25 DE ABRIL 2024
RECONQUISTA
Dictaron la prisión domiciliaria para Zancada por la causa del Unimog
Miércoles 26 de
Septiembre 2018
El juez penal de Reconquista, Gonzalo Basualdo, dictó la prisión domiciliaria para el ex director de Economía Familiar de la provincia, Pablo Zancada, en tanto fijó una fianza de $ 200.000 para el contador Roberto Fumo que continuará en libertad, ambos imputados en la escandalosa compra de un vehículo con un subsidio de la provincia. La medida fue dictada por el magistrado tras una nueva denuncia por intimidaciones y amenazas contra el querellante en la causa, el cacique Nicolás Paniagua.
Previo a la resolución del Dr. Basualdo, se produjo una una extensa deliberación entre abogados querellantes, defensores y el fiscal del caso Aldo Gerosa, debido a que se reclamaba para Zancada prisión preventiva por la supuesta intimidación a Paniagua, su denunciante por la triangulación de mentado aporte provincial.
Las pruebas contra Zancada (audios de WhatsApp y filmaciones) que esgrimía la querella eran contundentes y por ellos los abogados de defensores del exfuncionario socialista se allanaron al acuerdo.
Zancada deberá cumplir prisión domiciliaria sin plazos y no podrá acercarse ni contactar a integrantes de la comunidad aborigen “Cacique Colashi” de Los Laureles ni a ninguna otra etnia de los departamentos General Obligado y Vera, bajo pena de terminar entre rejas.
Salidas laborales
En la resolución judicial se estipuló que Zancada gozará de permiso para salir a trabajar en horario de comercio en Reconquista. Los abogados querellantes Andrés Ramseyer y Andrés Ghío dijeron que “aceptamos acordar porque no queremos perjudicar en su economía a Zancada, más allá de lo que persigamos penalmente y reclamemos para él pena de prisión efectiva, y en atención a preservar la paz social”.
En un escrito presentado ante sede judicial, el cacique Nicolás Paniagua, de la comunidad mocoví “Cacique Colashi” de Los Laureles, había solicitado semanas atrás el dictado de prisión preventiva para el ex director de Economía Familiar de la provincia, Pablo Ventura Zancada, y para el contador Roberto Fumo, ambos imputados por graves delitos: defraudación al Estado provincial, peculado, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso.
El coordinador general de la etnia mocoví expuso que “soy permanentemente acosado por Zancada que me manda audios de WhatsApp y me llama por teléfono” para pedirle, supuestamente, que “le firme unos papeles para terminar el tema del Unimog, que todo quede en la nada”.
“Han desobedecido”
Paniagua denunció contactos de Zancada con miembros de su comunidad que fueron filmados por agentes de la PDI en Reconquista y, en consecuencia, sostuvo que los imputados “violaron la prohibición de acercamiento y comunicación con comunidades aborígenes de la etnia mocoví de los departamentos Vera y General Obligado”, es decir la restricción que oportunamente ordenara el juez de la causa, lo que “habilita la petición de prisión preventiva que solicito”.
Y advirtió que no solo “es evidente que el comportamiento de los imputados indica la voluntad de los mismos de perturbar la investigación” sino que directamente han “desobedecido la orden judicial oportunamente impuesta, todo a los efectos de aleccionar dos días antes de una audiencia a los testigos (Orlando y Calixto Paniagua)” que en su momento la defensa ofreció.
Previo a solicitar protección policial las 24 horas, Paniagua puso a disposición de la justicia “todos los audios de WhatsApp, los diálogos mantenidos por dicha vía, la bala encontrada en el patio de mi casa, a un metro de mi vivienda”.
La causa
Pablo Zancada y Roberto Fumo están imputados por defraudación al Estado provincial, peculado, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso por el manejo irregular de un subsidio de $ 478.000 obtenido mediante un “ardid engañoso”, según la acusación fiscal, que fue otorgado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe mediante decreto Nº 1360/15.
Las pruebas contra Zancada (audios de WhatsApp y filmaciones) que esgrimía la querella eran contundentes y por ellos los abogados de defensores del exfuncionario socialista se allanaron al acuerdo.
Zancada deberá cumplir prisión domiciliaria sin plazos y no podrá acercarse ni contactar a integrantes de la comunidad aborigen “Cacique Colashi” de Los Laureles ni a ninguna otra etnia de los departamentos General Obligado y Vera, bajo pena de terminar entre rejas.
Salidas laborales
En la resolución judicial se estipuló que Zancada gozará de permiso para salir a trabajar en horario de comercio en Reconquista. Los abogados querellantes Andrés Ramseyer y Andrés Ghío dijeron que “aceptamos acordar porque no queremos perjudicar en su economía a Zancada, más allá de lo que persigamos penalmente y reclamemos para él pena de prisión efectiva, y en atención a preservar la paz social”.
En un escrito presentado ante sede judicial, el cacique Nicolás Paniagua, de la comunidad mocoví “Cacique Colashi” de Los Laureles, había solicitado semanas atrás el dictado de prisión preventiva para el ex director de Economía Familiar de la provincia, Pablo Ventura Zancada, y para el contador Roberto Fumo, ambos imputados por graves delitos: defraudación al Estado provincial, peculado, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso.
El coordinador general de la etnia mocoví expuso que “soy permanentemente acosado por Zancada que me manda audios de WhatsApp y me llama por teléfono” para pedirle, supuestamente, que “le firme unos papeles para terminar el tema del Unimog, que todo quede en la nada”.
“Han desobedecido”
Paniagua denunció contactos de Zancada con miembros de su comunidad que fueron filmados por agentes de la PDI en Reconquista y, en consecuencia, sostuvo que los imputados “violaron la prohibición de acercamiento y comunicación con comunidades aborígenes de la etnia mocoví de los departamentos Vera y General Obligado”, es decir la restricción que oportunamente ordenara el juez de la causa, lo que “habilita la petición de prisión preventiva que solicito”.
Y advirtió que no solo “es evidente que el comportamiento de los imputados indica la voluntad de los mismos de perturbar la investigación” sino que directamente han “desobedecido la orden judicial oportunamente impuesta, todo a los efectos de aleccionar dos días antes de una audiencia a los testigos (Orlando y Calixto Paniagua)” que en su momento la defensa ofreció.
Previo a solicitar protección policial las 24 horas, Paniagua puso a disposición de la justicia “todos los audios de WhatsApp, los diálogos mantenidos por dicha vía, la bala encontrada en el patio de mi casa, a un metro de mi vivienda”.
La causa
Pablo Zancada y Roberto Fumo están imputados por defraudación al Estado provincial, peculado, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso por el manejo irregular de un subsidio de $ 478.000 obtenido mediante un “ardid engañoso”, según la acusación fiscal, que fue otorgado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe mediante decreto Nº 1360/15.
Con información de
El Litoral
