A cuatro días del acuerdo que puso fin al traumático acuartelamiento policial, ningún funcionario provincial ha salido a explicitar el costo fiscal que tendrá la crisis.
 
Fuentes cercanas al Ejecutivo, además de gremiales y de la oposición, han coincidido que el convenio implicaría un desembolso de entre 1.200 millones y 1.500 millones de pesos. 
 
La cifra, que equivale al pago mensual de salarios de la administración central, es un verdadero dolor de cabeza para Finanzas. 
 
Allegados al ministro Ángel Elettore aseguran que éste ha pasado los últimos días entre su despacho y el Centro Cívico, haciendo y deshaciendo planillas para establecer diagnósticos y diferentes escenarios a pedido del gobernador José Manuel de la Sota.
 
En rigor, el problema no es hoy; pero es mañana. El Gobierno está cerrando el año con holgura fiscal y tiene fondos para afrontar incendios como el que tuvo que apagar ahora.