Kicillof evalúa una propuesta para liberar 15.000 presos de las cárceles
Domingo 19 de
Enero 2020
Es una propuesta de la Comisión por la Memoria para resolver la superpoblación carcelaria. El tema se discute en una mesa de diálogo.
El gobierno de Axel Kicillof evalúa una propuesta para liberar entre 10.000 y 15.000 presos de las cárceles bonaerenses. Quien promueve esa idea es la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo de Derechos Humanos que participa de una mesa de diálogo instrumentada por Julio Alak para discutir el drama de la superpoblación carcelaria.
Fuentes del gobierno de Kicillof toman cierta distancia de la propuesta. Pero lo cierto es que ni Kicillof, ni su ministro de Seguridad salieron a despegarse en términos formales.
Sin embargo, la Comisión -un ente estatal que funciona de manera autónoma y autárquica- dejó en claro ayer el planteo a través de declaraciones de Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y seguridad democrática del organismo, a Radio Continental.
El funcionario consideró histórica la creación de esa mesa de diálogo y aseguró que "entre 10.000 y 15.000 sería el número que se reconoce que estaría en condiciones de tener que salir" de las cárceles bonaerenses.
Para Pomares, la política a seguir debe ser "racionalizar el sistema". Habla de lograr mecanismos que permitan contar con un sistema más racional. "El uso de la privacidad preventiva es exacerbado y y es algo que viene generando condenas de distintos organismos internacionales. Hoy el 50% de las personas que están en el sistema están con presión preventiva. Son inocentes que están en el sistema carcelario", dijo.
La propuesta de Pomares contempla reducir las penas a condenados por ciertos delitos, de forma de excarcelar a madres con hijos, personas de 60 años que hayan cumplido la mayoría de la condena o presos sin sentencia firme que cometieron delitos menores.
La compleja situación en las 58 unidades penitenciarias de la provincia quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50.000 personas para una capacidad de 25.000 cupos. El régimen está virtualmente colapsado.
Según el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna provincia que tenga una superpoblación del 110%. En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva para evaluar el dramático problema", explicó.
El problema de la superpoblación de cárceles arrastra varios años. Durante los años en que Felipe Solá gobernó la provincia se planteó la idea de utilizar container adaptados para alojar detenidos en seccionales.
En tanto, María Eugenia Vidal intentó ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, pero el fracaso de los contratos de PPP hizo naufragar los proyectos en danza.
Al asumir frente a la gobernación provincial, Kicillof debió afrontar una huelga de hambre de más de 10 mil internos, que en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal reclamaban por la falta de comida en las penitenciarías.
Días después de la jura, el mandatario creó una "mesa interinstitucional de diálogo" con el objetivo de reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes. En ese marco, se anunció que el 5 de febrero la mesa se trasladará a las cárceles para recibir el reclamo de detenidos y sus familiares.
Fuentes del gobierno de Kicillof toman cierta distancia de la propuesta. Pero lo cierto es que ni Kicillof, ni su ministro de Seguridad salieron a despegarse en términos formales.
Sin embargo, la Comisión -un ente estatal que funciona de manera autónoma y autárquica- dejó en claro ayer el planteo a través de declaraciones de Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y seguridad democrática del organismo, a Radio Continental.
El funcionario consideró histórica la creación de esa mesa de diálogo y aseguró que "entre 10.000 y 15.000 sería el número que se reconoce que estaría en condiciones de tener que salir" de las cárceles bonaerenses.
Para Pomares, la política a seguir debe ser "racionalizar el sistema". Habla de lograr mecanismos que permitan contar con un sistema más racional. "El uso de la privacidad preventiva es exacerbado y y es algo que viene generando condenas de distintos organismos internacionales. Hoy el 50% de las personas que están en el sistema están con presión preventiva. Son inocentes que están en el sistema carcelario", dijo.
La propuesta de Pomares contempla reducir las penas a condenados por ciertos delitos, de forma de excarcelar a madres con hijos, personas de 60 años que hayan cumplido la mayoría de la condena o presos sin sentencia firme que cometieron delitos menores.
La compleja situación en las 58 unidades penitenciarias de la provincia quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50.000 personas para una capacidad de 25.000 cupos. El régimen está virtualmente colapsado.
Según el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna provincia que tenga una superpoblación del 110%. En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva para evaluar el dramático problema", explicó.
El problema de la superpoblación de cárceles arrastra varios años. Durante los años en que Felipe Solá gobernó la provincia se planteó la idea de utilizar container adaptados para alojar detenidos en seccionales.
En tanto, María Eugenia Vidal intentó ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, pero el fracaso de los contratos de PPP hizo naufragar los proyectos en danza.
Al asumir frente a la gobernación provincial, Kicillof debió afrontar una huelga de hambre de más de 10 mil internos, que en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal reclamaban por la falta de comida en las penitenciarías.
Días después de la jura, el mandatario creó una "mesa interinstitucional de diálogo" con el objetivo de reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes. En ese marco, se anunció que el 5 de febrero la mesa se trasladará a las cárceles para recibir el reclamo de detenidos y sus familiares.
Justicia Real: El desafío de pasar de la ley a la efectividad. ¿Las conjeturas son pruebas?
Sin dudas, la sociedad quiere acercarse hacia una justicia verdadera, seria y responsable.
Estados Unidos incluyó en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior de Colombia, citando drogas ilícitas
Estados Unidos impuso este viernes sanciones al presidente colombiano Gustavo Petro, citando drogas ilícitas en una publicación en el sitio web del Departamento del Tesoro.
"Tienes que ser consciente de la IA como una herramienta que aporta en tu aprendizaje"
"Inteligencia artificial y nuevas formas de gestionar la realidad" es el sugerente título que convoca a un nuevo encuentro de estudiantes, docentes, especialistas y referentes educativos de Colombia- junto a visitantes extranjero, como Carlos Magro Mazo, Presidente en Asociación Educación Abierta (España) - para ser parte de una conversación donde el rol del docente es una de las piezas angulares para repensar en la educación actual y venidera.
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
NOTA22.COM TV
23-10-25
LO MÁS VISTO
Cúneo Libarona dejará el gabinete luego de las elecciones: la charla con Milei y el balance interno
El ministro de Justicia estará el domingo en el búnker de La Libertad Avanza y luego formalizará su renuncia; los nombres que suenan para reemplazarlo y los colaboradores que podrían continuar
"Estamos en el período de adjudicación con las distintas empresas que se presentaron y que cumplen con las especificaciones técnicas", explicó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. Los detalles del nuevo sistema.
La Casa Blanca ha multiplicado el número de fuerzas en el Caribe para interceptar drogas, pero algunos creen que la intención de fondo es derrocar a Nicolás Maduro
La Justicia de Nueva York, Estados Unidos, designó a los tres integrantes de la Corte de Apelaciones que tratará la semana que viene la sentencia contra la Argentina. El Estado debe US$ 16.100 millones más intereses, que suman US$ 1.000 millones por año por la expropiación de la empresa.
