25 DE ABRIL 2024
SANTA FE
Le prohibieron volver a Alto Verde
Por:
Juliano Salierno
Jueves 18 de
Enero 2018
Un hombre de 40 años acusado de perseguir y golpear a su ex pareja fue obligado a mudarse a Esperanza como condición para no quedar detenido.
“¿Por qué no prohibirle el acceso a Alto Verde?”, le preguntó el juez Jorge Patrizi a las partes, durante una audiencia en la que Fiscalía y Defensa Pública acordaron la libertad bajo alternativas para un hombre de 40 años, acusado de violar una medida de distancia para con su ex pareja que vive en el distrito costero.
El incumplimiento al mandato judicial se produjo el último sábado por la tarde, cuando Roberto Carlos C. se presentó en la casa de la mujer con la que tiene dos hijos pequeños, pero no convive desde enero del año pasado, cuando un tribunal de Familia dispuso su separación del hogar.
Esa medida adoptada hace un año fue el resultado de una relación conflictiva que mantenía la pareja, que incluso llevó al Área Mujer de la Municipalidad a destinar un botón de pánico para la víctima. Desde entonces, se produjeron tres situaciones de desobediencia, previas a la detención el último sábado por la tarde.
Tras un impasse de seis meses, hubo una intervención en junio, otra en noviembre y la última en diciembre de 2017, en las cuales la conducta del imputado fue mutando del merodeo a la casa, a las amenazas e incluso la irrupción en el domicilio ocasionando desorden y hasta agresiones físicas a la mujer.
Botón de pánico
El sábado por la tarde se activó por última vez el botó de pánico en el Centro de Monitoreo de la Municipalidad y una comisión de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), junto con agentes del Comando Radioléctrico, se constituyeron en una casa de la manzana 6 de Alto Verde.
La víctima denunció a su ex concubino por amenazas y lesiones, por lo que derivó en una causa penal, en la que la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Bárbara Ilera, dispuso su identificación y posterior detención; y este lunes fue llevado a tribunales para audiencia imputativa por “desobediencia, amenazas y lesiones”. Ayer, durante el tratamiento de la prisión preventiva, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) acordaron su libertad bajo alternativas.
En dicha oportunidad el fiscal Agustín Nigro desistió de solicitar la cautelar de máxima, para proponer al juez Jorge Patrizi una lista de medidas que garanticen la continuidad del proceso penal, pero con el imputado en libertad. El acuerdo para la libertad bajo alternativas contó con el consentimiento del imputado que estuvo en la sala acompañado por el defensor público Javier Casco.
Reglas de conducta
La principal condición para el acuerdo fue que Roberto Carlos C. se mude de Alto Verde a la casa de su hermano, que vive en la ciudad de Esperanza. Allí deberá fijar domicilio en calle Rivadavia al 6.000 y presentarse una vez por mes en las oficinas del MPA del departamento Las Colonias.
También se le impuso una perimetral de 500 metros de la víctima; así como un impedimento de contacto por cualquier otro medio, llámese teléfono, mensajes de texto, redes sociales o similares; y designó a una de sus hermanas que vive en Alto Verde como guardadora.
Los requisitos parecían cumplir con la formalidad del artículo N° 221 del Código Procesal Penal, referido a las alternativas a la prisión preventiva cuando el juez preguntó a las partes: “¿Por qué no prohibirle el acceso a Alto Verde?”.
Cortar por lo sano
El razonamiento fue claro en cuanto que el lugar de residencia de la mujer tiene un ingreso único por vía terrestre y en la entrada está la Comisaría 24°, donde en caso de detectar su presencia procederían sin más a su arresto.
Además, comprometió a la hermana del imputado, que asentía con la cabeza, de informar a las autoridades policiales y judiciales en caso de que éste incumpla alguna de las medidas dispuestas. Por último, advirtió directamente al preso que de no cumplir, el fiscal podrá ordenar su detención y revocar el beneficio, pudiendo quedar tras las rejas por un lapso de hasta dos años de prisión.
Para ser más didáctico, el Dr. Patrizi le planteó algunos escenarios posibles y recomendó qué hacer al detenido, que escuchaba en silencio desde un rincón de la sala: “Si viene a Santa Fe y se cruza con la señora en otro lugar que no sea Alto Verde, el que se tiene que ir es usted, ¿entendió?”; “Supongamos que esté en el Hospital Cullen y llega la señora, también, se tiene que ir”; por último, si acaso “la señora va a Esperanza a verlo, no le abra la puerta, encíerrese en el dormitorio y llame al 911 para que intervenga”, recomendó.
¿Qué dice la ley?
El artículo N° 221 del Código procesal Penal de la provincia en vigencia desde 2014 refiere a las “Alternativas a la prisión preventiva” que están en cuadradas bajo el tratamiento de la “coerción personal” durante el tratamiento de las medidas cautelares.
“Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, pudiera razonablemente evitarse con otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal impondrá ésta en lugar de la prisión”, señala la ley 12.734.
Entre otras alternativas aún de oficio y con fundamento suficiente, podrá disponerse la libertad del imputado sujeta a una o a varias de las condiciones siguientes de acuerdo a las circunstancias del caso:
1) la obligación de someterse al cuidado de una persona o institución, quien informará periódicamente a la autoridad;
2) la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe;
3) la prohibición de salir de un ámbito territorial determinado, de concurrir a determinados lugares, o de comunicarse con ciertas personas;
4) la prestación de una caución patrimonial por el propio imputado o por otra persona;
5) la simple promesa jurada de someterse al procedimiento penal, cuando con ésta bastara como alternativa o fuera imposible el cumplimiento de otra.
Línea de denuncia
Ante un caso de violencia de género, la víctima puede acudir ante el “Área Mujer y Diversidad Sexual” de la Municipalidad de Santa Fe, que está ubicada en calle 25 de Mayo 2884, o contactarse vía telefónica al: (0342) 4571525 ó 4571666 (de lunes a viernes de 8 a 20 hs.), o por e-mail a mujer@santafeciudad.gov.ar. Además, se reciben denuncias en las líneas gratuitas 0800-777-5000 y 144 (todos los días, las 24 hs.)
El incumplimiento al mandato judicial se produjo el último sábado por la tarde, cuando Roberto Carlos C. se presentó en la casa de la mujer con la que tiene dos hijos pequeños, pero no convive desde enero del año pasado, cuando un tribunal de Familia dispuso su separación del hogar.
Esa medida adoptada hace un año fue el resultado de una relación conflictiva que mantenía la pareja, que incluso llevó al Área Mujer de la Municipalidad a destinar un botón de pánico para la víctima. Desde entonces, se produjeron tres situaciones de desobediencia, previas a la detención el último sábado por la tarde.
Tras un impasse de seis meses, hubo una intervención en junio, otra en noviembre y la última en diciembre de 2017, en las cuales la conducta del imputado fue mutando del merodeo a la casa, a las amenazas e incluso la irrupción en el domicilio ocasionando desorden y hasta agresiones físicas a la mujer.
Botón de pánico
El sábado por la tarde se activó por última vez el botó de pánico en el Centro de Monitoreo de la Municipalidad y una comisión de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), junto con agentes del Comando Radioléctrico, se constituyeron en una casa de la manzana 6 de Alto Verde.
La víctima denunció a su ex concubino por amenazas y lesiones, por lo que derivó en una causa penal, en la que la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Bárbara Ilera, dispuso su identificación y posterior detención; y este lunes fue llevado a tribunales para audiencia imputativa por “desobediencia, amenazas y lesiones”. Ayer, durante el tratamiento de la prisión preventiva, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) acordaron su libertad bajo alternativas.
En dicha oportunidad el fiscal Agustín Nigro desistió de solicitar la cautelar de máxima, para proponer al juez Jorge Patrizi una lista de medidas que garanticen la continuidad del proceso penal, pero con el imputado en libertad. El acuerdo para la libertad bajo alternativas contó con el consentimiento del imputado que estuvo en la sala acompañado por el defensor público Javier Casco.
Reglas de conducta
La principal condición para el acuerdo fue que Roberto Carlos C. se mude de Alto Verde a la casa de su hermano, que vive en la ciudad de Esperanza. Allí deberá fijar domicilio en calle Rivadavia al 6.000 y presentarse una vez por mes en las oficinas del MPA del departamento Las Colonias.
También se le impuso una perimetral de 500 metros de la víctima; así como un impedimento de contacto por cualquier otro medio, llámese teléfono, mensajes de texto, redes sociales o similares; y designó a una de sus hermanas que vive en Alto Verde como guardadora.
Los requisitos parecían cumplir con la formalidad del artículo N° 221 del Código Procesal Penal, referido a las alternativas a la prisión preventiva cuando el juez preguntó a las partes: “¿Por qué no prohibirle el acceso a Alto Verde?”.
Cortar por lo sano
El razonamiento fue claro en cuanto que el lugar de residencia de la mujer tiene un ingreso único por vía terrestre y en la entrada está la Comisaría 24°, donde en caso de detectar su presencia procederían sin más a su arresto.
Además, comprometió a la hermana del imputado, que asentía con la cabeza, de informar a las autoridades policiales y judiciales en caso de que éste incumpla alguna de las medidas dispuestas. Por último, advirtió directamente al preso que de no cumplir, el fiscal podrá ordenar su detención y revocar el beneficio, pudiendo quedar tras las rejas por un lapso de hasta dos años de prisión.
Para ser más didáctico, el Dr. Patrizi le planteó algunos escenarios posibles y recomendó qué hacer al detenido, que escuchaba en silencio desde un rincón de la sala: “Si viene a Santa Fe y se cruza con la señora en otro lugar que no sea Alto Verde, el que se tiene que ir es usted, ¿entendió?”; “Supongamos que esté en el Hospital Cullen y llega la señora, también, se tiene que ir”; por último, si acaso “la señora va a Esperanza a verlo, no le abra la puerta, encíerrese en el dormitorio y llame al 911 para que intervenga”, recomendó.
¿Qué dice la ley?
El artículo N° 221 del Código procesal Penal de la provincia en vigencia desde 2014 refiere a las “Alternativas a la prisión preventiva” que están en cuadradas bajo el tratamiento de la “coerción personal” durante el tratamiento de las medidas cautelares.
“Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, pudiera razonablemente evitarse con otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal impondrá ésta en lugar de la prisión”, señala la ley 12.734.
Entre otras alternativas aún de oficio y con fundamento suficiente, podrá disponerse la libertad del imputado sujeta a una o a varias de las condiciones siguientes de acuerdo a las circunstancias del caso:
1) la obligación de someterse al cuidado de una persona o institución, quien informará periódicamente a la autoridad;
2) la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe;
3) la prohibición de salir de un ámbito territorial determinado, de concurrir a determinados lugares, o de comunicarse con ciertas personas;
4) la prestación de una caución patrimonial por el propio imputado o por otra persona;
5) la simple promesa jurada de someterse al procedimiento penal, cuando con ésta bastara como alternativa o fuera imposible el cumplimiento de otra.
Línea de denuncia
Ante un caso de violencia de género, la víctima puede acudir ante el “Área Mujer y Diversidad Sexual” de la Municipalidad de Santa Fe, que está ubicada en calle 25 de Mayo 2884, o contactarse vía telefónica al: (0342) 4571525 ó 4571666 (de lunes a viernes de 8 a 20 hs.), o por e-mail a mujer@santafeciudad.gov.ar. Además, se reciben denuncias en las líneas gratuitas 0800-777-5000 y 144 (todos los días, las 24 hs.)
Con información de
ellitoral
