El Reino Unido aprobó en 1848, durante el reinado de Victoria (1837-1901), una Ley de Crímenes por Traición a la Patria que preveía condenar de por vida a quien expresara "en texto impreso o escrito" su adhesión a cualquier plan para desposeer al monarca de la corona. La norma, que se aplicó por última vez en 1879, preveía "transportar más allá de los mares durante el plazo de toda la vida natural de él o ella" a quien "calcule, imagine, invente, conciba o tenga intención" de que la Reina sea depuesta. El Ministerio de Justicia anunció más de un siglo y medio después que ese texto, en la sección tercera de la Ley, es uno de los 309 fragmentos legales que ha decidido anular en la legislación británica.
 
 
Impugnada en 2001

La posibilidad de derogar la norma saltó a la atención pública en el Reino Unido en 2001, cuando el director del diario The Guardian, Alan Rusbridge, la impugnó ante el Tribunal Supremo. El periodista temía que un juez pudiera aplicar esa ley si el periódico apoyaba una campaña en favor de un referéndum sobre la monarquía El periodista temía que un juez pudiera aplicar esa ley si el periódico apoyaba una campaña en favor de un referéndum sobre la monarquía británica. The Guardian argumentó entonces que la norma violaba el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la libre expresión. "Esta ley nunca debería haberse incluido en la legislación británica. Debería haberse derogado hace décadas. Aunque no tiene fuerza legal desde hace tiempo, es bueno ver cómo finalmente desaparece", afirmó Graham Smith, director ejecutivo de la organización británica Republic.