresó en democracia”.
James Cavallaro, Relator de Personas Privadas de la Libertad de la CIDH, mostró interés de ir y ver que están haciendo, pero expuso preocupación por los calabozos en las comisarias. “Entendemos que a veces se busca usar como forma de resolver un problema urgente” pero “sabemos que eso no tiene condiciones” dijo Cavallo que instó “a eliminar el uso de comisarias como forma de alojar a los privados de libertad”.
