Kicillof evalúa una propuesta para liberar 15.000 presos de las cárceles
Domingo 19 de
Enero 2020
Es una propuesta de la Comisión por la Memoria para resolver la superpoblación carcelaria. El tema se discute en una mesa de diálogo.
El gobierno de Axel Kicillof evalúa una propuesta para liberar entre 10.000 y 15.000 presos de las cárceles bonaerenses. Quien promueve esa idea es la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo de Derechos Humanos que participa de una mesa de diálogo instrumentada por Julio Alak para discutir el drama de la superpoblación carcelaria.
Fuentes del gobierno de Kicillof toman cierta distancia de la propuesta. Pero lo cierto es que ni Kicillof, ni su ministro de Seguridad salieron a despegarse en términos formales.
Sin embargo, la Comisión -un ente estatal que funciona de manera autónoma y autárquica- dejó en claro ayer el planteo a través de declaraciones de Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y seguridad democrática del organismo, a Radio Continental.
El funcionario consideró histórica la creación de esa mesa de diálogo y aseguró que "entre 10.000 y 15.000 sería el número que se reconoce que estaría en condiciones de tener que salir" de las cárceles bonaerenses.
Para Pomares, la política a seguir debe ser "racionalizar el sistema". Habla de lograr mecanismos que permitan contar con un sistema más racional. "El uso de la privacidad preventiva es exacerbado y y es algo que viene generando condenas de distintos organismos internacionales. Hoy el 50% de las personas que están en el sistema están con presión preventiva. Son inocentes que están en el sistema carcelario", dijo.
La propuesta de Pomares contempla reducir las penas a condenados por ciertos delitos, de forma de excarcelar a madres con hijos, personas de 60 años que hayan cumplido la mayoría de la condena o presos sin sentencia firme que cometieron delitos menores.
La compleja situación en las 58 unidades penitenciarias de la provincia quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50.000 personas para una capacidad de 25.000 cupos. El régimen está virtualmente colapsado.
Según el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna provincia que tenga una superpoblación del 110%. En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva para evaluar el dramático problema", explicó.
El problema de la superpoblación de cárceles arrastra varios años. Durante los años en que Felipe Solá gobernó la provincia se planteó la idea de utilizar container adaptados para alojar detenidos en seccionales.
En tanto, María Eugenia Vidal intentó ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, pero el fracaso de los contratos de PPP hizo naufragar los proyectos en danza.
Al asumir frente a la gobernación provincial, Kicillof debió afrontar una huelga de hambre de más de 10 mil internos, que en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal reclamaban por la falta de comida en las penitenciarías.
Días después de la jura, el mandatario creó una "mesa interinstitucional de diálogo" con el objetivo de reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes. En ese marco, se anunció que el 5 de febrero la mesa se trasladará a las cárceles para recibir el reclamo de detenidos y sus familiares.
Fuentes del gobierno de Kicillof toman cierta distancia de la propuesta. Pero lo cierto es que ni Kicillof, ni su ministro de Seguridad salieron a despegarse en términos formales.
Sin embargo, la Comisión -un ente estatal que funciona de manera autónoma y autárquica- dejó en claro ayer el planteo a través de declaraciones de Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y seguridad democrática del organismo, a Radio Continental.
El funcionario consideró histórica la creación de esa mesa de diálogo y aseguró que "entre 10.000 y 15.000 sería el número que se reconoce que estaría en condiciones de tener que salir" de las cárceles bonaerenses.
Para Pomares, la política a seguir debe ser "racionalizar el sistema". Habla de lograr mecanismos que permitan contar con un sistema más racional. "El uso de la privacidad preventiva es exacerbado y y es algo que viene generando condenas de distintos organismos internacionales. Hoy el 50% de las personas que están en el sistema están con presión preventiva. Son inocentes que están en el sistema carcelario", dijo.
La propuesta de Pomares contempla reducir las penas a condenados por ciertos delitos, de forma de excarcelar a madres con hijos, personas de 60 años que hayan cumplido la mayoría de la condena o presos sin sentencia firme que cometieron delitos menores.
La compleja situación en las 58 unidades penitenciarias de la provincia quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50.000 personas para una capacidad de 25.000 cupos. El régimen está virtualmente colapsado.
Según el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna provincia que tenga una superpoblación del 110%. En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva para evaluar el dramático problema", explicó.
El problema de la superpoblación de cárceles arrastra varios años. Durante los años en que Felipe Solá gobernó la provincia se planteó la idea de utilizar container adaptados para alojar detenidos en seccionales.
En tanto, María Eugenia Vidal intentó ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, pero el fracaso de los contratos de PPP hizo naufragar los proyectos en danza.
Al asumir frente a la gobernación provincial, Kicillof debió afrontar una huelga de hambre de más de 10 mil internos, que en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal reclamaban por la falta de comida en las penitenciarías.
Días después de la jura, el mandatario creó una "mesa interinstitucional de diálogo" con el objetivo de reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes. En ese marco, se anunció que el 5 de febrero la mesa se trasladará a las cárceles para recibir el reclamo de detenidos y sus familiares.
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