El procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, anunció que denunciará a los policías que se acuartelaron en diciembre pasado en medio de un reclamo salarial. Según el funcionario, el acuerdo que firmaron los efectivos policiales con el gobernador Sergio Urribarri fue "nulo e ilegítimo" debido a que fue "arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición". Así se refirió al acta-acuerdo que firmaron los uniformados el 9 de diciembre, que establece el sueldo básico en 8.500 pesos. El procurador aclaró que "se trató de una exigencia extorsiva, cuyo propósito fue arrancar una medida mediante el uso de las armas, lo que irremediablemente la constituye en ilegítima". "Ni bien salgamos de la feria judicial, se hará la denuncia penal. Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones", precisó en una entrevista a El Diario de Paraná. De esta manera, adelantó que promoverá una denuncia penal en febrero próximo, cuando finalice la feria judicial, para avanzar en la investigación de los saqueos ocurridos durante el acuartelamiento policial, que culminó con robos en los que, más tarde se comprobó, que estaban involucrados efectivos de la propia fuerza entrerriana. La denuncia de Amílcar García involucra a unos 70 policías, aunque la máxima responsabilidad recaerá en una docena de uniformados, que irán a juicio al ser considerados los líderes del reclamo y de la posterior motorización de incidentes y robos. Además, agregó que la denuncia alcanzará a los que "crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos", como por ejemplo, "efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados". Las líneas investigativas son tres: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores.