Santa Fe
Somaglia: "La población está huérfana de conocimiento"
Viernes 22 de
Noviembre 2013
El ex subsecretario de Justicia y Culto de la gestión de Jorge Obeid analizó en Sin Mordaza Televisión los alcances del nuevo sistema penal oral y público, que entrará en plena vigencia en toda la provincia a partir del 10 de febrero de 2014.
La fecha de plena puesta en vigencia del Código Procesal Penal va a ser el 10 de febrero de 2014, tal lo anunciado por el gobernador de la provincia. A poco más de dos meses de este plazo, aún hay voces que plantean dudas ante la falta de información que hay al respecto.
El Dr. Somaglia estuvo anoche en una nueva edición de SMTV para dar su opinión sobre este tema y puso foco sobre los cabos sueltos y los posibles inconvenientes que podrían llegar a presentarse cuando entre en vigencia este nuevo -y esperado- sistema penal. Es así que hizo una retrospección y se remontó a los primeros pasos para impulsar cambios en el proceso penal santafesino, durante la gestión del Ingeniero Jorge Obeid: "He seguido de cerca todo este tema porque me siento partícipe por haber generado en 2006 el Plan Estratégico para la Reforma del Poder Judicial, donde no sólo logramos un consenso entre los tres poderes del Estado, sino que se sumaron las cuatro universidades de la provincia, el gremio judicial, los colegios de abogados, procuradores y de magistrados. En ese plano se abordaron distintas temáticas, porque el sistema judicial no se circunscribe solo al ámbito penal, sino que era más amplio, y una de ellas era el proceso penal que, todos sabemos, estaba desacomodado a los parámetros que fija nuestra Constitución y a los fallos de aquel entonces, donde se avizoraba el revés judicial que la Provincia podía tener con lo que fue la Causa Fraticelli", comenzó.
"Se sancionó y se conformó el nuevo proyecto que obtuvo sanción legislativa en 2007. A partir de aquí se obtuvo la norma madre del nuevo sistema de enjuiciamiento penal y se formó una comisión que tenía la misión de determinar cuáles eran los parámetros básicos para implementar este nuevo sistema y se concluyó que la mejor idea era una implementación gradual de manera territorial. Entonces se diseñó una estrategia con cálculos presupuestarios fijos, donde ese estimó que para implementarla, según nuestra idea en Rafaela (Circunscripción Judicial Nº5), insumiría entre unos 30 y 35 millones de pesos".
En ese sentido recordó también que "cuando dejamos el gobierno, dejamos en caja 33 millones de pesos para la implementación. Supongo que luego, estos fondos fueron absorbidos porque, desde ese entonces a hoy, el sistema no se ha implementado".
"El eje de toda reforma es el sostenimiento de los consensos en el tiempo -prosiguió - y los aires nuevos que se prometieron no fueron tan así porque, una vez que el Frente Progresista obtuvo la elección, se dejó de lado todo este estudio que habíamos hecho y, bajo la gestión del Dr. (Héctor) Superti, los proyectos de implementación dejaron de ser tenidos en cuenta. Esto tiene un soporte presupuestario trascendente. Si bien este nuevo sistema mejora cívicamente el proceso para enjuiciar a un delincuente, por la publicidad que tienen todos sus actos, sí implica una fuerte erogación por los insumos y porque hay mayor cantidad de gente aplicada. Hoy, el juez está solo entre cuatro paredes resolviendo y está su secretario que atiende otras cuestiones y muchas veces las declaraciones las toma un sumariante. Con esto, un juez va a tener que estar presente en todo, lo que implica una mayor aplicación de recursos para toda la burocracia que requiere la registración de esto. Este punto no se ha tenido en cuenta. Tal es así, que las asignaciones presupuestarias graduales de los ejercicios siguientes, ni siquiera tomando el periodo 2009-2010- 2011 y hasta 2012, la sumatoria dio $32 millones, un millón de pesos menos que lo que nosotros habíamos presupuestado únicamente para Rafaela", se explayó el ex funcionario de Obeid.
"Yo celebro la decisión de gobernador Bonfatti de esta implementación, creo que es necesario y que se ha consumido mucho tiempo, pero los principios no han sido resultado de la acción. Ser coherente significa tener principios pero coordinarlos con la acción y aquí la acción no se corresponde con los principios. El propio gobierno, en más de seis oportunidades, prorrogó la entrada en vigencia, se sancionaron más de cinco leyes y la Corte Suprema de Justicia avaló esto. Es decir, los propios plazos que el propio gobierno se impuso, él propio lo incumplió y no llevó adelante el plan, por lo tanto, buscar argumentos de que todavía hay gente que se resiste al sistema o que los legisladores del PJ no brindan apoyo, distan mucho de la realidad, porque las leyes salieron por unanimidad", subrayó el entrevistado.
Consultado por cómo repercutirán algunos de los cambios en la sociedad, el Dr. Somaglia explicó que el nuevo sistema de enjuiciamiento "es avalado por el cien por ciento de la población, pero debemos ser claros en el mensaje: esto no le va a solucionar el problema de la seguridad a la gente. Es un sistema que enjuicia a la persona que ha cometido un delito, por lo tanto la seguridad es un cometido del Poder Ejecutivo en cuanto hace a la prevención del delito. Lo que hace este sistema es sumar calidad al enjuiciamiento, construir ciudadanía, lo cual fortalece al sistema republicano de gobierno, donde se lo va a poder ver al juez frente al delincuente y dictarle la sentencia en su cara. Esto es muy positivo. Lo que me preocupa es que la decisión de implementarlo, que lo veo firme, lo veo muy cortito en el tiempo (10 de febrero). No nos olvidemos que enero es un mes de feria, que en diciembre están todos pensando en las vacaciones y hay que armar protocolos de actuación, que ignoro si los hay o no, donde yo no veo a los Colegios de Abogados instruyendo a sus operadores sobre cómo van a tener que actuar instruyendo a las víctimas o a los victimarios. Creo que no se ha dado una política de difusión pública importante. Por ejemplo, el 10 de febrero roban en un domicilio a las 00.10, ya día 11, ¿adónde vamos? Al fiscal, ¿y quién es? ¿Dónde lo llamo? ¿Adónde recurro? Es decir, la población está totalmente huérfana de conocimiento y no creo que la población lea. ¿Qué hacés? Llamás a un abogado amigo...que quizás tampoco sepa qué hacer como la Policía, porque le paradigma de actuación cambia radicalmente. No he visto que la fuerza policial haya trabajado mucho en la educación de este nuevo sistema".
Más adelante agregó que "toda transformación va a traer marchas, contramarchas, cuestiones por mejorar, pero hacerlo en tres meses sin contar con el personal y la infraestructura necesarios, no es lo aconsejable. Se han preocupado más en nombrar fiscales y jueces que en infraestructura. Comenzaron de atrás para adelante. La instrucción de este nuevo sistema va a aparejar inconvenientes", advirtió.
"Los fiscales, que son muchos los que se han nombrado, son gente joven y de rápida adaptación, pero creo que van a tener que trabajar y mucho para ordenar y unificar criterios de actuación que supongo que a partir de la cabeza, con el Dr. De Olazabal y sus fiscales regionales, deben tener ya instruido protocolos o parámetros para actuar. Se ha gastado mucho dinero desde que han sido nombrados los profesionales a cargo de estas dos instituciones pulmón del nuevo sistema, como son el Ministerio Público de la Acusación y el de Defensa, con De Olazabal y Gannon a la cabeza".
Asimismo añadió que "lo que me ha llamado la atención es que se le ha ofrecido al personal del Poder Judicial optar entre quedarse en el viejo sistema o en el nuevo. Sobre aproximadamente 400 personas, sólo 150 han optado por el nuevo sistema. Y en Defensa son poquísimos, entre 7 y 8 personas. Esto demuestra que hay poca información e incertidumbre".
Sobre el viejo sistema, Gabriel Somaglia señaló que caducaría en un plazo de tres años, pero aclaró que "obviamente van a quedar causas trascendentes subordinadas al viejo proceso, como por ejemplo la explosión de Salta al 2100 en Rosario. En espacio físico, van a acumular tres o cuatro juzgados en uno mismo donde hay que ver cómo se resguardan causas de trascendencia como esta para que, al tener que procurarse bajo el procedimiento viejo, quizás puedan demandar más de tres años su investigación y enjuiciamiento y a lo mejor queden atrapadas en un archivo y la sociedad puede que no quede tan conforme con esa decisión", finalizó el ex subsecretario de Justicia.
"Se sancionó y se conformó el nuevo proyecto que obtuvo sanción legislativa en 2007. A partir de aquí se obtuvo la norma madre del nuevo sistema de enjuiciamiento penal y se formó una comisión que tenía la misión de determinar cuáles eran los parámetros básicos para implementar este nuevo sistema y se concluyó que la mejor idea era una implementación gradual de manera territorial. Entonces se diseñó una estrategia con cálculos presupuestarios fijos, donde ese estimó que para implementarla, según nuestra idea en Rafaela (Circunscripción Judicial Nº5), insumiría entre unos 30 y 35 millones de pesos".
En ese sentido recordó también que "cuando dejamos el gobierno, dejamos en caja 33 millones de pesos para la implementación. Supongo que luego, estos fondos fueron absorbidos porque, desde ese entonces a hoy, el sistema no se ha implementado".
"El eje de toda reforma es el sostenimiento de los consensos en el tiempo -prosiguió - y los aires nuevos que se prometieron no fueron tan así porque, una vez que el Frente Progresista obtuvo la elección, se dejó de lado todo este estudio que habíamos hecho y, bajo la gestión del Dr. (Héctor) Superti, los proyectos de implementación dejaron de ser tenidos en cuenta. Esto tiene un soporte presupuestario trascendente. Si bien este nuevo sistema mejora cívicamente el proceso para enjuiciar a un delincuente, por la publicidad que tienen todos sus actos, sí implica una fuerte erogación por los insumos y porque hay mayor cantidad de gente aplicada. Hoy, el juez está solo entre cuatro paredes resolviendo y está su secretario que atiende otras cuestiones y muchas veces las declaraciones las toma un sumariante. Con esto, un juez va a tener que estar presente en todo, lo que implica una mayor aplicación de recursos para toda la burocracia que requiere la registración de esto. Este punto no se ha tenido en cuenta. Tal es así, que las asignaciones presupuestarias graduales de los ejercicios siguientes, ni siquiera tomando el periodo 2009-2010- 2011 y hasta 2012, la sumatoria dio $32 millones, un millón de pesos menos que lo que nosotros habíamos presupuestado únicamente para Rafaela", se explayó el ex funcionario de Obeid.
"Yo celebro la decisión de gobernador Bonfatti de esta implementación, creo que es necesario y que se ha consumido mucho tiempo, pero los principios no han sido resultado de la acción. Ser coherente significa tener principios pero coordinarlos con la acción y aquí la acción no se corresponde con los principios. El propio gobierno, en más de seis oportunidades, prorrogó la entrada en vigencia, se sancionaron más de cinco leyes y la Corte Suprema de Justicia avaló esto. Es decir, los propios plazos que el propio gobierno se impuso, él propio lo incumplió y no llevó adelante el plan, por lo tanto, buscar argumentos de que todavía hay gente que se resiste al sistema o que los legisladores del PJ no brindan apoyo, distan mucho de la realidad, porque las leyes salieron por unanimidad", subrayó el entrevistado.
Consultado por cómo repercutirán algunos de los cambios en la sociedad, el Dr. Somaglia explicó que el nuevo sistema de enjuiciamiento "es avalado por el cien por ciento de la población, pero debemos ser claros en el mensaje: esto no le va a solucionar el problema de la seguridad a la gente. Es un sistema que enjuicia a la persona que ha cometido un delito, por lo tanto la seguridad es un cometido del Poder Ejecutivo en cuanto hace a la prevención del delito. Lo que hace este sistema es sumar calidad al enjuiciamiento, construir ciudadanía, lo cual fortalece al sistema republicano de gobierno, donde se lo va a poder ver al juez frente al delincuente y dictarle la sentencia en su cara. Esto es muy positivo. Lo que me preocupa es que la decisión de implementarlo, que lo veo firme, lo veo muy cortito en el tiempo (10 de febrero). No nos olvidemos que enero es un mes de feria, que en diciembre están todos pensando en las vacaciones y hay que armar protocolos de actuación, que ignoro si los hay o no, donde yo no veo a los Colegios de Abogados instruyendo a sus operadores sobre cómo van a tener que actuar instruyendo a las víctimas o a los victimarios. Creo que no se ha dado una política de difusión pública importante. Por ejemplo, el 10 de febrero roban en un domicilio a las 00.10, ya día 11, ¿adónde vamos? Al fiscal, ¿y quién es? ¿Dónde lo llamo? ¿Adónde recurro? Es decir, la población está totalmente huérfana de conocimiento y no creo que la población lea. ¿Qué hacés? Llamás a un abogado amigo...que quizás tampoco sepa qué hacer como la Policía, porque le paradigma de actuación cambia radicalmente. No he visto que la fuerza policial haya trabajado mucho en la educación de este nuevo sistema".
Más adelante agregó que "toda transformación va a traer marchas, contramarchas, cuestiones por mejorar, pero hacerlo en tres meses sin contar con el personal y la infraestructura necesarios, no es lo aconsejable. Se han preocupado más en nombrar fiscales y jueces que en infraestructura. Comenzaron de atrás para adelante. La instrucción de este nuevo sistema va a aparejar inconvenientes", advirtió.
"Los fiscales, que son muchos los que se han nombrado, son gente joven y de rápida adaptación, pero creo que van a tener que trabajar y mucho para ordenar y unificar criterios de actuación que supongo que a partir de la cabeza, con el Dr. De Olazabal y sus fiscales regionales, deben tener ya instruido protocolos o parámetros para actuar. Se ha gastado mucho dinero desde que han sido nombrados los profesionales a cargo de estas dos instituciones pulmón del nuevo sistema, como son el Ministerio Público de la Acusación y el de Defensa, con De Olazabal y Gannon a la cabeza".
Asimismo añadió que "lo que me ha llamado la atención es que se le ha ofrecido al personal del Poder Judicial optar entre quedarse en el viejo sistema o en el nuevo. Sobre aproximadamente 400 personas, sólo 150 han optado por el nuevo sistema. Y en Defensa son poquísimos, entre 7 y 8 personas. Esto demuestra que hay poca información e incertidumbre".
Sobre el viejo sistema, Gabriel Somaglia señaló que caducaría en un plazo de tres años, pero aclaró que "obviamente van a quedar causas trascendentes subordinadas al viejo proceso, como por ejemplo la explosión de Salta al 2100 en Rosario. En espacio físico, van a acumular tres o cuatro juzgados en uno mismo donde hay que ver cómo se resguardan causas de trascendencia como esta para que, al tener que procurarse bajo el procedimiento viejo, quizás puedan demandar más de tres años su investigación y enjuiciamiento y a lo mejor queden atrapadas en un archivo y la sociedad puede que no quede tan conforme con esa decisión", finalizó el ex subsecretario de Justicia.
Con información de
SM
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