JUEVES 17 DE MAYO
SANTA FE
Amenazas de bombas: Educación espera que la Justicia de Menores resuelva sanciones
Viernes 11 de
Mayo 2018
La cartera educativa trabaja por fuera del ámbito institucional y escolar. Pretende que el Juzgado de Menores avance en las causas y establezca, en caso de ser necesario, sanciones desde el punto de vista penal y civil. Cada operativo cuesta entre 30.000 y 50.000 pesos.
El Ministerio de Educación vuelve a insistir con la posibilidad de que los padres o progenitores de los menores de edad –autores de las amenazas de bombas en establecimientos educativos– tengan sanciones económicas que podrían alcanzar los 50.000 pesos.
La cartera que conduce Claudia Balagué pretende que los jueces de menores que tienen a cargo las causas avancen con las investigaciones y determinen, en caso de que corresponda, sanciones penales y civiles.
La idea del Ministerio de Educación es avanzar por fuera del ámbito educativo y que el tratamiento no quede simplemente en un trabajo reparador, con reuniones de padres y alumnos, dentro de las instituciones educativas.
En declaraciones a la prensa, el titular de la Regional IV de Educación, Juan Cruz Giménez, sostuvo que hay cuestiones que "exceden al ámbito educativo". Recordó que las causas vinculadas con mayores de edad fueron resueltas y tuvieron una sanción, no así las vinculadas con menores de edad.
"Nos preocupan los menores de edad. Vamos a tener una reunión con los jueces de menores, Games y Surraco. Estamos esperando desde el ámbito judicial, ya sea en lo penal (si corresponde) o en lo civil (si corresponde) la sanción sobre el adulto responsable", expresó el funcionario.
"Después de un año y medio de esta ola de amenazas, que se ha tornado como un juego, hay más de 300 casos", apuntó. En ese sentido, reclamó por llegar a un camino definitivo, "que ya no es reparador, escolar, ni sancionatorio dentro del establecimiento; sino que tiene que ver con una clara disposición civil y penal".
"La ministra lo ha hablado personalmente con el ministro de Justicia (Ricardo Silberstein). Lo que pedimos es que nos informe por escrito el avance de las causas. Nos hemos reunido con todos, dentro y fuera de la escuela. Entendemos que hay un límite para todo esto", afirmó Giménez.
La cartera que conduce Claudia Balagué pretende que los jueces de menores que tienen a cargo las causas avancen con las investigaciones y determinen, en caso de que corresponda, sanciones penales y civiles.
La idea del Ministerio de Educación es avanzar por fuera del ámbito educativo y que el tratamiento no quede simplemente en un trabajo reparador, con reuniones de padres y alumnos, dentro de las instituciones educativas.
En declaraciones a la prensa, el titular de la Regional IV de Educación, Juan Cruz Giménez, sostuvo que hay cuestiones que "exceden al ámbito educativo". Recordó que las causas vinculadas con mayores de edad fueron resueltas y tuvieron una sanción, no así las vinculadas con menores de edad.
"Nos preocupan los menores de edad. Vamos a tener una reunión con los jueces de menores, Games y Surraco. Estamos esperando desde el ámbito judicial, ya sea en lo penal (si corresponde) o en lo civil (si corresponde) la sanción sobre el adulto responsable", expresó el funcionario.
"Después de un año y medio de esta ola de amenazas, que se ha tornado como un juego, hay más de 300 casos", apuntó. En ese sentido, reclamó por llegar a un camino definitivo, "que ya no es reparador, escolar, ni sancionatorio dentro del establecimiento; sino que tiene que ver con una clara disposición civil y penal".
"La ministra lo ha hablado personalmente con el ministro de Justicia (Ricardo Silberstein). Lo que pedimos es que nos informe por escrito el avance de las causas. Nos hemos reunido con todos, dentro y fuera de la escuela. Entendemos que hay un límite para todo esto", afirmó Giménez.
Con información de
unosantafe
