Denuncian a cúpulas policiales de ocho provincias por los saqueos
Lunes 16 de
Diciembre 2013
Dos abogados de La Plata presentaron la demanda en la justicia Federal y apunta a los jefes uniformados de las fuerzas provinciales de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, La Pampa y Salta
Las cúpulas policiales de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, La Pampa y Salta, deberán responder por los delitos de “asociación ilícita y amenazas” en caso de prosperar la demanda presentada por dos abogados de La Plata en la justicia Federal, donde acompañaron como prueba “twitts” de la primera mandataria Cristina Fernández y una serie de artículos periodísticos, entre otros documentos que se detalla en el escrito al que accedió Diagonales. Piden que se cite a declarar como testigos al gobernador de Córdoba. También al Jefe de Gabinete y al Secretario de Seguridad nacionales.
Los profesionales detallaron que “más allá de la supuesta ‘espontaneidad’ de los saqueos, las fuerzas de seguridad que posibilitaron dichos delitos, se encuentran jerárquicamente organizadas con una estructura piramidal y una organización del tipo militar”, se lee en el documento que lleva la firma de los letrados Darío Saldaño y Jaqueline Kuratich.
En la foja cinco del documento judicial, los denunciantes detallan que “la Señora Presidente Cristina Fernández de Kirchner, que en la red social Twitter el dia 13 de diciembre de 2013 manifesto en clara alusión a los grupos policiales y a la conexión política de los mismos atento una frase del Presidente de la Conferencia Episcopal: ‘La policía no puede dejar huérfana a la ciudadanía’. La Señora Presidente manifestó: ‘Me permito agregar: tampoco puede organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror… con qué fin? Me parece que los hechos se explican solos, y los personajes políticos que aparecieron también’”.
Para los denunciantes “esta manifestación de la Jefa Política de nuestro país no es menor y tiene un alto valor jurídico toda vez que sus opiniones se forman de los datos que le aportan la Secretaria de Seguridad de la Nación, la Jefatura de Gabinete y la Secretaria de Inteligencia Criminal, por lo que dicha afirmación necesariamente se corresponde a información manejada en mencionada cúpula presidencial”.
Cómo medidas de prueba se solicita a los investigadores que se envíen oficios a los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Tucumán, La Pampa, Jujuy y Salta, con el objetivo de que informen “la situación en dichas provincias desde el día 4 de diciembre en adelante, la identificación de personal policial que incumplió sus funciones, sanciones preventivas, sumarios, o cualquier otra medida disciplinaria que se haya instrumentado a raíz de los presentes hechos, actuaciones judiciales en las cuales hayan identificación positiva de personas que participaron en los saqueos, y que además designen funcionario competente a los efectos de ser interrogado sobre vinculaciones políticas entre los saqueos y huelgas policiales”.
Saldaño y Kuratich además peticionaron que se citen a declarar como testigos al gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, al jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich y al secretario de seguridad Sergio Berni para que expliquen “ sobre la situación en dicha provincia desde el día 4 de diciembre en adelante, la identificación de personal policial que incumplio sus funciones, sanciones preventivas, sumarios, o cualquier otra medida disciplinaria que se haya instrumentado a raíz de los presentes hechos, actuaciones judiciales en las cuales hayan identificación positiva de personas que participaron en los saqueos, y vinculaciones políticas entre los saqueos y huelgas policiales”.
Las figuras de asociación ilícita y amenazas establecen penas de “tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión” para la primera y de cinco a diez años de prisión o reclusión “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”, según establece el Código Penal.
Los profesionales detallaron que “más allá de la supuesta ‘espontaneidad’ de los saqueos, las fuerzas de seguridad que posibilitaron dichos delitos, se encuentran jerárquicamente organizadas con una estructura piramidal y una organización del tipo militar”, se lee en el documento que lleva la firma de los letrados Darío Saldaño y Jaqueline Kuratich.
En la foja cinco del documento judicial, los denunciantes detallan que “la Señora Presidente Cristina Fernández de Kirchner, que en la red social Twitter el dia 13 de diciembre de 2013 manifesto en clara alusión a los grupos policiales y a la conexión política de los mismos atento una frase del Presidente de la Conferencia Episcopal: ‘La policía no puede dejar huérfana a la ciudadanía’. La Señora Presidente manifestó: ‘Me permito agregar: tampoco puede organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror… con qué fin? Me parece que los hechos se explican solos, y los personajes políticos que aparecieron también’”.
Para los denunciantes “esta manifestación de la Jefa Política de nuestro país no es menor y tiene un alto valor jurídico toda vez que sus opiniones se forman de los datos que le aportan la Secretaria de Seguridad de la Nación, la Jefatura de Gabinete y la Secretaria de Inteligencia Criminal, por lo que dicha afirmación necesariamente se corresponde a información manejada en mencionada cúpula presidencial”.
Cómo medidas de prueba se solicita a los investigadores que se envíen oficios a los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Tucumán, La Pampa, Jujuy y Salta, con el objetivo de que informen “la situación en dichas provincias desde el día 4 de diciembre en adelante, la identificación de personal policial que incumplió sus funciones, sanciones preventivas, sumarios, o cualquier otra medida disciplinaria que se haya instrumentado a raíz de los presentes hechos, actuaciones judiciales en las cuales hayan identificación positiva de personas que participaron en los saqueos, y que además designen funcionario competente a los efectos de ser interrogado sobre vinculaciones políticas entre los saqueos y huelgas policiales”.
Saldaño y Kuratich además peticionaron que se citen a declarar como testigos al gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, al jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich y al secretario de seguridad Sergio Berni para que expliquen “ sobre la situación en dicha provincia desde el día 4 de diciembre en adelante, la identificación de personal policial que incumplio sus funciones, sanciones preventivas, sumarios, o cualquier otra medida disciplinaria que se haya instrumentado a raíz de los presentes hechos, actuaciones judiciales en las cuales hayan identificación positiva de personas que participaron en los saqueos, y vinculaciones políticas entre los saqueos y huelgas policiales”.
Las figuras de asociación ilícita y amenazas establecen penas de “tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión” para la primera y de cinco a diez años de prisión o reclusión “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”, según establece el Código Penal.
Con información de
diagonales
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