La Casa Rosada pone la lupa sobre los empleados públicos
Sábado 04 de
Enero 2014
Ayer oficializó el acuerdo por la deuda con los gobernadores; les exige datos salariales y fiscales
El Gobierno oficializó ayer el acuerdo de refinanciación de deuda con las provincias por 75.000 millones de pesos. En la resolución 36/2013, publicada en el Boletín Oficial, quedó en evidencia que, más allá de las metas de desarrollo humano anunciadas, el interés prioritario de la Casa Rosada pasa por conocer cuántos empleados tienen las provincias y los municipios, y cuántos recursos destinan a sus salarios, información que los gobernadores deberán actualizar cada mes, o quedarán fuera del acuerdo.
El convenio, que incluye una quita de 10.000 millones de pesos en los pasivos provinciales, había sido firmado el viernes pasado con representantes de 17 de las 18 provincias que mantienen deudas con la Nación (Córdoba faltó a la cita).
Allí, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, resaltaron que, para permanecer dentro del acuerdo, las provincias debían cumplir una serie de metas educativas, sanitarias y de desarrollo humano, así como enviar informes trimestrales sobre sus gastos en personal y sus ingresos fiscales.
En las planillas publicadas en el Boletín Oficial, quedó en evidencia que el interés real del Gobierno se enfoca en conocer el gasto en salarios, los impuestos que recaudan y la situación financiera de los gobernadores más que en aquellas metas de desarrollo, que ni aparecen entre las condiciones por cumplir. De hecho, las únicas "metas" que menciona la resolución son las "fiscales". LA NACION intentó consultar a los voceros de Capitanich sobre este punto, sin respuesta.
De las cinco planillas que los gobernadores deberán entregar cada mes a Economía, la primera deberá reunir el "esquema ahorro-inversión-financiamiento" de la provincia; la segunda, el "stock, uso del crédito y servicios de la deuda" provincial; la tercera, el "gasto en personal por concepto de liquidación de haberes"; la cuarta, la "situación del Tesoro" de cada gobernador, y la quinta, los "saldos bancarios del sector público".
En paralelo, la resolución también establece que las provincias deberán enviar a la AFIP la nómina de "los empleados públicos en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, docente, de seguridad, legislativo, personal contratado y jubilados y pensionados", así como "la nómina de la totalidad de sus prestadores de servicios" que revistan como monotributistas.
La resolución no indica si los informes serán públicos: un dato fundamental para la oposición de varias de las provincias incluidas en el acuerdo, que denuncian el secretismo con el que los gobernadores -la mayoría de ellos kirchneristas- manejan las cuentas públicas.
Tras la firma del acuerdo, el viernes pasado, algunos mandatarios habían deslizado su preocupación por la "intervención" que la Casa Rosada imponía en las cuentas provinciales al exigir estos informes, que serán auditados cada tres meses. La resolución publicada ayer establece que el primer corte será el 31 de marzo, momento en el que la Casa Rosada evaluará si las provincias cumplieron sus obligaciones.
La norma establece que la amortización del capital adeudado se efectuará en "200 cuotas mensuales y consecutivas", que la tasa de interés será del "6% nominal anual" y que los servicios de capital e interés se pagarán mediante la retención de los recursos de la coparticipación.
Ayer, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi (UCR), sostuvo que el acuerdo permitirá mantener en "stand by" la emisión de cuasimonedas por lo menos "hasta marzo", cuando la Nación decida si prorroga o no el convenio. Pero advirtió: "Vamos a tener inconvenientes para hacer frente a los salarios, sin ninguna duda, si no se pone coto a la inflación".
Allí, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, resaltaron que, para permanecer dentro del acuerdo, las provincias debían cumplir una serie de metas educativas, sanitarias y de desarrollo humano, así como enviar informes trimestrales sobre sus gastos en personal y sus ingresos fiscales.
En las planillas publicadas en el Boletín Oficial, quedó en evidencia que el interés real del Gobierno se enfoca en conocer el gasto en salarios, los impuestos que recaudan y la situación financiera de los gobernadores más que en aquellas metas de desarrollo, que ni aparecen entre las condiciones por cumplir. De hecho, las únicas "metas" que menciona la resolución son las "fiscales". LA NACION intentó consultar a los voceros de Capitanich sobre este punto, sin respuesta.
De las cinco planillas que los gobernadores deberán entregar cada mes a Economía, la primera deberá reunir el "esquema ahorro-inversión-financiamiento" de la provincia; la segunda, el "stock, uso del crédito y servicios de la deuda" provincial; la tercera, el "gasto en personal por concepto de liquidación de haberes"; la cuarta, la "situación del Tesoro" de cada gobernador, y la quinta, los "saldos bancarios del sector público".
En paralelo, la resolución también establece que las provincias deberán enviar a la AFIP la nómina de "los empleados públicos en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, docente, de seguridad, legislativo, personal contratado y jubilados y pensionados", así como "la nómina de la totalidad de sus prestadores de servicios" que revistan como monotributistas.
La resolución no indica si los informes serán públicos: un dato fundamental para la oposición de varias de las provincias incluidas en el acuerdo, que denuncian el secretismo con el que los gobernadores -la mayoría de ellos kirchneristas- manejan las cuentas públicas.
Tras la firma del acuerdo, el viernes pasado, algunos mandatarios habían deslizado su preocupación por la "intervención" que la Casa Rosada imponía en las cuentas provinciales al exigir estos informes, que serán auditados cada tres meses. La resolución publicada ayer establece que el primer corte será el 31 de marzo, momento en el que la Casa Rosada evaluará si las provincias cumplieron sus obligaciones.
La norma establece que la amortización del capital adeudado se efectuará en "200 cuotas mensuales y consecutivas", que la tasa de interés será del "6% nominal anual" y que los servicios de capital e interés se pagarán mediante la retención de los recursos de la coparticipación.
Ayer, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi (UCR), sostuvo que el acuerdo permitirá mantener en "stand by" la emisión de cuasimonedas por lo menos "hasta marzo", cuando la Nación decida si prorroga o no el convenio. Pero advirtió: "Vamos a tener inconvenientes para hacer frente a los salarios, sin ninguna duda, si no se pone coto a la inflación".
Con información de
La Nación
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