Habrían detectado fraudes en la obra pública judicial tras escuchar a 20 testigos
Sin embargo, en la presidencia de la Corte Suprema recalcan que el Consejo de la Magistratura tenía un manejo autónomo en las contrataciones.
Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y quien lo denunció penalmente en enero pasado, prepara un juicio político contra el titular de la Corte Suprema y es una de las principales impulsoras de la denuncia por las contrataciones del Comité de Inversión del Consejo.
La denuncia para investigar los posibles sobreprecios en la obra pública fue presentada en enero pasado por el abogado Ricardo Monner Sans, tras recibir copias anónimas de dos expedientes del Consejo de la Magistratura. Allí se detallaban, entre otras cosas, el estado de situación de distintas obras. Tras el impulso de la investigación, dado por el fiscal Ramiro González, desde el Consejo se enviaron todos los expedientes de las licitaciones.
Uno de los decubrimientos que más llamaron la atención fueron los pedidos por adelantado de material para la construcción. “No es algo habitual”, resaltaron a PERFIL fuentes judiciales. Cuando fueron requeridas por la Justicia, algunas de las empresas vinculadas a las compras de esos materiales respondieron que no tenían esos productos, en tanto que otras dijeron tenerlos sólo parcialmente. Otros de los elementos que llamaron la atención fueron los nombres de varias empresas que se repetían en diferentes licitaciones y que gran parte de los veinte testigos que declararon en la causa coincidieron en que los manejos eran “muy desprolijos”.
Entre las irregularidades que fueron señaladas en la denuncia por Monner Sans están las obras del Edificio de Inmigrantes en las que participó Casago, una constructora, que ya está señalada en otra de las seis denuncias penales que salpican al Consejo. Todas se tramitan en Comodoro Py y van desde irregularidades en las contrataciones de servicios tercerizados en limpieza y tecnología, pasando por el alquiler y construcción de inmuebles, hasta la compra de un software.
Precisamente el área de tecnología quedó nuevamente bajo sospecha desde que se sorteó la causa por la muerte del ex fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman. El sorteo, que depende de la Cámara Federal, determinó inicialmente que el juez Sebastián Casanello era el encargado de la investigación pero, tras una serie de anomalías del sistema y un nuevo sorteo, la causa cayó en manos de Julián Ercolini. Por el caso se inició una denuncia, presentada también por Monner Sans.
