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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
Lo hizo el Consejo de la Magistratura de la Nación a pedido del gremio.
Declararon la emergencia judicial por un año
Martes 08 de
Octubre 2019
Es por las deficiencias en los edificios y en materia tecnológica
El Consejo de la Magistratura de la Nación declaró “la emergencia" en materia de infraestructura edilicia y tecnológica en las dependencias del Poder Judicial de Nación por el plazo de un año, lapso en el que se buscarán soluciones a los problemas que fueron denunciados.
La decisión la tomó el plenario del Consejo y fue publicada hoy en el Boletín Oficial con la resolución 217/2019.
La emergencia fue pedida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio a cargo de Julio Piumato, ante el Consejo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El sindicato presentó informes del mal estado de muchos edificios judiciales en la justicia federal y nacional de todo el país. Allí señaló que hay dependencias que no están diseñadas para la tarea judicial y, por ejemplo, tienen problemas de electricidad porque no soportan la tensión para 15 computadoras.
También hay lugares donde se cayó el techo, o se inundaron sótanos que guardaban documentación, ascensores que no funcionan y hasta hubo escapes de gas. Muchos edificios judiciales son casas alquiladas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país.
Para el gremio, la situación es crítica y por ese motivo viene haciendo paros todas las semanas para que el reclamo sea atendido. Cuando el Consejo trató el tema el jueves de la semana pasada hubo una marcha. En la puerta del Consejo, el sindicato instaló banners con fotos del estado de varios edificios judiciales. Inclusive, Piumato habló en el plenario ante los consejeros y estuvo acompañado por otros dirigentes del gremio.
El reclamo fue tratado por el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la administración de la justicia nacional y federal, que decretó por la emergencia por el plazo de 365 días “en materia de infraestructura edilicia” y “en materia tecnológica”.
El objetivo es “atender las deficiencias de las instalaciones existentes y llevar a cabo la programación de las obras de construcción, refacción, remodelación y/o ampliación de los inmuebles, teniendo en cuenta las necesidades edilicias y las pautas de higiene y seguridad del trabajo, en miras de lograr un eficaz servicio de justicia” y “efectuar acciones que permitan el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos, como así también la modernización tecnológica del servicio de justicia en lo que respecta exclusivamente a las competencias atribuidas a este Consejo”.
Para eso, el Consejo autorizó en los casos de emergencia a evitar el sistema de licitación que demoran las obras y “utilizar el procedimiento de contratación directa por urgencia”. Para eso estableció un procedimiento que finalmente quedó establecido en los ocho artículos de la resolución.
“Disponer que las áreas del Consejo de la Magistratura, cuya intervención resulte obligatoria en los procedimientos alcanzados por la presente, deberán otorgar a los trámites respectivos el carácter de preferente y urgente despacho”, sostiene la declaración.
La declaración de la emergencia ya entró en vigencia y fue aprobada por los consejeros Ricardo Recondo (presidente del organismo), el abogado Juan Pablo Mas Velez, el senador peronista Mario Pais, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones, la abogada Marina Sánchez Herrero, la diputada peronista Graciela Camaño y el representante del sector académico Diego Molea.
Una de las discusiones que se generó en el plenario del Consejo fue si la decisión de hacer contrataciones directas para solucionar los problemas urgentes podría acarrear problemas legales. Por eso motivo se abstuvieron de votar el diputado del PRO Pablo Tonelli y la senadora nacional de la UCR Olga Brizuela y Doria.
La decisión la tomó el plenario del Consejo y fue publicada hoy en el Boletín Oficial con la resolución 217/2019.
La emergencia fue pedida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio a cargo de Julio Piumato, ante el Consejo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El sindicato presentó informes del mal estado de muchos edificios judiciales en la justicia federal y nacional de todo el país. Allí señaló que hay dependencias que no están diseñadas para la tarea judicial y, por ejemplo, tienen problemas de electricidad porque no soportan la tensión para 15 computadoras.
También hay lugares donde se cayó el techo, o se inundaron sótanos que guardaban documentación, ascensores que no funcionan y hasta hubo escapes de gas. Muchos edificios judiciales son casas alquiladas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país.
Para el gremio, la situación es crítica y por ese motivo viene haciendo paros todas las semanas para que el reclamo sea atendido. Cuando el Consejo trató el tema el jueves de la semana pasada hubo una marcha. En la puerta del Consejo, el sindicato instaló banners con fotos del estado de varios edificios judiciales. Inclusive, Piumato habló en el plenario ante los consejeros y estuvo acompañado por otros dirigentes del gremio.
El reclamo fue tratado por el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la administración de la justicia nacional y federal, que decretó por la emergencia por el plazo de 365 días “en materia de infraestructura edilicia” y “en materia tecnológica”.
El objetivo es “atender las deficiencias de las instalaciones existentes y llevar a cabo la programación de las obras de construcción, refacción, remodelación y/o ampliación de los inmuebles, teniendo en cuenta las necesidades edilicias y las pautas de higiene y seguridad del trabajo, en miras de lograr un eficaz servicio de justicia” y “efectuar acciones que permitan el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos, como así también la modernización tecnológica del servicio de justicia en lo que respecta exclusivamente a las competencias atribuidas a este Consejo”.
Para eso, el Consejo autorizó en los casos de emergencia a evitar el sistema de licitación que demoran las obras y “utilizar el procedimiento de contratación directa por urgencia”. Para eso estableció un procedimiento que finalmente quedó establecido en los ocho artículos de la resolución.
“Disponer que las áreas del Consejo de la Magistratura, cuya intervención resulte obligatoria en los procedimientos alcanzados por la presente, deberán otorgar a los trámites respectivos el carácter de preferente y urgente despacho”, sostiene la declaración.
La declaración de la emergencia ya entró en vigencia y fue aprobada por los consejeros Ricardo Recondo (presidente del organismo), el abogado Juan Pablo Mas Velez, el senador peronista Mario Pais, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones, la abogada Marina Sánchez Herrero, la diputada peronista Graciela Camaño y el representante del sector académico Diego Molea.
Una de las discusiones que se generó en el plenario del Consejo fue si la decisión de hacer contrataciones directas para solucionar los problemas urgentes podría acarrear problemas legales. Por eso motivo se abstuvieron de votar el diputado del PRO Pablo Tonelli y la senadora nacional de la UCR Olga Brizuela y Doria.
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